Algunas votaciones parlamentarias son como una legislatura en miniatura. Es el caso de la que ha servido hoy para constituir la comisión encargada de dirimir las responsabilidades políticas del accidente en la mina de Cerredo que el pasado 31 de marzo dejó cinco trabajadores muertos y cuatro heridos y ha provocado una crisis en el Gobierno de Asturias presidido por el socialista Adrián Barbón.

El PP y Foro propusieron su creación con el apoyo de Vox y el respaldo decisivo de una diputada de la izquierda, Covadonga Tomé, ex de Podemos ahora en el Grupo Mixto por Somos, que presidirá el órgano tras haber sido propuesta por los partidos en el Gobierno de coalición: el PSOE e IU-Convocatoria por Asturias.

Todo ello ha ocurrido después de que el presidente socialista del Principado, Adrián Barbón, se haya opuesto en las últimas semanas al «circo» que en sus palabras constituye este instrumento «político-partidista» que busca «desgastar al gobierno progresista».

El pacto de la izquierda para la presidencia de la comisión, «en aras a facilitar el proceso de investigación y su desarrollo», se conoció horas antes de la votación y supuso la retirada de la candidata del socio minoritario del Gobierno, Delia Campomanes, que será la vicepresidenta. Una cesión que sella una unión de los tres partidos que se aventura imprescindible para sacar adelante el resto de la legislatura.

En el bloque de la derecha, PP y Foro han mantenido la unidad de acción parlamentaria acordada recientemente y se han abstenido, mientras que Vox ha presentado su propio candidato, Gonzalo Centeno, que no ha recogido el respaldo de ninguna otra formación.

PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y Somos «fijarán unos criterios comunes de funcionamiento, para lograr el máximo rigor en todo el proceso y que la Comisión sea un instrumento útil y respetuoso en el esclarecimiento del accidente».

La secretaría ha recaído en el popularLuis Venta. La votación para la vicepresidencia y secretaría tuvo que repetirse tres veces por empate entre las candidaturas de Luis Venta y Delia Campomanes. En estos casos el Reglamento de la Cámara dispone que en la tercera votación sea designada la persona propuesta por el grupo con mayor representación en la Junta.

Al término de la reunión de la comisión, su presidenta Covadonga Tomé ha destacado ante los medios la negociación entre las tres fuerzas «progresistas», asegurando que «cada uno cedió en lo que tocaba», informa Europa Press. Este acuerdo, ha dicho, permitirá que la comisión «sea una herramienta útil encaminada al único objetivo de esclarecer la verdad». La diputada ha indicado que la semana que viene empezará a trabajar la comisión con su primera reunión.

La dirección de la Comisión Organizadora del próximo congreso Congreso del PP estará en manos de Alfonso Serrano, número dos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y persona de su máxima confianza. De esta forma, Alberto Núñez Feijóo da un espaldarazo público a su dirigente territorial más crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez, incluso por delante de la línea oficial marcada en la cúpula nacional.

Según apuntan fuentes de Génova, la elección de Serrano se debe a su «dilatada trayectoria orgánica» y «con éxitos reconocibles». «El último, la dirección de la campaña de las autonómicas de 2023 en las que Ayuso logró mayoría absoluta y el PP subió seis escaños respecto a las elecciones adelantadas de 2021 y 34 respecto a las ordinarias de 2019», recalcan.

Además, el senador y secretario general de los populares en Madrid -donde se celebrará el Congreso del partido el 5 y el 6 de julio– tiene también experiencia en la dirección nacional, donde ha desempeñado funciones en el departamento de Organización. Amigo personal de Ayuso, en el partido se destaca el «buen maridaje» que ha hecho Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la dirigente regional.

Feijóo anunció el pasado lunes, ante los barones del PP reunidos en la Comisión Ejecutiva Nacional, su intención de adelantar el cónclave del partido -previsto para 2026- y confirmó que presentará su candidatura para seguir siendo su presidente. Salvo sorpresa mayúscula, será el único candidato. El próximo lunes en la Junta Directiva nacional se aprobará, entre otras cosas, la lista de personas que conformarán la redacción de las ponencias para renovar el ideario.

