Analgésico y dolor de cabeza a la vez. La reducción de la jornada laboral se ha convertido en uno de los grandes pilares de esta legislatura para el Gobierno, pero, a la vez, en uno de los abismos a los que se enfrentan. A día de hoy, y pese a que el Consejo de Ministros dio luz verde a la iniciativa hace una semana, no cuenta con los apoyos necesarios para ser validada en el Congreso, fundamentalmente por el rechazo que ha mostrado Junts. En el sector socialista del Gobierno, tanto en público como en privado, han querido dejar claro estos días que la negociación la lidera Yolanda Díaz, que es quien pilota la búsqueda de apoyos y consensos. Un mensaje de doble filo: lidera, pero también será a la que se felicite o se señale si fracasa.

Sin embargo, en La Moncloa son conscientes de que no solamente se la juega Sumar en este asunto -es su principal bandera y la cesta en la que Díaz tiene depositados todos sus huevos-, sino que un fracaso supondría un duro revés para el Gobierno. El propio Pedro Sánchez mostró su compromiso, y lo hizo extensivo a una causa de todo el Ejecutivo, con esta medida: « Vamos a seguir negociando […] hasta reducir la jornada laboral a las 37,5 horas para que todos los españoles y españolas puedan trabajar para vivir y no vivir para trabajar», dijo en la presentación del curso político en septiembre de 2024.

De ahí que los socialistas estén dejando protagonismo a Yolanda Díaz, pero, a la vez, ya estén trabajando también en tratar de allanar el camino para lograr los votos que permitan aprobar la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Según ha podido constatar EL MUNDO, el PSOE está manteniendo reuniones informales con los grupos parlamentarios, a fin de poder ayudar y remar en que pueda salir adelante este compromiso del Ejecutivo.

Fuentes socialistas admiten que la que lleva el peso de las negociaciones es Yolanda Díaz, pero también que al final de trata de una medida impulsada por el Gobierno, un compromiso que está en el pacto de coalición que sellaron Pedro Sánchez y Yolanda Díaz y, por tanto, el fracaso sería atribuible al Ejecutivo, no a la figura de la vicepresidenta segunda. Porque la orden de Sánchez una vez erigida como prioridad y bandera es hacer todo lo necesario para sacarla adelante. Implicación de todos los miembros del Gobierno, en especial los ministerios económicos.

Y eso que ha sido una propuesta que ha tensado y provocado un choque hasta en la propia reunión del Consejo de Ministros que examinó por primera vez la medida. Entonces, hubo un intercambio de impresiones entre Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a cuenta de los efectos de la norma y también sobre algunas declaraciones públicas que obligaron a intervenir a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que presidía la cita en ausencia de Pedro Sánchez, para zanjar el asunto. Entre los dos socios había diferencias sobre el calendario -si tenía que entrar sí o sí en vigor a finales de 2025 o merecía la pena esperar algo más- y el requisito de acercarse a la patronal -Trabajo pactó con los sindicatos, pero no con la CEOE la medida-. Visto el choque, el presidente del Gobierno trasladó a las partes, en su momento, la necesidad de acabar con el «ruido» y sacar adelante la medida.

Toda vez que la titular de Trabajo demandó que esta negociación le correspondía a ella, que incluso tenía hilo directo con Carles Puigdemont, los socialistas han permanecido en la retaguardia. Dejando hacer en los primeros compases. Pero fuentes gubernamentales del sector socialistas confiesan su pesimismo, a día de hoy, respecto a la que la reforma pueda ser aprobada en el Congreso. A diferencia de la visión de Sumar, consideran que la enmienda a la totalidad anunciada por la formación independentista es un gesto de su posicionamiento de tumbar la norma.

