Desde su entrada en funcionamiento a principios de 2024, el radar ubicado en la calle Pintor Rodrigo Vivar, en el distrito Puerto de la Torre, se ha consolidado como el aparato de control de velocidad más eficaz y recaudador de toda la capital malagueña. En su primer año de operación, este dispositivo no solo captó la atención de los conductores, sino que también generó una recaudación sorprendente de más de 500.000 euros en multas, una cifra que se ha disparado en lo que va de 2025, superando ya los 66.000 euros.
La recaudación total desde su implementación ha superado los 7 millones de euros, consolidando el año anterior como el más lucrativo en términos de sanciones impuestas. Este fenómeno ha suscitado un debate en la esfera política local, donde la concejala de Con Málaga, Toni Morillas, ha exigido la redistribución de estos fondos hacia iniciativas de movilidad sostenible. Morillas argumenta que el dinero proveniente de las multas debería ser utilizado para mejorar los sistemas de transporte público en la ciudad, destacando la necesidad de implementar carriles bici y aparcamientos disuasorios que han sido prometidos por el gobierno local durante años.
Este año, Málaga ha instalado dos nuevos radares fijos en el Camino de San Rafael, los cuales están diseñados para garantizar la seguridad vial mediante un control efectivo de velocidad. La instalación de estos dispositivos ha resaltado la tendencia natural: los nuevos radares tienden a recaudar más, ya que los conductores tardan un tiempo en ajustarse a su presencia, a diferencia de los antiguos, cuyos datos de multas han disminuido considerablemente en la última década.
Además de los radares de Puerto de la Torre, se ha destacado el radar de la Avenida de Andalucía como el segundo que más multas ha impuesto, seguido por los de Valle Inclán, Pacífico y Pintor Sorolla. Este patrón sugiere que la colocación estratégica de estos dispositivos está funcionando, obligando a los automovilistas a reconsiderar su comportamiento al volante.
Con la intención de aplicar los fondos de manera más efectiva, el concejal portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, ha enfatizado que durante los últimos cuatro años se han impuesto más de siete millones de euros en multas por velocidad, aludiendo a la falta de avances en la gratuidad del transporte público para los menores de siete años, una medida que todavía no se ha implementado. La presión sobre el Ayuntamiento se intensifica, no solo para que los ingresos se destinen a proyectos significativos, sino también para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a soluciones de transporte asequibles y sostenibles.
A medida que continúa el debate sobre el uso de las multas por exceso de velocidad, la ciudadanía de Málaga está observando atentamente cómo se gestionan estos fondos. La presión para reorientar la recaudación hacia políticas de movilidad sostenible no solo busca mejorar la calidad de vida en la ciudad, sino que también representa un paso hacia un futuro más responsable y consciente en términos de transporte urbano.
La reciente implementación del radar en la calle Pintor Rodrigo Vivar ha puesto de relieve un aspecto crucial de la movilidad urbana: la relación entre la seguridad vial y la recaudación de fondos. Si bien es innegable que la reducción de la velocidad contribuye a un tráfico más seguro, la cifra astronómica de más de 7 millones de euros recaudados en multas plantea preguntas incómodas sobre la ética de este sistema. No se puede ignorar el potencial de estos ingresos para impulsar proyectos de movilidad sostenible, pero la ausencia de un compromiso claro del Ayuntamiento para redistribuir estos fondos con transparencia y finalidad específica genera desconfianza entre los ciudadanos. La propuesta de la concejala Toni Morillas debería ser la base de una discusión más amplia sobre cómo transformar estos recursos en beneficios tangibles para la vida urbana, en lugar de en un mero mecanismo recaudador.
En este sentido, la presión sobre las autoridades municipales no solo se reduce a crear acciones que reduzcan la velocidad, sino a garantizar que el dinero recaudado se utilice de manera efectiva en infraestructura que priorice el transporte público y la movilidad sostenible. La comunidad espera medidas concretas, como la implementación de los prometidos carriles bici y aparcamientos disuasorios, que no solo fomenten un cambio de hábitos en la ciudadanía, sino que también den respuesta a una necesidad urgente de modernización del transporte en Málaga. En un momento en que los ciudadanos claman por un futuro más verde y accesible, es vital que la administración local actúe con responsabilidad y utilice los fondos de las multas no como un fin, sino como un medio para alcanzar una ciudad más segura y sostenible.
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