El objetivo del principal partido de la oposición con esta cita es «activar» internamente a la organización para «estar preparados» ante el nuevo ciclo electoral en el ecuador de la legislatura. La misma mañana en la que se comunicó oficialmente la convocatoria, Ayuso había pedido públicamente «acelerarlo» porque, dijo, «es la oportunidad para convencer a los españoles de que hay un proyecto alternativo al caos» del PSOE.

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a exigir la dimisión de Pedro Sánchez y que ponga fin al «esperpento» de «un Gobierno en vilo» mirando todas las noches las portadas de EL MUNDO, que está desvelando en exclusiva los mensajes que el presidente del Gobierno se escribió con su mano derecha tanto en La Moncloa como en el PSOE, José Luis Ábalos. «Ya todo lo que hemos conocido es motivo suficiente para que deje paso y que los españoles podamos hablar en las urnas», ha recalcado el líder del PP durante una visita este jueves a la Pradera de San Isidro, patrón de Madrid.

Según el dirigente al frente del partido mayoritario de la oposición, «vivimos en un culebrón donde parece ser que hay más capítulos que pueden salir en las próximas semanas o meses». Además, ha apuntado que este Ejecutivo tiene «más allegados investigados que Presupuestos Generales del Estado aprobados» ante la supuesta investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que podría implicar al secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, con la trama Koldo, según Artículo 14.

«El presidente tiene miedo por lo ha que ha hecho, tiene miedo por lo que ha dicho y cada vez vamos descubriendo más qué es lo que ha hecho y ya hemos descubierto la catadura moral de una persona que insulta de forma indiscriminada a sus compañeros», ha recalcado Feijóo en referencia a los whatsapps en los que llamaba «hipócritas» y «petardos» a los barones críticos del PSOE. «Ha escrito de más y ha gobernado de menos. España no se merece este esperpento político en el que vive desde hace un par de años», ha añadido.

Además, de recriminarle que se dedique «despreciar de forma despiadada» a sus colaboradores y a presidentes autonómicos socialistas «que ganaban las elecciones, le ha echado en cara que participara en «una decisión económica de enorme trascendencia que supone más de 475 millones de euros de dinero de los españoles en beneficio de una compañía», en alusión al rescate de Air Europa durante la pandemia.

También lo ha acusado de tener «bloqueados» los Presupuestos y «desecha» su coalición con Sumar. A lo que ha apostillado: «Debería decirle a los españoles: ‘Hasta aquí he llegado, hablen ustedes y decidan ustedes el futuro'».

Cuando se recogieron los datos, no se había generalizado en toda España la prohibición del móvil en los colegios de Infantil y Primaria y su limitación en los institutos de Secundaria, una medida que se extendió por las comunidades autónomas durante 2023 y que la OCDE considera que «puede ayudar a reducir distracciones», aunque ve «difícil» de hacer cumplir. De hecho, incluso en los países donde está prohibido el teléfono se registra de media un 29% de alumnos que lo consultan varias veces al día en horario escolar.

España, con el 33% de adolescentes haciendo mal uso durante la clase, se encuentra, en todo caso, mucho mejor que la media de la OCDE (44%). Estamos entre los cuatro países más disciplinados, junto a Japón (17%), Corea del Sur (20%) e Irlanda (28%). En el otro extremo se sitúan Estonia (60%), Lituania (54%), Eslovaquia (53%) o Polonia (52%).

El informe indica que en la inmensa mayoría de los territorios, los estudiantes de entornos socioeconómicos desfavorecidos son más propensos a dejarse las notificaciones encendidas en clase. «Posiblemente es porque van a colegios sin medidas específicas sobre el uso de los móviles», apunta el informe, que muestra que estos estudiantes con menos recursos también son los que tienen más dificultades para proteger su privacidad en los dispositivos y para utilizarlos con fines de aprendizaje, así como los más propensos a abusar de los videojuegos y a compartir más contenidos inapropiados.

Igualmente, tienden a tener antes su primer teléfono inteligente. El 60% ya recibe el móvil antes de los 10 años, frente al 42% de los de clase media y frente al 27% de clase alta. La media española es del 45%, una de las más bajas de los países analizados (a esa edad ya están conectados el 98% de los niños finlandeses, el 96% de los lituanos y el 94% de los daneses).

