Tal y como ha informado EL MUNDO, esta plaza es vista por la Fiscalía Anticorrupción con absoluto recelo, ya que consideran que se pretende poner en marcha «una fiscalía paralela» para que desde la Fiscalía General del Estado se ejerza «un mayor control» sobre los casos de corrupción más sensibles. Fuentes fiscales consultadas destacan el momento elegido por el Gobierno de Pedro Sánchez para la creación de esta plaza de fiscal de Sala, es decir, cuando se encuentra cercado por causas de corrupción que afectan a su familia -como son el caso Begoña y el de David Sánchez– o a su Gobierno -el denominado caso Koldo que investigan tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional-. La plaza se creó vía real decreto, con «extraordinaria urgencia», en vez de través de una norma jurídica con rango de ley.

Por su parte, la Asociación de Fiscales pide a García Ortiz que, atendiendo «al principio de confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de las instituciones y del principio de imparcialidad que sirve como presupuesto de la actuación objetiva de la administración pública», se «abstenga» de intervenir en el nombramiento.

«Esta asociación considera que usted tiene un interés personal, en este caso, en la propuesta de nombramiento que pueda realizar respecto del cargo de fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública, que se hace evidente desde el punto y hora en que, por el propio contenido de la función institucional que le ha de corresponder a la persona titular de este cargo, la de coordinar la actuación y consiguiente persecución de los delitos contra la Administración Pública en todo el territorio del Estado, le corresponderá, también, en su caso, la intervención en ese procedimiento, por ser de especial trascendencia, así como la coordinación de la actuación del Ministerio Fiscal en relación con el específico proceso penal actualmente en trámite de instrucción ante la Sala Segunda contra la persona que ostenta el cargo de fiscal general del Estado, en su calidad de investigado por un delito contra la Administración Pública». García Ortiz se encuentra imputado por un delito de revelación de secretos por la presunta filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso.

La AF subraya que, además de las razones jurídicas de fondo expuestas, se trata de un problema de apariencia de parcialidad. «No es admisible que un fiscal General del Estado pueda proponer el nombramiento del fiscal que podría estar encargado de intervenir en un procedimiento que le afecta personalmente», enfatizan.

En la misiva, la AF recalca que «ninguna participación en este proceso es neutra, por lo que debe abstenerse de toda actuación respecto del procedimiento de selección para la provisión de esta plaza». «No procede la introducción del debate en orden del día del próximo 22 de abril, ni la participación de usted en el Consejo Fiscal, ni realizar formalmente la propuesta de nombramiento de aspirantes a dicho cargo de la Carrera Fiscal, acto que por otra parte únicamente le corresponde al propio fiscal general del Estado», concluye este colectivo.

Las vigilancias a los agentes del grupo antinarco de la Guardia Civil del Campo de Gibraltar que investiga un juez de Madrid -quiere saber si, como sostienen los afectados, se manipularon para cerrar la unidad- han quedado detalladas en las declaraciones de los policías nacionales encargados de realizar esos seguimientos. En su informe, que el Servicio de Asuntos Internos del Instituto Armado validó, la Policía Nacional atribuyó al jefe del Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON-Sur), el entonces teniente coronel David Oliva, y a su número dos una relación corrupta con el clan de Los Ariza, muy activo en la zona, después de que miembros de esta familia aseguraran a la Policía que los guardias civiles les daban protección.

Una vez confeccionado el dosier, que se nutría de las vigilancias en las que hoy indagan los tribunales, Asuntos Internos lo hizo suyo e intervino. En sus declaraciones ante el juez que mantiene imputado al jefe de la Policía que dirigió los seguimientos -le investiga por posibles «delitos de acusación o denuncia falsa y de falsedades»- , los agentes distinguieron entre lo que ellos vieron y lo que, después, su «jefe puso en los informes», agrandado así la grieta entre el contenido del dossier y las intervenciones que realizaron. Y algunos se desmarcaron de su superior. «No he participado en la elaboración del informe. Yo me ratifico en lo que le digo a mi jefe, no me ratifico en lo que mi jefe haya puesto ahí. Yo le doy una información a mi jefe y mi jefe es el que escribe».

