En un esfuerzo por abordar el grave problema del desperdicio alimentario y la vulnerabilidad social en la provincia, la Diputación Provincial de Málaga ha presentado hoy el innovador plan ‘Málaga no caduca’. Este ambicioso proyecto, anunciado durante la sesión plenaria de marzo, busca optimizar la distribución de excedentes alimentarios provenientes de hoteles, restaurantes y empresas de catering, canalizándolos hacia familias en situaciones de riesgo.
El programa cuenta con un financiamiento de 9,9 millones de euros durante un período de cinco años, y se enmarca dentro de un contrato de impacto social que establece que los pagos se realizarán en función de los resultados obtenidos. Este enfoque innovador permite que los inversores sociales asuman el riesgo financiero si los objetivos establecidos no se cumplen. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha destacado que esta iniciativa representa un cambio significativo en la forma de abordar los problemas sociales, promoviendo la colaboración entre diversas entidades públicas y privadas.
La empresa Menexpres S.A., especializada en servicios de mensajería, será la encargada de recoger y distribuir los alimentos donados a Bancosol, con un total de 8,1 millones de euros asignados. Por su parte, la compañía Upsocial Outcomes Partnerships S.L. se enfocará en la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, recibiendo 1,1 millones de euros, mientras que Cruz Roja Española desarrollará acciones para combatir la soledad no deseada, con 793.250 euros destinados a tal fin.
‘Málaga no caduca’ no solo aborda el desperdicio de alimentos, sino que también integra un enfoque sistémico que busca mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. El proyecto incluye un componente de intervención interdisciplinar que precisa de la mejora de las condiciones alimenticias y aspira a facilitar la reintegración al mercado laboral, así como a prevenir el aislamiento social, especialmente entre la población mayor y aquellas personas dependientes.
Para garantizar una ejecución efectiva de este programa, se desarrollará una plataforma tecnológica que facilitará la conexión entre todos los participantes: las administraciones públicas, el sector privado y los beneficiarios. Este sistema no solo optimizará la gestión de las donaciones de alimentos, sino que también se asegurará de que las ayudas lleguen a quienes realmente lo necesitan, simbolizando un paso adelante hacia una sociedad más equitativa y solidaria.
El apoyo a esta iniciativa proviene de una colaboración amplia, que incluye a la Universidad de Málaga, la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), junto con organizaciones como los Bancos de Alimentos y los sectores hotelero y hostelero. Este esfuerzo conjunto refuerza la importancia de la colaboración en la lucha contra la pobreza y el desperdicio, uno de los grandes retos de nuestro tiempo.
Con la promesa de ser el primer contrato de impacto social en España que aborda el desperdicio alimentario y la exclusión social de manera tan integral, ‘Málaga no caduca’ representa una luz de esperanza para miles de familias malagueñas. Las autoridades locales esperan que este modelo se replique en otras regiones del país, sentando un precedente en la lucha contra el desperdicio y en la promoción de un futuro más sostenible e inclusivo.
El plan ‘Málaga no caduca’ representa un paso significativo en la lucha contra el desperdicio alimentario y la exclusión social; sin embargo, es crucial evitar caer en el optimismo desmedido. Si bien la idea de canalizar excedentes alimentarios hacia familias vulnerables es digna de alabanza y muestra un compromiso con la equidad social, la pregunta que persiste es: ¿realmente se está abordando la raíz del problema? La dependencia excesiva de la colaboración entre sectores público y privado podría ser insuficiente si no se establecen estructuras permanentes que garanticen la sostenibilidad de este modelo a largo plazo. La iniciativa podría terminar siendo un parche temporal en lugar de una solución duradera ante una crisis alimentaria y social que requiere un enfoque más profundo y transformador.
Adicionalmente, la implementación de una plataforma tecnológica para optimizar la gestión de donaciones es, sin duda, un avance positivo aquí, pero plantea también interrogantes sobre la privacidad y la accesibilidad de los datos. Es imperativo que la transparencia y la ética en el manejo de información sean prioridades, particularmente cuando se trata de beneficiar a poblaciones vulnerables. Asimismo, es fundamental no perder de vista el impacto real que tendrán estas medidas en la vida de las personas a quienes se intentan ayudar. La auténtica medida del éxito de ‘Málaga no caduca’ no se podrá ver en los números de alimentos redistribuidos, sino en la mejora tangible de la calidad de vida de aquellas familias que aún luchan en la sombra de la sociedad. Un verdadero compromiso con la inclusión social debe ser el núcleo de cualquier política que aspire a tener un impacto significativo.
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