El sol de la Costa del Sol, que siempre ha atraído a turistas y residentes, ahora proyecta una sombra alargada sobre el mercado inmobiliario malagueño. Un informe reciente del Banco de España, presentado por su gobernador José Luis Escrivá, pinta un panorama preocupante: la disponibilidad de viviendas residenciales en Málaga se ve seriamente comprometida por el auge del alquiler vacacional y la posesión extranjera. La cifra es alarmante: si todas las segundas residencias, viviendas turísticas y propiedades en manos de no residentes se liberaran, el mercado residencial de Málaga podría expandirse en un 40%.
Las cifras son especialmente elocuentes cuando se desglosan por municipios. Marbella, joya turística de la provincia, se ha convertido en un escaparate de esta problemática. Según Ángel Gavilán, director general de Economía del Banco de España, más del 60% de las viviendas en Marbella se destinaban al alquiler turístico en 2023. Esta situación, si bien impulsa la economía local, amenaza con desplazar a los residentes habituales, impidiéndoles acceder a una vivienda digna y asequible. En la capital malagueña, la periferia también sufre, con más de la mitad de las viviendas en renta destinadas al uso turístico.
La propiedad extranjera es otro factor clave en esta ecuación. A nivel nacional, los no residentes poseen más de medio millón de viviendas, un 2% del total. Sin embargo, en Málaga, esta cifra se dispara hasta el 8,5%, superada solo por Alicante. Este dato revela una realidad innegable: la inversión extranjera, aunque beneficiosa en ciertos aspectos, está contribuyendo a la escasez de vivienda residencial y al aumento de los precios, dificultando el acceso para los malagueños.
El informe del Banco de España también pone de manifiesto un déficit generalizado de nuevas viviendas en el país, que se sitúa entre las 400.000 y 450.000 unidades. Málaga, junto con Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante, concentra la mitad de este déficit. En estas cinco provincias, faltan más de 200.000 viviendas. Esta situación obliga a movilizar segundas residencias y viviendas vacías para cubrir la demanda residencial, además de impulsar la conversión de locales comerciales en viviendas, una práctica cada vez más común en las calles de Málaga. El Ayuntamiento de Málaga autoriza al día dos viviendas en espacios comerciales, una solución que, si bien paliativa, no ataca la raíz del problema.
El informe del Banco de España no es una revelación, sino la confirmación estadística de una agonía que los malagueños sufrimos en carne propia: Málaga se ha convertido en un parque temático inmobiliario donde el residente local es un mero espectador, cuando no un personaje molesto. El debate no debería centrarse en demonizar al turismo, motor económico innegable, sino en la falta de una planificación urbanística sensata y una regulación que priorice las necesidades de vivienda de quienes construyen la ciudad día a día. La complicidad, ya sea por inacción o por beneficio directo, de las administraciones públicas en este proceso de turistificación descontrolada es, cuanto menos, preocupante.
Es hora de dejar de maquillar la realidad con soluciones parche como la conversión de locales comerciales en viviendas, una medida desesperada que ataca el síntoma, no la enfermedad. Urge una política de vivienda ambiciosa que incentive la construcción de obra nueva a precios asequibles, que limite la expansión del alquiler vacacional en zonas residenciales y que, sobre todo, proteja al inquilino frente a la especulación. De lo contrario, Málaga, la ciudad que presume de modernidad y progreso, se convertirá en un decorado vacío donde los autóctonos seremos simples recuerdos de un pasado que ya no podemos permitirnos.
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