«Complicado», es la palabra que más repiten en el sector socialista sobre el futuro de esta medida. Creen que en la posición de Junts tienen mucha influencia y peso los empresarios catalanes y, dado que la patronal no formó parte del acuerdo social, no será fácil. La vía para una negociación podría estar en recuperar las ayudas a las pymes que quedaron fuera del texto. Las contrapartidas a las pymes y la perspectiva de que Cataluña «tiene un tejido empresarial propio» son cuestiones con las que se pretende endulzar la distancia de Junts.

De momento, los socialistas pueden ser optimistas si miran el pasado más inmediato, porque la negociación de Carlos Cuerpo con Junts permitió confirmar el voto positivo de los secesionistas, una vez comprobaron éstos que el ministro estaba cumpliendo sus compromisos.

De la reunión de aproximadamente dos horas que Pedro Sánchez mantuvo este lunes con la Ejecutiva Federal del PSOE no dedicó «ni un solo minuto ni una palabra» a la polémica de los whatsapps que intercambió con José Luis Ábalos antes y después de que dejara de ser su hombre fuerte tanto en el Gobierno como en el partido. El presidente únicamente ha hablado con su núcleo más próximo de las informaciones publicadas en exclusiva por EL MUNDO para transmitirle que está «escandalizado por la filtración» y «preocupado por el atropello a su derecho a la privacidad».

De momento, la estrategia pública de Ferraz se ha limitado a tratar de minimizar el alcance de las noticias que han revolucionado la escena política en las últimas horas. «Más allá de lo que alguno quiera ver no hay nada relevante ahí. Mi grupo de primos es más interesante y más animado que las filtraciones y los mensajes que hemos podido ver estos días», llegó a ironizar Esther Peña durante una rueda de prensa prácticamente monotemática.

Justo antes de que comenzara la reunión de la dirección socialista, tanto Emiliano García-Page como Javier Lambán, dos de los barones señalados en ese intercambio de whatsapps de 2020 y 2021 por sus críticas a la gestión de la pandemia y la concesión de los indultos a los condenados por el referéndum ilegal en Cataluña, explicaron en sendas entrevistas en Onda Cero que sus discrepancias con Sánchez son «de fondo» y que se remontan a 2015. En concreto al Comité Federal que se celebró el 28 de diciembre de aquel año en el que el PSOE obtuvo el que hasta ese momento había sido el peor resultado de su historia -90 diputados- en el que llegaron a «un gran acuerdo entre todos para que ni se pactara con radicales, ni con independentistas, ni tampoco con la derecha».

En los siguientes meses la vida orgánica del partido iría intrínsecamente ligada con la historia de España: se repitieron los comicios en 2016, los socialistas bajaron hasta los 85 escaños en el Congreso, los críticos con el entonces secretario general encabezados por Susana Díazlo defenestraron en el ya célebre 1-O y el líder caído reconquistó la cúpula de Ferraz ocho meses después aupado por el voto de la militancia como antesala a su llegada a La Moncloa en 2018 previa moción de censura.

«Aquel debate de 2015 era un problema de fondo que se abrió con ocasión de los que no estábamos de acuerdo de gobernar a cualquier precio y los que en cualquier momento podían hacerlo», apuntó este lunes Page. «Después el diapasón cambió y la dirección no se quiso someter bajo a ningún concepto a lo que habíamos aprobado, que realmente que eran estos límites», agregó el presidente de Castilla-La Mancha, que desvinculó sus discrepancias con la cúpula actual de su partido de un «teatrillo».

Lambán también situó el origen de sus diferencias con Sánchez en ese mismo momento, en el que él estaba al frente del Gobierno de Aragón y lideraba el partido en su región: «Unos cuantos advertimos que Pedro estaba dispuesto a cualquier tipo de acuerdo, que no existían para él perímetros de pactos posibles con tal de llegar al poder, y eso tuvo una respuesta clarísima en el Comité Federal donde le prohibimos que hiciera eso. Lo que pasa que luego ganó las primarias, los perímetros saltaron por los aires, pasó a controlar poco a poco el partido hasta conseguir un dominio absoluto de todo lo que se mueve dentro de la organización, el PSOE dejó de actuar con la autonomía estratégica que había tenido siempre y pasó a depender de sus socios, todos ellos indeseables desde mi punto de vista».

