El eco del martillo y el trazo del arquitecto se mezclan con el zumbido de las ideas frescas en Málaga. El pasado martes, el Colegio de Arquitectos se convirtió en el epicentro de un debate crucial: ¿cómo garantizar el acceso a la vivienda en un contexto donde la demanda supera con creces la oferta? El foro «Construyendo futuro sostenible», organizado por TQ Eurocredits, Rebs Executive y Gibobs, con la colaboración de Implica Corporate Finance, congregó a expertos financieros y urbanísticos en busca de soluciones innovadoras.
El encuentro dejó claro que el modelo tradicional de financiación ha quedado obsoleto. La banca, con sus exigencias y tiempos, ya no puede dar respuesta a la urgencia habitacional. La alternativa, según los ponentes, reside en la financiación alternativa. Jorge González, de Gibobs Allbanks, lo resumió con una frase contundente: «Estamos democratizando el mundo de la financiación». Su empresa, y otras similares, se dedican a llenar el vacío que deja la banca tradicional, agilizando los procesos y permitiendo que proyectos viables vean la luz.
Bernat Martínez, de TQ Eurocredits, enfatizó la necesidad de adaptar la financiación a las necesidades específicas de cada proyecto. «Nuestro enfoque es hacer un traje a medida», afirmó, destacando la importancia de entender el mercado local y ofrecer un análisis empresarial exhaustivo. TQ Eurocredits, con casi dos décadas de experiencia, se presenta como un decano en el sector, brindando asesoramiento personalizado a clientes en todo el país.
El debate no se limitó a cuestiones financieras. Se abordó la necesidad de replantear el concepto mismo de vivienda. Bernat Martínez señaló que modelos como el coliving o el senior living pueden ser una respuesta inteligente a las nuevas demandas. Conocer al nuevo usuario y sus hábitos es tan importante como el análisis financiero.
Luis Figueras, desde la perspectiva de la consultoría financiera, abogó por la financiación de impacto, instando a los fondos a invertir en proyectos con un alto impacto social, incluso si eso implica asumir una rentabilidad menor. «Necesitamos profesionalizar este ámbito», advirtió, subrayando la importancia de contar con un acompañamiento experto para acceder a los fondos adecuados.
En definitiva, el foro «Construyendo futuro sostenible» sirvió como un catalizador para la reflexión y la acción. La crisis de la vivienda asequible en Málaga exige soluciones audaces, que combinen la agilidad de la financiación alternativa, la innovación en los modelos de vivienda y la colaboración público-privada. El futuro de la ciudad, y el bienestar de sus habitantes, dependen de ello.
El foro «Construyendo futuro sostenible» emerge como un oasis en el desierto de la inacción municipal ante la crisis de la vivienda en Málaga, aunque uno no puede evitar sentir un regusto amargo al constatar que las soluciones propuestas provienen, en su mayoría, del sector privado. Si bien la financiación alternativa y los modelos innovadores como el *coliving* o el *senior living* son bienvenidos, no dejan de ser parches en una herida que requiere de una intervención quirúrgica profunda por parte de las administraciones. La democratización de la financiación, como la define Gibobs Allbanks, suena más a una mercantilización de la necesidad que a una genuina vocación de servicio público. ¿Dónde está el compromiso del Ayuntamiento, de la Junta, del Estado, en generar suelo público asequible y en regular el mercado para evitar la especulación desmedida?
La llamada a la financiación de impacto, con su exhortación a priorizar el beneficio social por encima del económico, resuena como un canto de sirena en un contexto dominado por la lógica implacable del capital. Es loable que se invite a los fondos a invertir en proyectos con alto impacto social, pero la realidad es que, mientras la legislación no obligue a ello y se ofrezcan incentivos fiscales sustanciales, estos seguirán buscando la máxima rentabilidad en otros sectores. Urge, por tanto, una revisión profunda del marco legal y fiscal que incentive la inversión en vivienda social y que penalice la especulación, dejando de depender exclusivamente de la buena voluntad de los inversores o de las «soluciones innovadoras» que, en última instancia, pueden acabar perpetuando un sistema que excluye a los más vulnerables.
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