España no sale bien parada en cuanto a la proporción de adolescentes que han recibido mensajes con contenidos discriminatorios (el 63%) o inapropiados para su edad (el 40%). A cambio, es el país con menor proporción de niños que dicen haber sido víctimas de ciberacoso a los 11 años (3%), a los 13 años (3%) y a los 15 años (el 2%) y también el que menos agresores digitales reporta (el 3%).

También destaca para bien porque hay pocos alumnos que hacen un uso compulsivo de las pantallas (sólo el 14% de los adolescentes admite que siente ansiedad si no tiene su teléfono a mano) y el tiempo de uso no es muy elevado (39 horas a la semana de media) si se compara con el resto de países (hasta 62 horas en Italia).

La asesora de La Moncloa que asiste a Begoña Gómez estuvo en numerosas reuniones relacionadas con la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y abordó gestiones sobre pagos.

El juez Juan Carlos Peinado citó ayer como testigos a representantes de empresas tecnológicas que colaboraron con Gómez en la elaboración de un plataforma vinculada al máster que dirigía. El primero en declarar fue el jefe de Proyecto de Google, que explicó que mantuvo decenas de reuniones con Begoña Gómez y precisó que la asesora, Cristina Álvarez, estuvo presente en entre 10 y 15 de los encuentros. Añadió que con Álvarez mantuvo, ya individualmente, llamadas relacionadas con los pagos a algunos socios de Google en el proyecto.

También testificaron Miguel Escassi, responsable institucional de Google; Luis Abril Mazuelas, responsable de Minsait y director general de Indra; y Rosauro Varo, del Consejo Asesor de Telefónica. Las preguntas del magistrado se dirigieron a certificar que los trabajos de sus compañías eran para la Complutense, no para Begoña Gómez.

Al margen de la posible apropiación indebida de esos trabajos por parte de Gómez, el juez Peinado indaga específicamente si la asesora ejercía tareas eminentemente privadas para la esposa del presidente, relacionadas con su vida profesional. A juicio del instructor, podría suponer un delito de malversación.

Las reuniones y las llamadas referidas a ciertos pagos se sumarían a correos incorporados a la causa referidos al máster en los que la asesora era destinatarias. También consta en las diligencias un correo en el que, a petición de Begoña Gómez, la Álvarez plantea a Reale Seguros que siga adelante con el patrocinio de la cátedra, de la que se había desvinculado. La defensa de la asesora sostiene que estas actuaciones encajan en las tareas de acompañamiento y asistencia de la asesora y no son irregulares.

Sobre la contratación, el juez había citado ayer a dos cargos de La Moncloa, uno como testigo y otro como investigado. Este último, el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Su paso ante el instructor fue fugaz: le hizo saber que ha recurrido su imputación y que solo iba a responder a su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado. En apenas un minuto, indicó que no había tenido relación con la contratación y que tampoco disponía de elementos para cuestionar su legalidad o considerar que había ejercido funciones ajenas a su cargo. Y precisó que él llegó a La Moncloa en 2021, tres años después de a contratación de la asesora.

Antes había comparecido Raúl Díaz Silva, coordinador de Personal de La Moncloa. Aunque como testigo él si estaba obligado a responder a todas las partes y todas las preguntas, su declaración no fue más fructífera que la del delegado del Gobierno. De hecho, el juez suspendió la diligencia y volvió a convocarle para el día 28, dándole tiempo así para buscar la información que le reclamaba: quién había redactado la respuesta al juzgado que recogía las funciones de la asesora. El documento lo firmaba el testigo, pero no lo había redactado él materialmente, ni ayer sabía quién lo había hecho.

Ese documento en el que se centró el juez establecía que «la empleada pública de Presidencia de Gobierno, Dña. María Cristina Álvarez Rodríguez, desempeña tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo en el marco de la atención a la esposa del Presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza».

Emiliano García-Page ha certificado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía una vinculación muy notable con José Luis Ábalos. Que mientras el ex ministro de Transporte incurría en actividades que ahora se está investigando judicialmente, el también ex número 2 del PSOE «estaba en el núcleo duro del presidente». Y que, en definitiva, «durante muchísimo tiempo» Ábalos «era uña y carne con Pedro Sánchez», tal como revelan los mensajes entre ambos que ha publicado EL MUNDO.