Sus testimonios en sede judicial no corroboran la totalidad del informe que llevó a Fernando Grande-Marlaska a desmontar la unidad de élite de la Guardia Civil, creada exclusivamente para luchar contra el narcotráfico en la zona. EL MUNDO ha tenido acceso a las declaraciones íntegras de los agentes que se sentaron ante el instructor en calidad de testigos el pasado febrero. Aseguran no haber visto al máximo responsable del OCON-Sur en fiestas y propiedades de Los Ariza (como así se plasma en una parte del dossier) y descargan la responsabilidad de las conclusiones en su superior que, matizaron, no estuvo allí. «Yo comunico una información a mi jefe y él es el que escribe el informe. Así de sencillo», zanjó uno de ellos. La dinámica de los seguimientos, según aclararon, era la siguiente: cuando veían un coche de la Guardia Civil de los que supuestamente usaba Oliva o el otro agente debían avisar a Asuntos Internos. En ningún caso intervenir. Y ahí acababa su cometido pese a ser los encargados de redactar el informe que posteriormente asumía Asuntos Internos.

«Nosotros ahí teníamos órdenes de que en el momento que viésemos cualquier coche de la Guardia Civil [teníamos que] levantar el dispositivo, informar a nuestro jefe porque el tema de la Guardia Civil lo llevaba Asuntos Internos de la Guardia Civil». «Yo veo un coche de la Guardia Civil y me voy, no me quedo a esperar a ver si sale alguien, entra alguien [de la casa de los Ariza]. Todo eso que pone ahí [en el informe] lo pone mi jefe. Eso se lo tiene que preguntar a mi jefe, todo eso que pone ahí lo hace él, yo lo único que le digo es ‘jefe un coche de la Guardia Civil’, [y él contesta] ‘muy bien, abandonar el servicio’. No hago más», contestó a preguntas del juez.

«No vimos a David Oliva. No lo vimos en la finca», sentenció otro. El agente se refiere al episodio que consta en el dossier de las vigilancias donde se asegura que el teniente coronel de la Guardia Civil y su subordinado estaban en el interior de una conocida propiedad del líder de los Ariza junto a él. El pasaje que se envió a Asuntos Internos se acompañaba con fotos de un coche patrulla del Instituto Armado que, según un peritaje, se obtuvieron de Google y era una imagen tipo de esta página. Ese día día -acreditó un perito con posicionamientos de móviles y con el hecho en sí- Oliva estaba dirigiendo in situ una operación en la que se incautó un alijo en otra ciudad distinta a la que marcaba la Policía. En el dossier también se aportaba como prueba una supuesta reunión en un bar con la foto tomada de una red social.

A la pregunta del magistrado sobre si el agente se ratifica en que en la vigilancia estuvieran allí el teniente coronel y el otro guardia civil, contesta: «En la vigilancia como tal no, será información que le llega al instructor [su jefe] de otra manera, pero en mi vigilancia no». El magistrado vuelve a insistir si les vio entrar o salir, a lo que el testigo contesta que «no». David Oliva y su compañero quedaron imputados por pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas. Meses después, un juez archivó las actuaciones. Los agentes del grupo antinarco presentaron entonces esta querella y un perito advirtió errores de localización en los seguimientos, fotografías «obtenidas de Google», así como supuestos encuentros con los narcos «imposibles». La querella habla de «montaje» para poner fin a la unidad.

La Fiscalía, por su parte, requirió al Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil para que explicara la solidez del informe de la Policía y los agentes, tal como consta en la resolución, reconocieron que presentaron esas pruebas «sin contrastar».

Otro de los agentes se pronuncia sobre las polémicas fotografías. «Las fotos no las hicimos nosotros. No las tomé yo. No sé si sería Asuntos Internos o mi jefe. Yo no». «Lo único que creo que le pasé al instructor fueron unas placas de matrícula y él llegaría a la conclusión de que estaban ahí el teniente coronel [Oliva] y el Teniente […]. Yo le pasé unas matrículas a mi jefe de grupo y él me imagino que las pasaría o tendría conocimiento de los vehículos de estas personas y llegaría a la conclusión de que estaban ahí». En ese momento, el magistrado vuelve a insistir si vio allí a los dos agentes señalados. «Yo verles no».

Existe un mar de fondo en el PSOE andaluz sobre las ventajas e inconvenientes de que su secretaria general, María Jesús Montero, siga formando parte del Gobierno de Pedro Sánchez. El desgaste que producen en su imagen los frentes abiertos en el Ministerio de Hacienda ha llevado a algunos referentes a plantearse si el precio que paga por mantenerse en ese rol está siendo demasiado alto. La batalla (perdida por Montero frente a Yolanda Díaz) sobre la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o las críticas a su decisión de no presentar un proyecto de presupuestos acaparan las intervenciones de la ministra cuando ‘baja’ a Andalucía, opacando su estrategia de oposición a la gestión de Juanma Moreno.