Sin embargo, esta cuestión de fondo tampoco se abordó este lunes en la reunión de la Ejecutiva, en la que en cambio se habló «largo y tendido» de «lo que verdaderamente le interesa la gente», como los aranceles de EEUU a los productos españoles y las consecuencias del apagón del 28 de mayo. En Ferraz no quisieron tampoco entrar a valorar las críticas a su señalamiento en los mensajes publicados por este periódico por parte de Page y Lambán -que reveló que le sorprendió la «ira» y la «pérdida de control» con la que Sánchez se dirigía a él ante comentarios que había hecho que no le gustaban- ante comentarios que había hecho que no le gustaban. «Entendemos que no da mucho más de sí esta cuestión», zanjaron.

En Moncloa subrayan que los whatsapps «no forman parte de ninguna causa judicial» lo que, sostienen, «agrava» el hecho de que hayan llegado a la prensa y consideran que deja en una situación de «indefensión total» al presidente. Lo que más preocupa es «la filtración».

Del mismo modo, Iglesias llegó a utilizar su intervención en el quinto congreso de Podemos como plataforma para promocionar sus negocios privados. No sólo la taberna, sino también Canal Red, en busca de simpatizantes morados que los apoyasen económicamente. Justificó que sus actividades no son para «ganar dinero», sino que son fórmulas para construir un «proyecto cultural» que pretende «dar la pelea política en todos los ámbitos».

En la colecta se podía aportar en tramos de 25, 50, 150 y 250 euros. A los 34 se ha alcanzado la meta mínima de 137.996 euros. Ahora los próximos seis días quedan para intentar llegar al objetivo «óptimo» de 146.996.

Tres magistrados del Tribunal Constitucional han solicitado este lunes al Pleno que preside Cándido Conde-Pumpido que la corte de garantías eleve una cuestión prejudicial sobre la Ley de Amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o que se paralice la tramitación y resolución del recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular hasta que el TJUE resuelva las consultas que otros tribunales españoles han planteado sobre la norma ante la Justicia europea.

Según avanzan fuentes jurídicas a EL MUNDO, los magistrados del sector conservador César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel han registrado hoy esta petición en el Constitucional.

Los solicitantes defienden que la Ley que borra los delitos del procés puede contravenir el Derecho de la Unión Europea y destacan que hay distintas cuestiones prejudiciales planteadas ante el TJUE de contenido muy similar al recurso de inconstitucionalidad que prevé resolver el TC en las próximas semanas.

En concreto, la petición es para que el presidente Conde-Pumpido incluya en el orden del día del Pleno el debate «acerca de la pertinencia de proceder al planteamiento de una cuestión prejudicial o, en su caso, a la suspensión del futuro señalamiento para deliberación, votación y fallo» del recurso de inconstitucionalidad del PP «mientras no se proceda por el TJUE a dictar sentencia sobre las cuestiones dada la homogeneidad existente entre las dudas planteadas al TJUE y las que son pretensión de declaración de inconstitucionalidad en el recurso citado».

La cuestión prejudicial consiste en elevar una consulta ante el TJUE bien porque se plantee una interpretación nueva y de interés general para la aplicación uniforme del Derecho de la Unión o bien porque la jurisprudencia nacional no aborde una situación jurídica nueva como sucede con la Ley de Amnistía al desafío separatista catalán.

En este caso, en su dictamen jurídico, estos tres magistrados defienden que hay motivos sólidos para pensar que la amnistía contraviene el derecho comunitario, por lo que la prudencia debe conllevar a esperar que se pronuncie en primer lugar Europa.