«No es ni bueno ni malo. Incluso se puede tener mucha confianza y sentirse o ser engañado. No quiero con ello llegar más lejos, pero lo cierto y verdad es que sí han tenido muchísima coincidencia y mucha complicidad, hasta el punto de poder hablar en los términos que hablan de la gente y de las cosas», ha señalado el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.

García-Page ha participado en una reunión en el marco del Comité de las Regiones, y después de ese evento ha atendido a los medios para explicar su intervención pero, sobre todo, para ofrecer su punto de vista y opinión de lo que trasladan los mensajes que este periódico está publicando. No sólo los mensajes literales sino, también, lo que «esconden» esas palabras. «Una forma diferente de entender el modelo de país y de entender los límites de la política. No vale todo en política, no debería valer. Y no vale cualquier socio, no vale cualquier política, no vale cualquier decisión. Hay principios que no son negociables bajo ningún concepto», ha añadido el barón socialista, retomando así una crítica muy habitual hacía Sánchez: su alianza con Bilbu y con el independentismo catalán.

«¿Cuáles deben ser y cuáles nunca deben ser los aliados y los compañeros de viaje? Pero en este caso es evidente que discrepo del presidente del Gobierno, aunque comparto muchas otras cosas de la acción del gobierno, aunque eso es menos noticia, lógicamente, pero lo mantengo. Y en el fondo, si uno sigue la línea argumental desde el 2015 hasta ahora, ya son diez años. Ese es el leitmotiv que mueve mis opiniones públicas y la que está en el fondo también de las tensiones que se han ido produciendo entre la dirección nacional y algunos territorios, y particularmente los que tenemos el honor de ser presidentes», ha proseguido.

Horas antes de su comparecencia en Bruselas, García-Page ha manifestado en una entrevista en Antena 3 que nadie de la dirección del PSOE lo ha llamado ni tampoco lo espera después de que EL MUNDO haya publicado los mensajes que Pedro Sánchez le mandó en 2020 y 2021 a su entonces hombre fuerte en el Gobierno y en Ferraz, José Luis Ábalos, para que tratara de controlar a los barones críticos y, en concreto, que el presidente de Castilla-La Mancha dejara de «tocar los cojones».

«Yo intento ser coherente y sincero: en los partidos no estamos llamados a ser hermanos ni a querernos, somos personas que nos juntamos en torno a unos ideales y unos propósitos y unos objetivos políticos», ha afirmado este miércoles el dirigente socialista aludido. «En ese contexto unos se llevarán mejor, otros peor. Es absurdo hacer ficción. Yo no quiero ser un impostor», ha remarcado.

Page ha vuelto a incidir en que, «más allá de los arabescos» acerca de si se ha utilizado «una palabreja u otra» en una conversación privada, existe una «tensión latente» desde 2015 con Sánchez por «cuestiones muy de fondo»: «Sobre qué PSOE tenemos y qué estamos dispuestos a consentirnos a nosotros mismos (…); si el PSOE está en una centralidad constitucional en la que tiene límites, tiene claro con quién no pactar y, sobre todo de qué no pactar, o simple y llanamente gobernar con un listón muy bajo de exigencia».

«Lo que me importa es que no son por aspectos personales, de que me han hecho una faena, que también se produce muchas veces en la política», ha agregado el presidente castellanomanchego en cuanto a sus discrepancias con la cúpula de Ferraz. «Aquí todos hemos sufrido fango interno. Cuando se habla del fango que nadie se equivoque: hay más fango en los partidos que en la sociedad española. A veces tienes que tener más cuidado con los propios que con los ajenos», ha remarcado.

Tras las exclusivas de este diario, el ex ministro ha comunicado a un periodista de La Sexta se siente «dolido, incómodo» y «un mono de feria» por tantas filtraciones sobre su persona a raíz del caso Koldo. También ha acusado que nadie en el Gobierno haya tenido empatía con él: «Soy el mono de feria, la pelota a la que todos pegan, he aguantado muchas mentiras sobre el parador de Teruel, ahora el de Sigüenza, sobre el catálogo», ha indicado el exministro, que considera que siguen «escarbando» porque no tienen «nada» contra él.

En este sentido, el ex número dos del presidente Sánchez ha explicado que los mensajes se encontraban en uno de los discos duros que custodiaba para posteriormente escribir sus memorias, proyecto para el que tres editoriales se habían puesto en contacto con él. «Eso es historia de España, por eso los guardaba», ha defendido.