El elevado coste de los acuerdos con el separatismo catalán que afectan a los intereses de Andalucía empieza a pesar demasiado en su mochila. Las intervenciones de Montero en sus convocatorias andaluzas acaban convertidas en una sucesión de respuestas sobre conflictos antipáticos que poco ayudan a la construcción de una alternativa «ilusionante» como la que se les prometió a los militantes del PSOE andaluz.

Por contra, una salida del Ejecutivo la dejaría sin el foco mediático y la plataforma institucional que necesita para hacer llegar a su electorado la imagen de una candidatura solvente para las elecciones autonómicas. Sin cartera de ministra, Montero se quedaría fuera de los actos institucionales y no podría reivindicarse en las inversiones que se anuncian, las licitaciones que se publican en el BOE o las ‘primeras piedras’ que se convocan cada semana.

La solución podría pasar, apuntan algunas fuentes, por desplazarla a una cartera de menos peso en el Ejecutivo, lo que le permitiría conservar un papel institucional, pero aligeraría la carga política que tiene actualmente como número dos del Gobierno de Sánchez y le dejaría manos libres para reactivar la federación andaluza. En la dirección nacional del partido, del que además es vicesecretaria general, el único escenario que se contempla es que mantenga sus actuales responsabilidades tanto en Moncloa como en Ferraz hasta la convocatoria de los comicios.

Este debate se produce, además, cuando las primeras encuestas publicadas no acaban de percibir ningún tipo de reactivación del voto en favor del PSOE andaluz tras el cambio de liderazgo. A estos efectos, algunas fuentes consultadas por EL MUNDO explican que la transición está resultando lenta debido a que, de momento, las agrupaciones siguen enfrascadas en los procesos de renovación interna. Hasta el 31 de mayo, de hecho, no se habrán cerrado todas las asambleas locales. Y, con el previsible parón del verano, es fácil que la maquinaria electoral socialista no consiga la velocidad de crucero hasta el mes de septiembre. «Siempre, claro, que a Juanma Moreno no le dé por pulsar antes el botón del adelanto electoral», se lamentan.

Precisamente, la posibilidad de que se produzca un adelanto electoral es lo que ahora más preocupa. Quienes apuestan por que Moreno convocará a las urnas antes de final de año lo argumentan con dos razones. Por un lado, el PP-A podría temer que los procesos judiciales abiertos por las irregularidades detectadas en los contratos sanitarios durante la pandemia puedan depararle algún disgusto en los próximos meses. Y, por otro, la única posibilidad de evitar unas elecciones conjuntas con las generales es adelantar las autonómicas. A priori, las elecciones generales no tocan hasta julio de 2027, un año después que las autonómicas. Pero Sánchez podría estar tentado de concurrir conjuntamente, ya que el PSOE obtuvo mejores resultados (550.000 votos más) en Andalucía en las generales del 2023 que en las autonómicas del 2022. Entonces, se achacó a que la candidatura de Juan Espadas no suscitaba entusiasmo alguno entre su electorado.

Tras los primeros reveses en los últimos sondeos publicados, que dibujan un paisaje electoral muy parecido al de 2022 (que fue el peor de su historia), existe cierta expectación en torno a la próxima entrega del barómetro de la Fundación Centra. Aunque es una encuesta elaborada por un organismo que depende de la Junta y la oposición suele ponerla bajo sospecha, hasta el momento, se ha demostrado bastante fiable, ya que se elabora a partir de 3.600 entrevistas telefónicas, una muestra suficiente para tomar el pulso con rigor al momento político.

El último barómetro del Centra se publicó en el mes de diciembre, antes del relevo en el PSOE-A. La próxima entrega podría salir a finales de este mes de abril o principios de mayo. El PSOE-A sabe que, de momento, hay pocas posibilidades de recuperar la Junta de Andalucía, pero sueña con, al menos, arrebatarle a Juanma Moreno la mayoría absoluta y echarle en brazos de Vox, desactivando así el discurso del líder más «moderado» en la nómina de barones del PP.

Los grupos parlamentarios deberán pronunciarse de forma clara esta semana sobre si excusan o no al Gobierno de registrar las cuentas para 2025. El PP quiere presionar al Ejecutivo con este asunto y llevará este martes al Pleno del Senado una moción que insta al gabinete Pedro Sánchez a «cumplir con su obligación constitucional de presentar el Proyecto de Presupuestos para este año».

La iniciativa saldrá seguro adelante -por la mayoría absoluta de los populares-, pero el interés de la votación radica en que los socios del Gobierno que tienen representación en la Cámara Alta –ERC, Junts, Bildu, PNV y algunos de los partidos que integran la coalición Sumar– deberán emitir su veredicto. Desde el gabinete de Sánchez vienen defendiendo que, sin tener los apoyos necesarios, registrar las cuentas sería «hacer perder el tiempo al Congreso«. Y, así, miran ya a la negociación para el texto de 2026.

