La reciente cortadura de la carretera A-397, un eje vital que conecta la Serranía con la Costa del Sol, ha desatado una alarmante ola de preocupación en Ronda y sus alrededores. Desde el pasado sábado, tras un desprendimiento del talud sobre un puente en Benahavís, esta arteria, que soporta el tránsito de más de 9,000 vehículos diariamente, ha quedado inoperativa. La alcaldesa de Ronda, Maripaz Fernández (PP), no ha tardado en manifestar su angustia, advirtiendo que «van a ser seis meses duros» en los que la comunidad local deberá adaptarse a una nueva rutina marcada por el desvío y los obstáculos de tráfico.
El impacto en la economía local, especialmente en el turismo, es palpable. Ronda, conocida por sus impresionantes paisajes y su rica herencia cultural, ve comprometida una de sus principales fuentes de ingresos. Según la alcaldesa, el aumento de tiempo y costos derivados de la necesidad de utilizar caminos alternativos afectará no solo a los turistas, sino también a los trabajadores y empresarios de ambas zonas. «La calidad de vida de los ciudadanos está en juego», enfatizó en su intervención en el programa ‘La Alameda’, destacando que la administración regional debe actuar con urgencia.
Fernández describió la situación actual como “caótica”, marcada por la incertidumbre y la falta de información precisa sobre los plazos de reparación. La cantidad de escombros y lodo que el desprendimiento ha dejado ha complicado el inicio de los trabajos, a pesar de que las lluvias continúan. Este hecho ha llevado a la alcaldesa a exigir a la Junta de Andalucía que acelere los trámites de un proyecto de mejora de la A-397 que aún está pendiente de un informe medioambiental. Es un momento crucial para que las autoridades comprendan la magnitud del problema y la necesidad de invertir en infraestructuras que fortalezcan la conexión entre la Serranía y la costa.
Durante la reunión mantenida con otros alcaldes de la comarca, Fernández propuso diversas medidas que van más allá de la reparación de la carretera. Abogó por la ampliación de las líneas de transporte público y la liberalización del peaje entre Manilva y Málaga, lo que facilitaría a los usuarios el traslado por las rutas alternativas. Además, sugirió a las empresas del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) considerar el teletrabajo, permitiendo a sus empleados de la sierra mantener la productividad sin verse obligados a realizar el trayecto diario.
La crisis actual ha puesto de manifiesto las vulnerabilities del sistema de comunicaciones de la comarca, y la alcaldesa no escatima en sus llamados a la acción. «Es el momento de alzar la voz por la Serranía de Ronda», instó, recordando que la mejora en las infraestructuras es esencial para evitar una desestabilización económica y social irreparable. Este es un momento decisivo en el que la Junta debe escuchar y actuar con la celeridad necesaria, antes de que la situación se convierta en insostenible.
La situación causada por el cierre de la A-397 es una dolorosa ilustración de las fragilidades que enfrenta la Serranía de Ronda. La falta de inversión en infraestructuras adecuadas ha dejado expuestas a comunidades enteras ante la incertidumbre. Aunque los llamados de la alcaldesa Maripaz Fernández son innegablemente urgentes, la realidad es que la administración regional ha demostrado ser reactiva, más que proactiva. La historia de abandono de las vías de comunicación donde nuestro patrimonio y futuro económico dependen de una carretera deteriorada es una lección que no deberíamos olvidar. Esta crisis no solo está perjudicando a los turistas, que ven sus planes frustrados, sino que también pone en peligro el sustento de miles de trabajadores y empresarios locales que dependen de un flujo constante de visitantes y comercio.
En este contexto, es fundamental que la Junta de Andalucía no solo atienda la reparación física del tramo afectado, sino que también escuche las propuestas de transformación de la alcaldesa y otros líderes locales. La ampliación de las líneas de transporte público y la flexibilización del peaje son ideas que podrían aliviar la presión sobre los habitantes y fomentar una mayor conexión entre las diferentes zonas. Sin embargo, hay que ir más allá de medidas de emergencia. Este es un llamado para sentar las bases de un desarrollo sostenible e inclusivo que no dependa exclusivamente del turismo. La implementación de soluciones a largo plazo podría incentivar un modelo de economía diversificada que resista futuras crisis. La Serranía de Ronda se merece una inversión que no solo repare sus vías, sino que construya su futuro.
Los docentes interinos están llamados a una nueva huelga indefinida. El sindicato IIDEA ha convocado este parón para manifestar el malestar del colectivo contra las oposiciones de este verano. Un proceso que ya está en marcha en su faceta burocrática y que culminará este 29 de abril, cuando cierre el plazo para presentar alegaciones. En un principio, se han recibido unas 48.500 solicitudes para las casi 7.800 plazas (Primaria, Secundario y Escuelas Oficiales de Idiomas) que saldrán a concurso. Estas oposiciones cuentan con el rechazo de los interinos, al entender que se trata de una «convocatoria masiva» que irá en contra de sus intereses. En un comunicado interno, se resalta que las plazas en cuestión «deberían haber sido convocadas en el concurso de méritos y en las oposiciones de estabilización».
Esta huelga llega en un contexto de cambios dentro del propio sindicato, en el que se ha producido un relevo en la cúpula de la organización y en el que se ha pedido cierta fuerza de convocatoria. No obstante, la intención de los nuevos responsables es revitalizar un movimiento que llegó a movilizar a más de 5.000 interinos en sendas manifestaciones celebradas en Sevilla. La huelga es la segunda de este tipo, después de la convocada el pasado mes de febrero. Entonces, sin embargo, no era de carácter indefinido.
El malestar de los interinos no se limita solo al proceso de oposiciones. Estiman que el Gobierno no está cumpliendo con las sucesivas sentencias europeas que cuestionan la interinidad en todas las administraciones españolas. Estos docentes, algunos con décadas de antigüedad, exigen que se le dé «fijeza». O dicho de otra manera: que sean asimilados como funcionarios sin la necesidad de pasar un proceso de oposiciones.
Este punto choca de manera frontal con el planteamiento de la Consejería de Educación. La consejera del ramo, María del Carmen Castillo, dejó claro en varias ocasiones que «la mejor manera de estabilizar al personal docente son oposiciones». De hecho, además de las de este verano, Andalucía tiene previsto sacar también nuevas oposiciones en 2026.
Castillo también negó el riesgo de que se produzca este efecto llamada. «En nuestra comunidad se ofertan más plazas porque el sistema educativo andaluz es el más grande de España y, por tanto, necesitamos a más docentes», dijo. La consejera también recordó que en los últimos cinco años las plazas obtenidas han ido a profesores andaluces.
Entre el colectivo de interinos, se repiten los testimonios de personas que denuncian la «arbitrariedad» y el gran peso que tendría el «factor suerte» a la hora de aprobar las oposiciones. Dependiendo de las personas con las que se ‘compite’ ante un tribunal, las posibilidades de sacar plaza o no variarían mucho.
La urgencia de los tiempos, en un principio, juega en contra de esta huelga. Aún no hay una fecha concreta para las oposiciones de este verano, pero sí se sabe que serán en el mes de junio. Hay otro factor reseñable: esta huelga con cuenta con el apoyo de los sindicatos que están sentados en la mesa de negociación.
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