Un centenar de personas se congregaron este sábado frente a la Subdelegación del Gobierno en Málaga, en el Paseo de Sancha, para manifestar su frustración ante la crisis que atraviesa Muface, el sistema de mutualidad destinado a funcionarios y sus familias. La situación actual ha generado un estado de alarma entre aproximadamente 1,5 millones de mutualistas, quienes se han unido en un llamado a la acción al Gobierno central para que tome decisiones que garanticen la continuidad del servicio sanitario que han respaldado desde 1975.
Los asistentes a la protesta exhibieron carteles que decían «En defensa del concierto sanitario de Muface» y «Es un derecho que pagamos desde 1975», reflejando la esencia de su exigencia: la necesidad de asegurar una atención médica adecuada. La crisis se ha intensificado a medida que se acerca el 15 de enero, fecha límite para que las aseguradoras expresen su interés en participar en la nueva licitación del Gobierno, un evento que podría marcar el futuro inmediato de la atención sanitaria para cientos de miles de funcionarios.
La situación se vuelve aún más crítica después de que Adeslas decidiera no renovar su contrato bajo las nuevas condiciones impuestas y DKV confirmara su ausencia en la licitación próxima. Esta decisión podría dejar a casi 700.000 funcionarios sin cobertura médica a partir de abril, lo que generaría una ola de incertidumbre y preocupación entre un colectivo que ha optado históricamente por el sistema de salud privado. Este impacto cualquiera que se sume a los más de 200.000 empleados públicos que ya dependen de DKV y Adeslas, lo que hace que la cifra de afectados sea alarmante.
El ministro de Función Pública, Óscar López, ha declarado que el Gobierno está comprometido en sacar adelante un nuevo convenio, pero su mensaje ha generado recelo entre los funcionarios, quienes temen que el modelo actual de Muface, que ha sido su salvaguarda sanitaria durante décadas, esté en peligro. López ha propuesto que, una vez finalizado el proceso de licitación, se realice una «reflexión» sobre el sistema, sugiriendo cambios en un modelo que, en su opinión, presenta imperfecciones.
La postura del ministerio ha provocado un creciente descontento entre los funcionarios, quienes consideran que cualquier modificación podría socavar un sistema que se ha mantenido eficaz durante años. Con el reloj corriendo y la presión social en aumento, los manifestantes clamaron por una respuesta clara y rápida. «No podemos permitir que nuestros derechos adquiridos sean puestos en duda», declaró uno de los asistentes, reflejando el sentimiento generalizado de urgencia y defensa de un sistema que resguarda su salud y bienestar.
La tensión entre el Gobierno y los funcionarios continúa creciendo conforme se acerca la fecha límite de la licitación. Los próximos días serán decisivos para el futuro del sistema de Muface y la salud de miles de familias, mientras los manifestantes mantienen firme su demanda de soluciones que aseguren su atención médica. En un panorama marcado por la incertidumbre, la voz de los afectados resuena en las calles de Málaga, demandando no solo respuestas, sino también la protección de un derecho que consideran fundamental.
La crisis que atraviesa Muface ha sido el catalizador de una protesta en Málaga que revela la tensa relación entre el Gobierno y un colectivo que merece, por trayectoria y compromiso, atención prioritaria. A lo largo de décadas, los funcionarios han contribuido al sostenimiento de un sistema que, aunque imperfecto, ha garantizado su bienestar médico. Es momento de que la administración no solo escuche las demandas de los aproximadamente 1,5 millones de mutualistas, sino que actúe con urgencia y transparencia. La ausencia de grandes aseguradoras como Adeslas y DKV en el próximo proceso de licitación plantea un escenario alarmante, uno que podría desproveer de salud a casi 700.000 funcionarios. Cabe preguntarse: ¿por qué se ha llegado a esta situación y qué alternativas se están explorando ante tal inminente crisis?
Sin duda, la propuesta del ministro Óscar López de realizar una reflexión sobre el modelo actual de Muface podría ser considerada como un intento de modernización, pero también puede ser vista como un retroceso que amenazaría derechos adquiridos durante años. La ambigüedad de sus palabras ha sembrado la desconfianza entre quienes durante décadas han confiado en este sistema como su salvaguarda sanitaria. En tiempos de incertidumbre, una crisis no es el momento propicio para introducir cambios que no garanticen la continuidad o mejora del servicio. Los funcionarios exigen soluciones claras y contundentes, no vaguedades. Es imperativo que el Gobierno actúe en respuesta a esta protesta, garantizando no solo sus derechos, sino también la dignidad de quienes han sustentado este sistema durante generaciones.
El Diario de Málaga es el periódico digital dónde podrás seguir toda la actualidad malagueña al minuto.
Compartir en...
Completa el formulario o escríbenos a [email protected] y nos pondremos en contacto contigo tan pronto como sea posible.
