El eco de las investigaciones por corrupción ha resonado con fuerza en la Costa del Sol. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha elegido Málaga como escenario para alzar la voz contra las prácticas corruptas y reclamar un fortalecimiento del Estado, durante un desayuno organizado por SUR y patrocinado por Unicaja. En un momento de turbulencias políticas y económicas, sus palabras han resonado con especial intensidad entre los empresarios malagueños, ávidos de estabilidad y transparencia.
El presidente de la CEOE no ha titubeado al señalar la gravedad de los recientes escándalos que salpican al Gobierno central. «Lo que está pasando es muy preocupante», sentenció Garamendi ante un nutrido grupo de empresarios, políticos y representantes de la sociedad civil malagueña. La corrupción, a su juicio, no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que también daña la imagen de España como destino de inversión. «Los inversores dicen: pero esto qué es», lamentó, evidenciando el impacto negativo que la falta de transparencia puede tener en la economía local y nacional.
Garamendi fue tajante al rechazar las acusaciones generalizadas contra el empresariado, tras las palabras de la ministra Yolanda Díaz. «No admito que nos llamen corruptores», afirmó, argumentando que el poder de corromper reside en quienes ostentan cargos públicos, no en el sector privado. El señalamiento de Acciona y el despido de su responsable de construcción evidencian, según Garamendi, una cortina de humo para desviar la atención de las verdaderas responsabilidades.
Ante esta situación, Garamendi ha propuesto una serie de medidas para fortalecer la lucha contra la corrupción. La primera, pasa por reforzar el Estado, garantizando concursos públicos transparentes y un funcionariado de alto nivel seleccionado por méritos y capacidad. «Hay que fortalecer el Estado y hay medios para hacerlo», instó. La segunda, por promover grandes acuerdos entre los partidos políticos, especialmente en áreas estratégicas como la Defensa. «Creemos que estamos en un momento en que se necesitan grandes acuerdos», insistió, apelando al sentido de Estado y a la responsabilidad de los líderes políticos.
El mensaje de Garamendi ha sido respaldado por Javier González de Lara, presidente de la CEA, quien ha denunciado la «imagen desfigurada» que se intenta trasladar de los empresarios. En un contexto marcado por la incertidumbre y la desconfianza, el empresariado malagueño clama por un Estado fuerte, una política transparente y acuerdos que permitan construir un futuro más próspero para la provincia y para España. «Se nos culpabiliza a los empresarios de casi todo ahora en este país», denunció González de Lara.
Málaga, con su pujante economía y su atractivo para la inversión extranjera, no es ajena a las consecuencias de la corrupción. La falta de transparencia y la inestabilidad política pueden frenar el crecimiento y dañar la reputación de la ciudad como destino de negocios. Por ello, las palabras de Garamendi han resonado con fuerza en la comunidad empresarial malagueña, que reclama medidas urgentes para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica. Los empresarios, junto a los ciudadanos de Málaga, esperan que este llamamiento a la responsabilidad y al sentido de Estado no caiga en saco roto.
La vehemencia de Garamendi, clamando por un Estado fuerte desde Málaga, deja un regusto agridulce. Si bien su llamado a la transparencia y a los acuerdos transversales resuena con lógica en un contexto salpicado por la corrupción, resulta ingenuo pensar que fortalecer el Estado, per se, erradicará la lacra. El problema no reside únicamente en la falta de recursos o de control, sino en una cultura arraigada donde el amiguismo y los atajos prevalecen sobre la ética y la legalidad. Exigir un funcionariado «de alto nivel» es tan loable como utópico si no se acompaña de una revisión profunda de los mecanismos de acceso y promoción, que históricamente han favorecido la endogamia y la connivencia.
La defensa a ultranza del empresariado, negando cualquier responsabilidad en la corrupción, resulta, cuanto menos, simplista. Atribuir la capacidad de corromper exclusivamente a los cargos públicos es obviar la dinámica inherente al poder económico. Quien ostenta el capital, inevitablemente, tiene la capacidad de ejercer presión e influencia, y si los mecanismos de control son laxos o inexistentes, la tentación de «facilitar» los trámites se convierte en un riesgo real. El verdadero desafío no es negar la existencia de «manzanas podridas» en el sector privado, sino establecer mecanismos de autorregulación y transparencia que penalicen severamente las prácticas corruptas y fomenten una cultura empresarial basada en la ética y la responsabilidad social. Málaga, con su creciente atractivo inversor, no puede permitirse ser rehén de discursos autocomplacientes que, en última instancia, socavan su potencial a largo plazo.
Compartir en...
Completa el formulario o escríbenos a [email protected] y nos pondremos en contacto contigo tan pronto como sea posible.
