El pasado martes se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga el esperado Debate del Estado de la Ciudad, un encuentro que no tuvo lugar durante los últimos tres años. El alcalde, Francisco de la Torre, inauguró la sesión abordando una de las cuestiones más urgentes para los malagueños: la escasez de viviendas asequibles. En su discurso, De la Torre desveló un ambicioso plan de choque que promete abordar este problema estructural a través de un conjunto de medidas concretas y efectivas.
El plan anunciado por el alcalde se fundamenta en un decálogo de medidas que sigue la nueva ley urbanística andaluza (LISTA). Entre las acciones más destacadas se encuentra la sustitución del actual PGOU por un nuevo marco legal que permitirá destinar suelos rústicos a la construcción de viviendas protegidas y asequibles. Esta iniciativa representa un cambio significativo en la política de ordenación del territorio, un proceso que podría prolongarse durante tres años, pero que busca soluciones a largo plazo.
Además, se contempla el desbloqueo de suelos urbanos consolidados y no consolidados, lo que facilitará la creación de viviendas sin la necesidad de complicados planes parciales, simplificando así los trámites y acelerando la urbanización de sectores necesarios. Esto abre la puerta a la construcción de miles de viviendas protegidas en áreas estratégicas como Campanillas y Santa Rosalía.
De la Torre enfatizó la importancia de la gestión pública directa, indicando que se enviará al consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo la aprobación de un borrador de convenio para adquirir terrenos en el sector Soliva Oeste, que podría albergar hasta mil viviendas protegidas. Asimismo, se abordará la gestión pública indirecta mediante la selección de un agente urbanizador para el desarrollo de suelos en el sector Ferrocarril del Puerto, un proyecto que devolverá al municipio terrenos en desuso y que se espera que contribuya a la oferta de vivienda en Málaga.
En el camino hacia la ejecución de estas medidas, el alcalde también se comprometió a reducir los plazos de gestión urbanística, algo que representa un hito en la lucha contra la burocracia que ha limitado el crecimiento urbanístico de la ciudad. El modelo de estatutos y bases para juntas de compensación, que entrará en vigor en breve, promete acortar los trámites necesarios para los desarrollos urbanísticos.
Este debate no solo marca el retorno de un espacio de diálogo y reflexión sobre el futuro de Málaga, sino que también expresa el compromiso del Ayuntamiento por responder a una de las demandas más apremiantes de la sociedad: la necesidad de más vivienda. Las medidas propuestas en el plan de choque son un rayo de esperanza para muchos malagueños que buscan soluciones accesibles en un mercado inmobiliario cada vez más complicado. Mientras los ciudadanos espera con interés la implementación de estas iniciativas, el alcalde dejó claro que es hora de actuar y dejar de esperar: «Si los propietarios de suelo paralizado no dan el paso, lo tendremos que dar nosotros».
El retorno del Debate del Estado de la Ciudad en Málaga y el anuncio de un plan de choque para la vivienda son, sin duda, pasos significativos hacia la resolución de una de las crisis más acuciantes que enfrentan los ciudadanos: la falta de vivienda asequible. Sin embargo, es esencial abordar este tema con una mirada crítica y evaluar la viabilidad y sinceridad de las propuestas presentadas por el alcalde Francisco de la Torre. Aunque el decálogo de medidas parece ambicioso, la historia reciente de Málaga está repleta de iniciativas similares que, a pesar de su promesa de transformación, no han logrado materializarse debido a obstáculos burocráticos y a la falta de voluntad política por parte de algunos propietarios de suelo. Este nuevo esfuerzo no solo debe ser transparente en su implementación, sino que también necesita garantizar que las viviendas realmente estén al alcance de quienes las necesitan, evitando que caigan en manos de especuladores inmobiliarios que desvirtúan el propósito de las políticas públicas.
Además de las medidas estructurales, es crucial que el Ayuntamiento no pierda de vista la importancia de involucrar a la ciudadanía en el proceso de planificación urbana. La gestión pública directa puede ofrecer soluciones rápidas, pero sin un diálogo real con los malagueños, corre el riesgo de implementarse de forma espuria, desconectada de las verdaderas necesidades de la comunidad. El compromiso de ‘actuar y dejar de esperar’, aunque esperanzador, requiere de una ejecución eficaz y de un seguimiento riguroso. Para que este plan de vivienda no se convierta en otro titular vacío, es fundamental establecer plazos claros y mecanismos de rendición de cuentas que garanticen la responsabilidad del gobierno municipal en la ejecución de estas promesas. La situación actual exige no solo respuestas, sino soluciones concretas y efectivas que transformen la realidad habitacional de Málaga en el menor tiempo posible.
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