En la misma línea, ha sostenido que él siempre ha guardado lealtad hacia Sánchez, aunque también se ha quejado de que lleva 17 meses aguantando filtraciones y bulos contra él e insiste en que la Policía le vigilaba antes de que el Congreso aprobara su suplicatorio. Por tanto le da igual que le acusen de estar detrás de las revelaciones.

Sí se desvincula por completo de la publicación del resto de las conversaciones, en concreto las que se desarrollan durante el año 2021. En el verano de ese año Sánchez le destituyó como ministro aunque, según los mensajes revelados por este diario, retomó el contacto con él poco después, en el mes de noviembre.

Ábalos subraya que todo el mundo se reía con las informaciones que afectaban a su intimidad y ahora se escandalizan ante estas nuevas informaciones. En todo caso, sostiene que los mensajes publicados por EL MUNDO son «una chorrada» y lo único que demuestran es la confianza que le tenía el presidente del Gobierno.

Cinco asociaciones judiciales y fiscales han emitido este miércoles un comunicado conjunto contra las dos últimas reformas judiciales impulsadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños: el proyecto de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales afirman que las reformas impulsadas por el Gobierno suponen «un serio retroceso en Estado de Derecho» al propiciar un «acceso arbitrario a la judicatura, restringir la participación democrática en órganos de gobierno y someter instancias clave a criterios partidistas».

En opinión de estos colectivos, «se pone en riesgo la independencia judicial» ya que se va a acometer «una reforma estructural, de gran calado, que afecta gravemente a principios constitucionales, como la igualdad, el mérito y la capacidad en el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como al propio Estado de Derecho, la separación de poderes y, especialmente, a la independencia judicial.

Jueces y fiscales creen que el nuevo modelo de acceso a la carrera judicial o la creación de un centro público de formación de opositores, dependiente del Ministerio de Justicia «conlleva un evidente riesgo de control ideológico». Critican «la eliminación de un examen oral (la parte procesal) en el turno libre para sustituirlo por un dictamen práctico eliminatorio» que creen que rebaja «las exigencias de conocimiento» lo que «supone una vuelta atrás de 30 años», así como «un incremento de la subjetividad en la evaluación de los jueces y fiscales».

Asimismo, recalcan que la nueva regulación del llamado «cuarto turno», un concurso-oposición sin límite máximo de plazas y reconociendo una antigüedad ficticia de cinco años desde el ingreso, «posibilita un acceso discrecional arbitrario y perjudica grave y caprichosamente a quienes superan la oposición por el turno libre».

En definitiva, estas asociaciones denuncian una «deriva compromete directamente el derecho de la ciudadanía a una justicia profesional, imparcial e independiente, tal como exige el respeto a los estándares constitucionales».

El gran apagón y un nuevo caos ferroviario encuentran un reflejo en el CIS que dirige José Félix Tezanos, que ha reducido la distancia entre el PP y el PSOE, aupando 3 puntos a los populares con respecto al mes anterior. Según vaticina el organismo público, los de Alberto Núñez Feijóo levantarían cabeza tras haber alcanzado su suelo en este tipo de sondeos (26,1%) el mes pasado, y remontando ahora hasta el 29,3% en intención de voto… mientras el PSOE se mantendría a la cabeza de la encuesta con el 32%.

El momento de mayor vulnerabilidad mostrado por el país, cuando el cero energético dejó a España entera sin luz el pasado 28 de abril, no le ha pasado demasiada factura al Gobierno de Pedro Sánchez. En este tiempo el PSOE sólo habría perdido seis décimas. Aún así, entre el 5 y el 8 de mayo -fechas en las que se realizó el sondeo de este mes-, gracias a los medios ya se conocía que la red mostró oscilaciones críticas antes del blackout y que Red Eléctrica había advertido de los riesgos que conllevaba el exceso de renovables. Para más inri, otro caos ferroviario bajo los mandos del ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado 4 de mayo evidenció, según el PP, el «colapso» del Ejecutivo. Así, tras el desorden administrativo, Tezanos ha castigado a los socialistas recortando las distancias con el PP: 2,7 puntos de distancia les separarían hoy, frente a los 6,5 del mes anterior.