En la actualidad, el borrador sobre la primera sentencia de la Ley de Amnistía -que dará respuesta al recurso de inconstitucionalidad del PP- se encuentra en un estado avanzado de redacción siendo la intención del presidente Conde-Pumpido poder dictar el primer fallo sobre la citada Ley antes de las vacaciones de verano.

El recurso del PP impugna hasta doce puntos de la Ley, lo que ha obligado a formar un grupo de letrados que lleva semanas dedicándose en exclusividad a redactar la ponencia bajo la coordinación de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán.

«Nosotros creemos que los mensajes son apenas detalles; lo que importa de verdad es la corrupción que rodea a esos detalles». Así ha valorado el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, los whatsapps entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos revelados por EL MUNDO, en los que ve una intención de «evitar el banquillo de los acusados»

«Si algo conocemos es su manual de resistencia», ha señalado Fúster en rueda de prensa posterior a su Comité de Acción Política, apuntando que «lo peor de Sánchez está por llegar» y subrayando que los mensajes retratan una «especie de ‘José Luis, se fuerte‘ bis entre el presidente y su antiguo colaborador».

En esta línea, los de Santiago Abascal centran el tiro en que Sánchez «gobierna para sus propios intereses personales y partidistas», además de hacerlo «para su mujer» y «para su hermano», cargando contra los familiares del presidente, imputados en tramas separadas; y «también, por lo que parece, para el tío de su mujer, condenado por aprovecharse de la desesperación de mujeres en situación ilegal». A renglón seguido, Fúster ha criticado que Sánchez esté «dispuesto a vender lo que haga falta a quién haga falta» para mantener el poder».

En Vox ven «inevitable» que el presidente del Gobierno se siente «en el banquillo»: «Ese día va a llegar. Ese día Vox llegará al Gobierno y ese día el presidente Sánchez estará en el banquillo de los acusados», ha asegurado Fúster, llamando a defender España «frente a los tibios» mediante una «oposición frontal y total» al Gobierno sin concesiones ni negociaciones.

El portavoz nacional ha cargado duramente contra el Partido Popular, al que dice haber «ofrecido construir una alternativa necesaria para echar a Sánchez» y a «sus políticas»: «Pero el PP sigue empeñado en pactar todo con el PSOE en Bruselas y aquí», ha lanzado Fúster, en referencia al entendimiento entre ambos partidos con respecto a la prohibición de motores de combustión en Europa a partir de 2035 y el aumento de diputados en un 66% en Castilla-La Mancha. Ha tildado ambos como una «traición» con la que «han demostrado ser las dos caras de la misma moneda», ha aseverado.

En este sentido, con respecto a la decisión del PP de adelantar su Congreso Nacional al mes de julio, Fúster, que considera que «sus discursos públicos no tienen que ver con su acción política», en referencia al PP, ha instado a Génova a pensar y decidir «lo que quiera» porque «parecen una oposición, pero en el fondo no lo son».

La educación superior europea está expectante ante los cambios que ultima el nuevo Gobierno de coalición de los Países Bajos, controlado desde 2024 de forma mayoritaria por la ultraderecha. Su proyecto de Ley de Internacionalización Equilibrada, que persigue «un mayor control sobre la afluencia de estudiantes internacionales y el uso de lenguas extranjeras en la educación», es un indicador del nuevo escenario geopolítico. Mientras en EEUU se revocan visados a universitarios y los campus de Cataluña toman medidas para que el catalán sea la única lengua, Países Bajos da marcha atrás en su estrategia de internacionalización. De ser la meca de atracción del talento foráneo europeo se va a replegar sobre sí misma. ¿Por qué?

Fuentes del Ministerio de Educación de Países Bajos responden que el «significativo incremento» de alumnos internacionales «está ejerciendo presión sobre la calidad, la accesibilidad y la asequibilidad del sistema», mientras «el elevado número de programas en lenguas no neerlandesas suscita inquietud social y política sobre la preservación del neerlandés como lengua de enseñanza». Por eso van a priorizar la «promoción del neerlandés» y dejarán las carreras en inglés sólo para «cuando sea socialmente deseable».

