La Coordinadora 8 de Marzo de Málaga está lista para presentar mañana ante la Audiencia Provincial de Málaga un escrito que arroja luz sobre lo que consideran una alarmante “justicia patriarcal” que permea los órganos judiciales. Este acto se inscribe en una serie de protestas y actividades que el movimiento feminista ha organizado en la ciudad como parte de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el 8 de marzo.
En el documento dirigido a la presidenta de la Audiencia, Lourdes García Ortiz, las feministas de Málaga sostienen que el sistema judicial sigue operando bajo premisas que favorecen al hombre, un fenómeno que perpetúa la desigualdad y marginación de las mujeres en múltiples ámbitos. «El hombre ocupa el espacio público y privado en situación de privilegio. Las mujeres han de luchar por obtener aquello que a ellos les es otorgado solo por nacer con sexo masculino», señalan en el escrito, subrayando la necesidad de revisar las estructuras que sostienen esta realidad.
La Coordinadora 8M enfatiza que el enfoque patriarcal afecta no solo la vida cotidiana de las mujeres, sino también cómo se interpretan y aplican las normativas legales. En su análisis, el sistema judicial a menudo se encuentra desprovisto de la formación en género necesaria para proporcionar un trato justo a las víctimas de violencia machista, lo que resulta en “sentencias injustas” y revictimizaciones. “Las mujeres, en vez de ser reparadas, somos cuestionadas y negadas, recibiendo violencia institucional de quien debería protegernos”, señalan en su denuncia.
El caso de Lina, una víctima asesinada en Benalmádena el pasado 9 de febrero tras haber solicitado una orden de alejamiento a su agresor, se convierte en un ejemplo emblemático de la falta de protección y eficacia del sistema judicial. La denegación de esa orden de alejamiento ha sido calificada por la organización como “un grave error judicial”, reflejando las fallas sistemáticas que propician el desprecio por la vida de las mujeres.
El mensaje presentado por la Coordinadora 8M es claro y rotundo. Las feministas demandan la implementación de formación obligatoria y evaluable en perspectiva de género para todos los miembros del sistema judicial. Esto incluiría la creación y ejecución de protocolos que consideren de manera integral la atención a las víctimas de violencia machista en cada etapa del proceso legal. “Es imperativo que las víctimas cuenten con apoyo psicológico y espacios seguros para declarar”, añaden. Además, abogan por la revisión de los criterios para la concesión de órdenes de protección, exigiendo que las teorías machistas, como la creencia en denuncias falsas o el síndrome de alienación parental, sean erradicadas del discurso judicial.
La Coordinadora 8M resalta que, según el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas, la mitad de las denuncias recibidas corresponden a violencia en el ámbito judicial, un hecho que pone de manifiesto la crisis de confianza en el sistema judicial por parte de las mujeres. “Solo el 8% de los casos de violencia machista llegan a la justicia, lo que evidencia que esta se encuentra muy lejos de ser un refugio seguro para quienes han sufrido violencia”, concluyen, reafirmando su compromiso por un cambio sustancial en la justicia que permita visibilizar y proteger los derechos de todas las mujeres.
La denuncia presentada por la Coordinadora 8M de Málaga ante la Audiencia Provincial de Málaga pone de manifiesto una alarmante realidad: la persistencia de un sistema judicial que, en múltiples ocasiones, actúa como perpetuador de la injusticia patriarcal. Esta intolerable situación no se limita a la esfera de las sentencias, sino que se extiende a una cultura arraigada que cuestiona a las víctimas en lugar de protegerlas. La referencia al caso de Lina, quien no recibió la protección adecuada tras solicitar una orden de alejamiento, subraya la falta de eficacia del sistema y plantea la urgente necesidad de una reforma que garantice la seguridad de las mujeres en las instancias que deberían ser refugios de justicia, y no terrenos de revictimización. Aquí, la crítica debe ser clara: no basta con señalar las incoherencias; se requiere un abordaje integral que contemple la formación en perspectiva de género como un pilar fundamental del sistema judicial.
Las exigencias de la Coordinadora 8M son justas y, de hecho, vitales. La implementación de programas de formación obligatoria en género para todo el personal judicial podría transformar la manera en la que se interpretan y aplican las normativas legales. Sin embargo, la clave no reside únicamente en la formación, sino en una revisión completa y crítica de los protocolos existentes. La judicialización de la violencia de género no puede seguir basándose en creencias arcaicas, sino que debe integrar un enfoque que visibilice las realidades de las víctimas. Así, el trabajo de la Coordinadora se convierte no solo en un clamor por cambio, sino en un llamado a la reflexión colectiva sobre cómo construir un sistema de justicia verdaderamente equitativo, en el que el derecho a la vida y la dignidad de las mujeres sean inalienables y reconocidos en cada rincón de la sala judicial.
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