La moción que se someterá a referéndum refiere que la presentación del Proyecto de Presupuestos no es «una mera recomendación o sugerencia, sino una obligación constitucional» y que, así, es un «deber inexcusable» del Gobierno. En el texto, los populares recuerdan a Sánchez que él mismo exigía a Mariano Rajoy que registrara sus cuentas por «obligación constitucional».

A juicio del principal partido de la oposición, no conocer el plan presupuestario del Ejecutivo «genera inestabilidad, impide una gestión eficaz de los recursos públicos y dificulta la ejecución de programas estratégicos». Las cuentas, recuerdan los populares en su moción, «son la herramienta mediante la cual un Ejecutivo expresa su hoja de ruta».

Además, el texto que firma la portavoz popular en el Senado, Alicia García, pone el foco en que los Presupuestos hoy vigentes -los de 2023- fueron aprobados en una legislatura anterior, por un Congreso con distinta configuración parlamentaria y en «un contexto económico netamente diferente». De hecho, la composición del Ejecutivo tampoco era la misma entonces: el PSOE gobernaba en coalición con Unidas Podemos, no con Sumar.

Ahora, precisamente, la formación de Yolanda Díaz se ha manifestado en contra de lo que se viene trasladando desde el sector socialista de La Moncloa, pues es partidaria de presentar unas cuentas para «negociarlas» y «que vayan» al Congreso, aunque la derrota esté asegurada. «La obligación es intentarlo».

El resto de los partidos que respaldan al Ejecutivo votarán esta semana si creen necesario que el Gobierno registre unos Presupuestos para «garantizar la estabilidad y transparencia económica». Los grupos que apoyen la moción estarán trasladando a La Moncloa el mensaje de que es ineludible que las Cortes puedan ejercer «su función de examen, enmienda y aprobación de las cuentas». El PP tiene registrado un texto en los mismos términos en el Congreso para una futura votación.

A falta de que los partidos pulsen el botón del sí o del no a este redactado, el veredicto de sus votantes recogido en la encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO fue claro: los electores de todos los partidos creen que el Gobierno debe presentar Presupuestos sin importar si cuenta con los apoyos necesarios para aprobarlos.

La ausencia de Presupuestos Generales del Estado va más allá de ser una vulneración de la Constitución o una forma de sortear un batacazo en el Congreso que ponga al presidente contra las cuerdas de un adelanto electoral. La falta de cuentas públicas es también un burladero tras el que parapetarse para aplazar gastos que no se consideran una prioridad y en esa lista se incluyen los poco más de 200 millones que, de acuerdo con la ley, permitirían sufragar los costes directos, y elevadísimos, que asumen las familias con un enfermo de esclerosis lateral amiotrófica.

Seis meses después de aprobada la Ley para mejorar la calidad de vida de personas con ELA, su implementación de manera «homogénea y justa», como reclama la confederación que representa a las asociaciones de afectados (ConELA) y su financiación siguen a la espera. Los cálculos que realizan asociaciones y partidos políticos como el Partido Popular y Junts apenas llegan a los 230 millones de euros, una cantidad nimia si se compara con ampliaciones de crédito milmillonarias -la última de más de 2.000 millones para gasto en Defensa- aprobadas ya por el Consejo de Ministros sin pasar por el Parlamento.

«Los tiempos son exasperantes y hay gente que va a morir», lamentan en ConELA insistiendo en que no puede utilizarse la excusa de la falta de Presupuestos para no desbloquear la financiación de la ley. «Que salga un texto en el BOE, al final no significa nada. Sólo los textos punitivos se aplican de inmediato. Estos [como la ley ELA] no», se quejan.

El pasado mes de enero, desde el Partido Popular remitieron una pregunta al Gobierno instándole a aclarar las previsiones de financiación de la ley ELA: las cifras y los plazos. La respuesta llegó el 5 de marzo: «Para poder implementar todas las líneas de trabajo que van encaminadas a reforzar e impulsar el Sistema Nacional de Salud, se está en proceso de elaboración de la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado, toda vez que los ministerios y los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los PGE se encuentran en pleno proceso de elaboración del anteproyecto».

«Palabrería, mentiras y una tomadura de pelo», apuntan en el PP, «para retener el dinero». La senadora popularRosa Romero, afirma: «Se ha engañado a los enfermos porque sin financiación, la ley es papel mojado; la enfermedad avanza y la ley, no». La ministra de Sanidad replicó hace apenas unos días en el Senado que la norma «no está en el limbo», que se está en «diálogo constante» y que el dinero se transferirá «cuando la ley esté desarrollada». De momento sin límite temporal.

