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El Ministerio de Igualdad investiga denuncias sobre terapias de conversión sexual en siete diócesis españolas.

El Ministerio de Igualdad abre un expediente sancionador en Málaga tras denuncias sobre la realización de terapias de conversión en parroquias, en medio de la creciente defensa de derechos LGTBI.

El Ministerio de Igualdad Investiga Cursos de Terapias de Conversión en Parroquias de Málaga

El Ministerio de Igualdad ha dado un paso significativo en la defensa de los derechos LGTBI al abrir un expediente sancionador tras recibir una denuncia que apunta a la existencia de charlas y talleres de terapias de conversión sexual en varias diócesis españolas, incluyendo Málaga. Esta investigación se origina tras una reunión entre la ministra Ana Redondo y Saúl Castro, presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión. La asociación presentó una serie de acusaciones que revelan actividades potencialmente ilegales en parroquias de siete diócesis, donde se alienta a los fieles LGTBI a cambiar su identidad u orientación sexual.

El contenido de la denuncia resalta un alarmante intento de modificar la orientación sexual de las personas, promoviendo una agenda que busca que los individuos renuncien a su identidad para conformarse a los valores heteronormativos. En este contexto, las parroquias de la Diócesis de Málaga han salido al paso de las acusaciones, asegurando que no tienen conocimiento de tales actividades y que jamás han autorizado terapias de conversión. Esta declaración busca proteger el respeto y la dignidad de la comunidad LGTBI, reafirmando su compromiso con la inclusión y el apoyo de todos los fieles, independientemente de su orientación sexual.

La denuncia cobra relevancia en el marco de la ley trans aprobada en 2023, que prohíbe las terapias de conversión en España y establece sanciones severas para quienes las promuevan. Julio del Valle, director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI, enfatizó el daño psicológico que estas prácticas pueden infligir a las personas afectadas. «Es fundamental abrir un debate social sobre lo que significan las terapias de conversión, que niegan la identidad de las personas», declaró. Esta afirmación resuena en una sociedad que busca avanzar hacia la igualdad y la aceptación, y abre la puerta a una reflexión crítica sobre el papel que deben jugar las instituciones en la protección de los derechos humanos.

El impacto de esta noticia en la comunidad LGTBI de Málaga es innegable. Mientras el Ministerio investiga, los grupos de apoyo y defensa de derechos humanos continuarán vigilando la situación, defendiendo el derecho a ser y a amar libre y abiertamente. A medida que se desarrollen los acontecimientos, la atención se centrará en las acciones que emprenderá el Ministerio para garantizar que las garantías establecidas en la ley sean efectivas y que cualquier práctica que atente contra la dignidad de las personas sea severamente sancionada.

La reciente investigación del Ministerio de Igualdad sobre las iniciativas de terapias de conversión que se llevan a cabo en algunas parroquias de Málaga no solo pone de manifiesto la existencia de prácticas muy controvertidas, sino que también subraya una realidad inquietante en nuestra sociedad: el persistente estigma hacia la comunidad LGTBI. Aunque las parroquias han salido a desmentir las acusaciones, el hecho de que estas denuncias hayan surgido en primer lugar habla de una necesidad urgente de vigilancia. Resulta alarmante que, en pleno siglo XXI, aún existan espacios que se atrevan a promover la idea de que la orientación sexual puede ser cambiada o «corregida», reafirmando así una agenda retrógrada que vulnera la esencia misma de la dignidad humana y limita la libertad individual.

Por otro lado, la respuesta del Ministerio de Igualdad es digna de reconocimiento, pues representa un primer paso en la lucha contra la deshumanización y el sufrimiento que estas prácticas generan. La declaración del director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI resuena con la realidad de muchas vidas a las que se les niega la aceptación por ser quienes son. No obstante, el verdadero desafío radica no solo en sancionar estas prácticas, sino también en fomentar un diálogo social inclusivo que aborde el tema de las orientaciones sexuales desde un enfoque educativo y reparador. Es indispensable que las instituciones se comprometan de forma decidida a la protección de los derechos humanos, promoviendo un entorno donde todos los individuos se sientan libres y seguros para expresar su identidad sin temor a ser objeto de rechazo o coerción.

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