Las intensas lluvias que han azotado la provincia de Málaga en los últimos días han traído consigo una serie de alteraciones en la red viaria que aún perduran. La carretera A-45, que conecta Málaga con Córdoba y es fundamental para el transito vehicular, ha sufrido daños significativos, provocando un grave derrumbe que ha dejado un carril cortado y que se estima estará cerrado durante más de cuatro meses. Ante esta situación, las autoridades han tomado una decisión sin precedentes en la historia de las autopistas en la región.
Por primera vez, el Ministerio de Transportes ha autorizado que la autopista paralela, la AP-46, funcione sin peaje. Esta medida, que permite a los conductores circular libremente desde el domingo 16 de marzo, surge como respuesta a las difíciles condiciones que enfrentan aquellos que intentan desplazarse por la zona. Las autoridades explicaron que esta medida tiene como objetivo aliviar el desbordamiento de tráfico en las vías colindantes y garantizar una movilidad fluida durante la reparación de la A-45.
Las barreras de la AP-46 se levantaron a las 17:00 horas del domingo, y aunque el tráfico ha aumentado significativamente, los gestores de la autopista han establecido que el flujo de vehículos es manejable. Contrario a las expectativas de un colapso total, se observa que aunque hay más vehículos de lo habitual para un lunes, no se ha producido el desbordamiento que muchos temían. Esto se atribuye a una preparación efectiva por parte de la concesionaria, Autopista del Guadalmedina, que había previsto el incremento del tráfico.
La decisión de liberar el peaje en la AP-46 no solo responde a la necesidad de reorientar el tráfico, sino que también refleja la capacidad del Ministerio de Transportes de adaptarse a situaciones excepcionales. La AP-46, que comenzó a operar en 2011 para descongestionar el tránsito en la A-45, ha demostrado su importancia estratégica, y su uso gratuito por tiempo limitado representa un esfuerzo por parte del gobierno para mitigar las molestias ocasionadas a los conductores durante una emergencia climática.
En el horizonte se vislumbran cuestionamientos sobre la compensación a la concesionaria por la pérdida de ingresos durante este periodo de gracia. Sin embargo, lo que importa en este momento es garantizar la movilidad y la seguridad de los conductores que transitan por Málaga. La medida ha sido recibida con aplausos por parte de los usuarios, quienes se sienten agradecidos por una solución alternativa en tiempos de incertidumbre.
Esta situación, marcada por la fuerza de la naturaleza, ha puesto a prueba al sistema vial de la provincia, subrayando la necesidad de estrategias robustas ante imprevistos climáticos que podrían aumentar en frecuencia e intensidad. Por ahora, el foco está en la recuperación de las infraestructuras dañadas y en mantener abiertas las vías que son vitales para la economía y la vida diaria de los malagueños.
La reciente decisión del Ministerio de Transportes de autorizar el uso gratuito de la AP-46 ante los daños sufridos por la A-45, revela una capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia que resulta encomiable en un contexto donde la burocracia suele ser un obstáculo. Sin embargo, esta acción, aunque celebrada por los usuarios, debe ser vista también con un sentido crítico. La necesidad de intervenir en circunstancias excepcionales pone de relieve la falta de previsión y, sobre todo, la debilidad de un sistema de infraestructuras que, si bien es esencial, ha demostrado no estar a la altura de las exigencias actuales. El hecho de que una tormenta desencadene un colapso en una de las principales arterias de comunicación de Málaga debe llevarnos a cuestionar la planificación y el mantenimiento de nuestras carreteras, así como a abogar por inversiones que fortalezcan la resiliencia de estas infraestructuras ante fenómenos climáticos cada vez más frecuentes.
Por otro lado, el alivio temporal otorgado a los conductores no debe desviar nuestra atención de una cuestión fundamental: ¿qué pasará con la compensación a la concesionaria de la AP-46 y cómo afectará esto a futuros peajes y tarifas? Esta situación no solo es un paréntesis en la historia del transporte en la región, sino un indicativo de la urgencia con la que debemos abordar nuestros retos viarios. La gestión de tráfico, la regulación de peajes y las decisiones de infraestructura deben ser parte de una estrategia más amplia que contemple no solo la respuesta a desastres, sino también la planificación proactiva para prevenirlos. En este sentido, lo que se presenta como una solución eficaz hoy, puede transformarse en un problema a medio y largo plazo si no se acompaña de una revisión exhaustiva de nuestras políticas de movilidad y planificación urbana.
Los docentes interinos están llamados a una nueva huelga indefinida. El sindicato IIDEA ha convocado este parón para manifestar el malestar del colectivo contra las oposiciones de este verano. Un proceso que ya está en marcha en su faceta burocrática y que culminará este 29 de abril, cuando cierre el plazo para presentar alegaciones. En un principio, se han recibido unas 48.500 solicitudes para las casi 7.800 plazas (Primaria, Secundario y Escuelas Oficiales de Idiomas) que saldrán a concurso. Estas oposiciones cuentan con el rechazo de los interinos, al entender que se trata de una «convocatoria masiva» que irá en contra de sus intereses. En un comunicado interno, se resalta que las plazas en cuestión «deberían haber sido convocadas en el concurso de méritos y en las oposiciones de estabilización».
Esta huelga llega en un contexto de cambios dentro del propio sindicato, en el que se ha producido un relevo en la cúpula de la organización y en el que se ha pedido cierta fuerza de convocatoria. No obstante, la intención de los nuevos responsables es revitalizar un movimiento que llegó a movilizar a más de 5.000 interinos en sendas manifestaciones celebradas en Sevilla. La huelga es la segunda de este tipo, después de la convocada el pasado mes de febrero. Entonces, sin embargo, no era de carácter indefinido.
El malestar de los interinos no se limita solo al proceso de oposiciones. Estiman que el Gobierno no está cumpliendo con las sucesivas sentencias europeas que cuestionan la interinidad en todas las administraciones españolas. Estos docentes, algunos con décadas de antigüedad, exigen que se le dé «fijeza». O dicho de otra manera: que sean asimilados como funcionarios sin la necesidad de pasar un proceso de oposiciones.
Este punto choca de manera frontal con el planteamiento de la Consejería de Educación. La consejera del ramo, María del Carmen Castillo, dejó claro en varias ocasiones que «la mejor manera de estabilizar al personal docente son oposiciones». De hecho, además de las de este verano, Andalucía tiene previsto sacar también nuevas oposiciones en 2026.
Castillo también negó el riesgo de que se produzca este efecto llamada. «En nuestra comunidad se ofertan más plazas porque el sistema educativo andaluz es el más grande de España y, por tanto, necesitamos a más docentes», dijo. La consejera también recordó que en los últimos cinco años las plazas obtenidas han ido a profesores andaluces.
Entre el colectivo de interinos, se repiten los testimonios de personas que denuncian la «arbitrariedad» y el gran peso que tendría el «factor suerte» a la hora de aprobar las oposiciones. Dependiendo de las personas con las que se ‘compite’ ante un tribunal, las posibilidades de sacar plaza o no variarían mucho.
La urgencia de los tiempos, en un principio, juega en contra de esta huelga. Aún no hay una fecha concreta para las oposiciones de este verano, pero sí se sabe que serán en el mes de junio. Hay otro factor reseñable: esta huelga con cuenta con el apoyo de los sindicatos que están sentados en la mesa de negociación.
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