Parte de la ganancia del PP se debe al punto y medio que según Tezanos habría perdido Vox. Tras adjudicar una importante crecida a los de Abascal hace 30 días, en mayo caen hasta el 13,7% en intención de voto. Destino similar se le atribuye a la formación del agitador Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta (SALF), que en mayo sólo se haría con el 1,5% de las papeletas. Se habría dejado cuatro décimas por el camino tras unos meses de estancamiento, acusando cierto desgaste que conduce hasta el Tribunal Supremo, donde ya hay tres causas abiertas contra el eurodiputado.

Otra novedad con respecto al mes pasado sería un ligero repunte de Podemos (4,3%) que abanderando el no a la guerra -cosa que Sumar no ha sabido o querido aprovechar, teniendo en cuenta el espacio político que buscan ocupar-, habría recogido los votos que se le escaparían al PSOE tras sus contratos con Israel. Es más, inmersos en su particular juego de la soga con Sumar, se beneficiarían también del casi imperceptible descenso de los de Yolanda Díaz en el último mes.

La coalición minoritaria en el Ejecutivo español lograría mantenerse en torno al 6,1% en intención de voto, perdiendo apenas una décima, tras haberse dejado 1,4 puntos el mes anterior. La carrera entre ambas formaciones continúa reñida, recortando los morados la distancia con Sumar: si los segundos llevaban una ventaja de 2,2 puntos en abril, este mes es sólo de 1,8 puntos.

Con respecto a otras formaciones, se produciría un trasvase de votos entre EH Bildu y el PNV. Estos últimos se beneficiarían de una bajada de dos décimas de los abertzales, que se quedan con el 0,8% de los votos frente al 1,1% que ganarían los jeltzales; cifras invertidas si miramos el mes anterior cuando los datos eran de 1,0% y 0,7%, respectivamente. ERC caería una décima hasta el 1,6% en intención de voto mientras que Junts se estancaría en el 1,1%, así como el BNG (1,0%) y UPN (0,1%).

Las acusaciones populares reclaman tres años de cárcel al hermano de Pedro Sánchez y que devuelva lo cobrado en la Diputación de Badajoz. Así consta en el escrito de acusación remitido este miércoles en el juzgado que investiga la creación de su plaza en ese organismo.

El escrito atribuye a David Sánchez un delito de prevaricación y dos delitos continuados de tráfico de influencias en concurso con prevaricación, relacionados con su puesto de trabajo y el creado posteriormente para un asesor de La Moncloa con el que ya colaboraba.

Las penas reclamadas para el hermano del presidente del Gobierno suman tres años de prisión (dos penas de un año y medio) y 12 de inhabilitación, así como diversas multas. En el apartado de responsabilidades civiles, y al margen de las multas, se pide que Sánchez y el asesor devuelvan los salarios cobrados en la diputación.

La acusación popular agrupa, bajo la coordinación de Manos Limpias -que fue quien presentó la querella por la que se abrió el procedimiento-, a Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa, Vox y Abogados Cristianos.

El escrito se presenta al vencerse el plazo de 10 días que dio la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, en el auto en el que concluyó que había indicios suficientes para sentar en el banquillo a David Sánchez y otros 10 investigados.

La lista de acusados incluye al presidente de la diputación y líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. Las acusaciones piden para él tres años de cárcel, 27 de inhabilitación y multas. En cuanto a Luis María Carrero, el asesor de La Moncloa que era amigo de David Sánchez y que se fue a trabajar a Badajoz tras generarse una nueva plaza en la Diputación, la petición es de año y medio de prisión, seis de inhabilitación y multa.

Las acusaciones populares consideran, en la línea de la juez, que en 2016 Gallardo y otros cargos «decidieron la creación de un puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz que acabó denominándose Coordinador de las Actividades de los Conservatorios con el claro objetivo de que el mismo fuera ocupado por David Sánchez Pérez-Castejón, quien en ese momento carecía de trabajo estable, y a petición, seguramente, de persona o personas de su entorno o relacionadas con el mismo que conocían dicha necesidad».

Tras la creación de la plaza de Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música, considerada «innecesaria» por los investigadores (primer delito), llegó la modificación del puesto de trabajo (segundo delito) para adaptarlo a las preferencias del hermano del presidente del Gobierno. La nueva denominación fue de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.