Los trabajadores de Renfe y Adif se preparan para una huelga nacional de siete días que comenzará el próximo lunes 17 de marzo, afectando directamente a los usuarios de las líneas de Cercanías, en especial las C1 y C2. Esta movilización surge como respuesta a la decisión del Gobierno de traspasar las competencias de Rodalies a la Generalitat de Cataluña, generando una fuerte indignación en el personal de ambos operadores.
Conscientes de la necesidad de los ciudadanos de desplazarse para trabajar o estudiar, el Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos que buscan minimizar las afectaciones. En horario punta, los trenes de Cercanías operarán con un 75% de sus servicios, mientras que durante el resto del día el porcentaje se reducirá a 50%. Este esfuerzo está diseñado para asegurar que aquellos que dependan del tren para sus desplazamientos cotidianos puedan continuar con sus rutinas, aunque con limitaciones.
Además, en la red de alta velocidad, se espera que el 72% de los trenes continúen operando, mientras que la media distancia mantendrá un 65% de su servicio habitual. En cuanto a los convoyes de mercancías, la situación es más grave, ya que solo se dispondrá de un 24% de las operaciones. Renfe ha implementado un dispositivo informativo para mantener a los pasajeros al tanto de estos servicios mínimos, utilizando distintos canales como su página web, teléfonos de atención al cliente, y cartelería en estaciones y trenes.
La huelga se extenderá a lo largo de varias jornadas, planificadas para el miércoles 19 de marzo con paros en franjas horarias concretas, así como el lunes 24 y miércoles 26, que se detendrán todo el día, y de nuevo el viernes 28, el martes 1 y el jueves 3 de abril, con cortes parciales. Los trabajadores demandan atención a sus preocupaciones y buscan visibilizar lo que consideran un atentado contra sus derechos laborales y la calidad del servicio público que ofrecen. Si no se alcanza un consenso previo a estas fechas, la protesta se desarrollará según lo previsto, marcando un periodo de gran incertidumbre para los viajeros.
En contextos de este tipo, el impacto no se limita solo al aspecto económico o logístico, sino que también afecta a miles de ciudadanos que, día a día, confían en este medio de transporte para realizar sus actividades diarias. Con las primeras jornadas de huelga a la vista, los pasajeros deberán prepararse para la posibilidad de alteraciones en su rutina y buscar alternativas para sus traslados.
La programación de una huelga de siete días en Renfe y Adif no es sino el reflejo de un sistema laboral que requiere urgentemente una revisión profunda. Para los trabajadores, esta movilización se convierte en un grito desesperado ante un tráfico de competencias que amenaza sus derechos laborales y la calidad del servicio que ofrecen a los ciudadanos. Sin embargo, la elección de una huelga tan prolongada, que inevitablemente afectará a miles de usuarios dependientes del tren para sus desplazamientos diarios, plantea serias interrogantes sobre su efectividad y la capacidad de los sindicatos para comunicar su mensaje sin perjudicar a la ciudadanía. En lugar de llegar a un punto de encuentro que beneficie a ambas partes, esta estrategia parece contribuir a una espiral de conflicto que podría ser evitada a través de un diálogo más sólido y constructivo.
Si bien es cierto que el Ministerio de Transportes ha establecido servicios mínimos para mitigar el impacto en los usuarios, la pregunta es si estas medidas son suficientes y si realmente abarcan las necesidades de quienes más dependen de estos transportes. Las tasas de servicio establecidas, aunque diseñadas para garantizar la movilidad de los ciudadanos, podrían resultar insuficientes ante la magnitud del problema que genera la huelga. En lugar de conformarse únicamente con la aplicación de paros, sería recomendable que los trabajadores y la administración se sentaran a la mesa para explorar alternativas que resuelvan las quejas subyacentes sin afectar la rutina de los miles de usuarios. Así, se podría quizás transformar este conflicto no solo en una lucha por derechos, sino en una oportunidad para mejorar el servicio que todos merecen.
Los docentes interinos están llamados a una nueva huelga indefinida. El sindicato IIDEA ha convocado este parón para manifestar el malestar del colectivo contra las oposiciones de este verano. Un proceso que ya está en marcha en su faceta burocrática y que culminará este 29 de abril, cuando cierre el plazo para presentar alegaciones. En un principio, se han recibido unas 48.500 solicitudes para las casi 7.800 plazas (Primaria, Secundario y Escuelas Oficiales de Idiomas) que saldrán a concurso. Estas oposiciones cuentan con el rechazo de los interinos, al entender que se trata de una «convocatoria masiva» que irá en contra de sus intereses. En un comunicado interno, se resalta que las plazas en cuestión «deberían haber sido convocadas en el concurso de méritos y en las oposiciones de estabilización».
Esta huelga llega en un contexto de cambios dentro del propio sindicato, en el que se ha producido un relevo en la cúpula de la organización y en el que se ha pedido cierta fuerza de convocatoria. No obstante, la intención de los nuevos responsables es revitalizar un movimiento que llegó a movilizar a más de 5.000 interinos en sendas manifestaciones celebradas en Sevilla. La huelga es la segunda de este tipo, después de la convocada el pasado mes de febrero. Entonces, sin embargo, no era de carácter indefinido.
El malestar de los interinos no se limita solo al proceso de oposiciones. Estiman que el Gobierno no está cumpliendo con las sucesivas sentencias europeas que cuestionan la interinidad en todas las administraciones españolas. Estos docentes, algunos con décadas de antigüedad, exigen que se le dé «fijeza». O dicho de otra manera: que sean asimilados como funcionarios sin la necesidad de pasar un proceso de oposiciones.
Este punto choca de manera frontal con el planteamiento de la Consejería de Educación. La consejera del ramo, María del Carmen Castillo, dejó claro en varias ocasiones que «la mejor manera de estabilizar al personal docente son oposiciones». De hecho, además de las de este verano, Andalucía tiene previsto sacar también nuevas oposiciones en 2026.
Castillo también negó el riesgo de que se produzca este efecto llamada. «En nuestra comunidad se ofertan más plazas porque el sistema educativo andaluz es el más grande de España y, por tanto, necesitamos a más docentes», dijo. La consejera también recordó que en los últimos cinco años las plazas obtenidas han ido a profesores andaluces.
Entre el colectivo de interinos, se repiten los testimonios de personas que denuncian la «arbitrariedad» y el gran peso que tendría el «factor suerte» a la hora de aprobar las oposiciones. Dependiendo de las personas con las que se ‘compite’ ante un tribunal, las posibilidades de sacar plaza o no variarían mucho.
La urgencia de los tiempos, en un principio, juega en contra de esta huelga. Aún no hay una fecha concreta para las oposiciones de este verano, pero sí se sabe que serán en el mes de junio. Hay otro factor reseñable: esta huelga con cuenta con el apoyo de los sindicatos que están sentados en la mesa de negociación.
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