Este mediodía, la Plaza de la Marina se ha llenado de ladridos y gritos de protesta en una concentración masiva contra la caza, convocada por la Plataforma No a la Caza (NAC). La acción, que reunió a aproximadamente 1.500 personas, mayoría acompañadas de sus fieles amigos de cuatro patas, buscaba hacer visible una realidad alarmante: la falta de protección de los perros de caza, una situación que preocupa a activistas y defensores de los derechos de los animales.
Miriam Sierra, vocal de SOS Perrera, declaró a nuestros reporteros que el principal motivo de la movilización radica en las diferencias de la actual Ley de Bienestar Animal que deja a estos animales en una situación vulnerable. “Mientras que un dueño responsable de mascotas debe cumplir con estrictos estándares de cuidado, muchos perros de caza viven en condiciones deplorables”, sentenció Sierra, quien advirtió que la situación es aún más crítica en el ámbito rural, donde los cazadores no son fiscalizados adecuadamente.
La marcha comenzó en la Plaza de la Marina y culminó en la Plaza de la Constitución, donde se leyó un emotivo manifiesto que reclamaba un cambio legislativo para incluir a los perros de caza en los derechos establecidos por la ley. Los manifestantes corearon lemas como ‘Mismos derechos para todos los perros’ y ‘Vuestra afición es matar por diversión’, resaltando su lucha por la igualdad de derechos para todos los animales independientemente de su función en la sociedad.
Carlos Portilo, vicepresidente de la Protectora de Animales de Málaga, recordó la peligrosa realidad de la caza, donde se han registrado en la última década 80 muertes por accidentes relacionados. Su urgencia en pedir una legislación más robusta y protectora refleja la inquietud de un movimiento que no solo defiende el bienestar animal, sino que también busca la seguridad pública.
Además de la presión sobre la caza y el tratamiento de los perros, la manifestación también enfocó sus esfuerzos en criticar las irregularidades en la perrera municipal. Activistas aseguraron que las prácticas del Centro de Protección Animal Municipal (CEPAM) no fueron completamente transparentes, señalando que muchos cazadores dejan perros en las instalaciones para sustituirlos por otros, una situación que contradice la ley vigente.
María Selva, coordinadora de la plataforma de control de jabalíes, expuso otras preocupaciones sobre el tratamiento de estos animales cuando se acercan a zonas urbanas. “No podemos seguir operando con matanzas indiscriminadas. Demandamos un control ético y un censo real para gestionar adecuadamente la sobrepoblación”, criticó Selva, sugiriendo alternativas más humanas para el manejo de la fauna salvaje.
En un día que unió a ciudadanos, activistas y amantes de los animales en Málaga, la concentración ha servido como un recordatorio de que las luchas por la defensa de los derechos animales son cada vez más visibles y relevantes, exigiendo un compromiso real por parte de las autoridades y la sociedad en general.
La reciente manifestación en la Plaza de la Marina de Málaga pone de relieve una preocupación creciente en nuestra sociedad: la defensa de los derechos de los perros de caza. La crítica a la Ley de Bienestar Animal refleja un desajuste significativo entre las expectativas de un cuidado animal responsable y la cruda realidad a la que se enfrentan muchos perros utilizados para la caza, quienes, en lugar de ser tratados como compañeros, son considerados meras herramientas de un deporte cuestionable. Esta desigualdad en la protección de los animales es insostenible y plantea interrogantes serios sobre nuestro compromiso real con el bienestar animal en todas sus formas. La ausencia de una legislación inclusiva que abarque a estos seres vivientes nos deja en una paradoja moral, donde los perros, a pesar de su conexión intrínseca con los humanos, quedan relegados a un estatus inferior por el simple hecho de cumplir una función en la caza.
Además, el eco de las voces de los manifestantes resuena más allá de su causa inmediata; resalta la necesidad urgente de una revisión profunda de las prácticas de caza y su regulación. La evidencia de 80 muertes por accidentes relacionados con la caza en la última década es alarmante y sugiere que el debate sobre el manejo de la fauna no puede centrarse únicamente en la defensa de los derechos de una categoría de animales, sino que debe abordar una gestión ética y responsable en su totalidad. La crítica a las irregularidades en la perrera municipal y la propuesta de control alternativo a la caza sin matar revelan que la solución podría no ser la erradicación, sino una coexistencia más armoniosa y consciente entre humanos y animales. En este sentido, los legisladores deben tomar nota de estas demandas, y aprender que el bienestar animal no es un tema satelital, sino un pilar fundamental que merece atención integral por parte de toda la sociedad.
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