La movilidad sostenible en Málaga está a punto de dar un giro radical. En un anuncio impactante durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, el alcalde Francisco de la Torre declaró el inicio del procedimiento administrativo que podría culminar en la prohibición de estacionar para siete empresas de alquiler de patinetes eléctricos y bicicletas compartidas. Esta medida, que ha generado revuelo en el ámbito local, responde a un clima de incumplimientos que ha puesto en jaque la convivencia en las calles de la capital costasoleña.
Las empresas afectadas, que incluyen nombres conocidos como Dott, Bolt y Lime, enfrentan un proceso que podría desactivar sus operaciones en Málaga a raíz de un exhaustivo análisis de la Área de Movilidad, liderada por la concejala Trinidad Hernández. Este diagnóstico ha revelado que, de las siete empresas, seis han sido señaladas por no cumplir con las condiciones de autorización otorgadas en diciembre de 2022. La Policía Local ha respaldado esta decisión con una investigación que ha determinado múltiples infracciones relacionadas con el mal estacionamiento y la gestión de sus vehículos, una problemática que ha proliferado en los últimos años.
Desde 2020 hasta el inicio de 2024, se impusieron 10.386 multas a patinetes eléctricos en la ciudad, un dato que pone de manifiesto la disconformidad de la ciudadanía con la gestión de estos servicios. Más de la mitad de estas sanciones se han centrado en el estacionamiento incorrecto, lo que ha suscitado interrogantes sobre la responsabilidad que recae en las empresas, que deberían velar por el correcto uso de sus vehículos por parte de los usuarios.
La revocación de permisos, planteada por el Consistorio, no solo amenaza la continuidad de las empresas, sino que también abre un debate más amplio sobre el futuro de la movilidad urbana en Málaga. La administración local tiene la potestad de actuar sin indemnización o compensación a los titulares de estos permisos, mostrando su firme intención de priorizar el interés público. La medida se alinea con una tendencia más amplia, donde las ciudades luchan por encontrar un equilibrio entre la innovación en métodos de transporte y la necesidad de mantener el orden en las vías públicas.
Las reacciones no se han hecho esperar; tanto usuarios como empresarios del sector están pendientes de cómo se desarrollará este proceso y si las empresas tendrán realmente la oportunidad de presentar un último recurso en el plazo de diez días estipulado. La situación promete ser un campo de batalla en el que cada parte involucrada tendrá que dar respuesta a un contexto de cambio constante en el que la movilidad urbana se enfrenta a múltiples retos.
En este panorama, el reto está en encontrar un modelo que favorezca tanto el uso de los vehículos de movilidad personal como la seguridad y comodidad de todos los ciudadanos. Con las preocupaciones sobre el aumento de siniestros –donde los patinetes son responsables del 5% de ellos, siendo en un 83% el conductor quien provoca el incidente–, la normativa se hace más que necesaria. El futuro de los patinetes eléctricos en Málaga pende de un hilo, a medida que el Consistorio busca asegurar que el orden y la sostenibilidad sean los pilares de una movilidad en la que todos puedan coexistir.
La reciente decisión del Ayuntamiento de Málaga de poner en jaque a las empresas de alquiler de patinetes eléctricos y bicicletas compartidas no solo es un llamado de atención sobre el incumplimiento de las normativas, sino también una clara necesidad de revaluar cómo estamos priorizando la movilidad sostenible en nuestras ciudades. Si bien es indudable que el mal estacionamiento y la gestión deficiente de los vehículos han creado tensiones en el entorno urbano, la respuesta drástica de limitar estos servicios podría generar un efecto contrario al deseado: en lugar de fomentar alternativas sostenibles, se corre el riesgo de retroceder hacia un modelo de transporte menos eficiente y más contaminante. Es crucial que la administración no solo actúe con mano dura, sino que también implemente un enfoque más integral que incluya la colaboración con las empresas para establecer normativas claras y sostenibles.
A la par, el hecho de que se hayan impuesto más de 10.386 multas en un corto período demuestra una evidente desconexión entre las expectativas de los usuarios y la oferta actual de movilidad. Sin embargo, más allá de castigar las infracciones, es imperativo que la ciudad desarrolle un marco normativo adecuado que administre el uso de estos vehículos sin sacrificar la viabilidad de las empresas que cumplen con los requisitos. En este contexto, el reto consiste en hallar un equilibrio que garantice el uso responsable y ordenado de los patinetes eléctricos, a la vez que se respeta el derecho de los ciudadanos a disfrutar de calles seguras y accesibles. La verdadera victoria en la movilidad urbana será aquella que convoque al diálogo entre todos los actores implicados, buscando soluciones que sean inclusivas y respetuosas del espacio compartido que es la ciudad.
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