Un informe de la Agencia Neerlandesa para la Internacionalización en Educación (Nuffic) añade que la afluencia de extranjeros está detrás del problema de «la falta de vivienda y la subida del precio de los alojamientos», además de que «a corto plazo constituyen un gasto para el presupuesto nacional, ya que pagan las tasas de matrículas legales subvencionadas por el Gobierno y estos costes corren a cargo del Ministerio de Educación».

«El incremento de estudiantes internacionales ha dado lugar a una menor cantidad de financiación por alumno», avisa este organismo, que cifra en 128.000 los estudiantes internacionales cursando grados en campus financiados por el Gobierno.

En una década se ha multiplicado por tres el número de extranjeros hasta ser el 15% de la población universitaria. Los españoles, con algo más de 6.000 alumnos, forman la quinta nacionalidad más numerosa después de los alemanes (21.300), los italianos (8.200), los rumanos (7.400) y los chinos (6.200).

Este boom de internacionalización en las universidades de los Países Bajos comenzó con el Brexit, cuando el Reino Unido dejó de ser el destino favorito de los jóvenes europeos por el incremento del precio de las matrículas. El año pasado Adrián y Lucía pagaron 1.000 euros por el primer año de carrera -lo mismo que en la universidad pública en España- y este segundo año han desembolsado 2.000. A cambio, estudian en la 37ª mejor universidad del mundo en su disciplina. «El modelo está más centrado en la investigación y no es tan teórico como en España. Es uno de los grados más difíciles, para aprobar hay que sacar un 6,5 sobre 10, pero también es de los más valorados y hay muy buenas oportunidades para los graduados», explica Lucía.

Los mensajes privados han desvelado muchas cosas más allá de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. El ex tesorero del PPLuis Bárcenas guardó silencio sobre la contabilidad b del partido por el apoyo que le había prestado personalmente el entonces presidente del Gobierno. Mariano Rajoy mantuvo un contacto directo y permanente (como mínimo, de mayo de 2011 a marzo de 2013) con él y le pidió que negara los sobresueldos. Así lo atestiguan los sms que se intercambiaron -entre ellos el célebre de «Luis, sé fuerte»- tal y como desveló EL MUNDO, que también había destapado el escándalo de la financiación irregular.

Este periódico también reveló hace 11 meses los whatsapps que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró de su teléfono móvil sobre la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. «Hay que sacar la nota. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. Es imperativo sacarla», dijo García Ortiz a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.

El País, a su vez, desveló los mensajes de un chat de WhatsApp interno del Comité de Dirección del PP en 2023 tras la defenestración del entonces líder del partido, Pablo Casado. En él, varios miembros de su cúpula que luego apoyaron a Alberto Núñez Feijóo -como su hoy secretaria general, Cuca Gamarra– felicitaban al todavía líder del partido por su entrevista en la Cope en la que había acusado al hermano de la presienta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de haber cobrado «una comisión de 300.000 euros» de la Administración presidida por su familiar.

En pleno escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, Javier López Madrid recibió el cariño y apoyo de varios amigos, entre ellos el de Doña Letizia en nombre también de su esposo, el Rey Felipe. «Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)», le escribió en un mensaje que la Guardia Civil recuperó del teléfono móvil del empresario -pese a haber sido borrado- y que fue publicado por eldiario.es.

Por su parte, El Español publicó en 2018 un whatsapp que el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, había enviado al chat que tenía el grupo del partido en la Cámara Alta -en el que estaban 146 parlamentarios- y en el que se jactaba de que el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial permitirá a los populares «controlar desde detrás» el Tribunal Supremo. Cosidó llegó a admitir que había sido un «gran error» reenviar el mensaje, pero negó haberlo escrito.