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, defendió en el Congreso, 47 días después de la aprobación de la ley, una proposición reclamando desbloquear la financiación. La iniciativa fue aprobada con los votos del PSOE. En aquella ocasión, los populares ya insistieron en que no hacía falta tener nuevos Presupuestos para dotar económicamente la norma porque la ley General Presupuestaria permite usar el fondo de contingencia o aprobar créditos extraordinarios para partidas como esta que apenas superarían los 200 millones para «dar dignidad a la vida» de entre 3.000 y 4.000 personas.

También desde Junts se denuncia el incumplimiento del Gobierno. La diputada Pilar Calvo lamenta el retraso en el traspaso a las CCAA de los recursos necesarios para garantizar una asistencia especializada a los afectados. La diputada ha denunciado en el Congreso que desde la aprobación de la ley -entró en vigor el 1 de noviembre- más de 300 personas afectadas por la ELA han fallecido sin ver los efectos positivos de una norma que se aprobó con unanimidad.

Desde ConELA, su portavoz Fernando Martín recalca: «Ahora no tenemos que pedir, tenemos que exigir. La esperanza se trabaja para que 2025 se cierre con algo bueno; para que 2026 sea mejor y en 2027 poder rodar». Personalmente no cree que la ley pueda estar totalmente desplegada de aquí a finales de año. Admite que desde Sanidad han empezado a tratar de implementar los cuidados de 24 horas para las personas que se encuentran en un estadío muy avanzado de la enfermedad, pero otros apartados que afectan a quienes están en un grado medio, como la fisioterapia a domicilio, siguen cubriéndolo las asociaciones de afectados y no la Administración a través de las CCAA.

El Partido Popular está dispuesto a llevar a debate y votación del Pleno del Senado una proposición de ley de defensa y protección de los símbolos oficiales. Esto es: la bandera, el himno, el escudo y la imagen del Rey como jefe del Estado así como las banderas, himnos y estandartes de las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y la Casa Real. Se trata de una iniciativa registrada en septiembre de 2023 que ha permanecido varada desde entonces y que ahora los populares pretenden reactivar.

La propuesta busca llenar un «vacío normativo» regulando la obligación de defender los símbolos oficiales de España que, señala, «afectan a todas y cada una de las administraciones públicas, residenciando tal obligación tanto en sus máximos representantes y altos cargos como en los empleados públicos a su servicio».

La iniciativa recuerda que tanto las características como las condiciones de uso de banderas, escudos e himnos tanto nacionales como autonómicos o locales están regulados de manera precisa pero no así su defensa y protección más allá del delito de ultraje recogido en el artículo 543 del Código Penal.

La proposición de ley establece que la obligación de defender y proteger los símbolos es exigible a «los miembros del Gobierno y secretarios de Estado, los consejeros o asimilados de los Gobiernos autonómicos, los miembros de las Corporaciones Municipales y de las Diputaciones Provinciales, así como altos cargos y empleados públicos de la Administración General del Estado y de las Administraciones autonómicas y locales».

La defensa de los símbolos, añade, «se circunscribe al ámbito físico de los edificios y locales de titularidad de las diferentes administraciones públicas» en los cuales no podrá hacerse exhibición de simbología partidista. Además, las autoridades, en el ejercicio de su labor institucional, deberán mantener respeto a los mismos «en espacios públicos».

El incumplimiento de estas obligaciones se clasifica en la proposición de ley atendiendo a su gravedad y, en función de la misma se establece un baremo de sanciones que puede llegar en los casos considerados muy graves al cese en el cargo, salvo para las autoridades electas, la pérdida de la indemnización por tal cese y la inhabilitación por hasta cuatro años.

Así, se consideran infracciones muy graves las acciones que impliquen ultraje a los símbolos; la exhibición de enseñas partidistas que menoscaben la neutralidad institucional; la exhibición de símbolos oficiales fuera de su ámbito territorial salvo su colocación ocasional como cortesía con otros Estados o comunidades en visitas oficiales o la inacción en el inicio de los procedimientos sancionadores recogidos en la ley.

El procedimiento sancionador podrá iniciarse de oficio, por acuerdo del órgano competente, por petición razonada de otro órgano o por denuncia de los ciudadanos. Los órganos competentes para incoar el procedimiento son el Consejo de Ministros en el caso de la infracción sea atribuible a ministros o secretarios de Estado; el ministro de Política Territorial y Función Pública, en el caso que afecte a altos cargos de la Administración.