La estampa es ya tan familiar como la de un boquerón en espeto: un jabalí husmeando entre los contenedores de basura en pleno Rincón de la Victoria, o un grupo de ellos pastando plácidamente en un campo de golf en Mijas. Lo que comenzó como avistamientos ocasionales se ha convertido en una presencia constante y preocupante en la provincia de Málaga. Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha vuelto a declarar, por undécimo año consecutivo, la situación de emergencia cinegética, una medida que busca controlar una población de jabalíes que ha crecido exponencialmente en la última década.
Los datos son alarmantes. Los técnicos ambientales estiman que la población de estos animales se ha multiplicado por siete en los últimos once años, superando los 22.000 ejemplares en la provincia. Esta superpoblación, compuesta en muchos casos por híbridos con cerdos comunes e incluso vietnamitas, no solo representa un peligro para la salud pública como potenciales transmisores de enfermedades, sino que también ocasiona cuantiosos daños económicos en jardines, campos de golf y urbanizaciones, además de haber provocado ya accidentes de tráfico.
La resolución del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) incluye una serie de medidas destinadas a agilizar y facilitar el control de estos animales. Se reduce el plazo de comunicación previa para la instalación de capturaderos, esas jaulas trampa que buscan atraer a los jabalíes con comida, y se permitirá el uso de sustancias olorosas atrayentes y pequeñas cantidades de alimento para los aguardos, tanto diurnos como nocturnos. El objetivo es claro: reducir la densidad de la población de jabalíes y, con ello, los daños que ocasionan.
La Junta de Andalucía busca implicar activamente al sector cinegético en la solución del problema, reforzando su papel como controlador de los desequilibrios poblacionales en el medio natural. Se establecen medidas para facilitar la caza controlada, permitiendo todas las modalidades recogidas en el Plan Técnico de Caza durante el periodo hábil, y el rececho y los aguardos fuera del periodo hábil, bajo ciertas condiciones.
También se han suprimido las acciones de caza colectivas fuera del periodo hábil para evitar el impacto en la reproducción de otras especies de fauna silvestre. En terrenos no cinegéticos, el método de control seguirá siendo la colocación de capturaderos, previa comunicación de los titulares de los terrenos o de sus aprovechamientos agrícolas o ganaderos. La temporada de caza 2025/2026 permitirá, en terrenos cinegéticos dedicados a la caza mayor, las modalidades contempladas en sus planes técnicos, siempre dentro del periodo hábil del jabalí. Fuera de este periodo, se aplicarán las medidas de control de daños contempladas en los planes técnicos que así lo prevean.
En definitiva, la declaración de emergencia cinegética busca establecer un equilibrio entre la protección del medio ambiente, la seguridad ciudadana y la actividad económica, buscando soluciones efectivas para un problema que parece enquistado en la provincia de Málaga. La colaboración entre administración, cazadores y agricultores se antoja fundamental para lograr un control efectivo de la población de jabalíes y evitar que su presencia siga alterando la vida cotidiana de los malagueños.
La undécima declaración de emergencia cinegética en Málaga por la superpoblación de jabalíes es, ante todo, un crónico fracaso de la gestión medioambiental. Que año tras año recurramos a las mismas medidas, esencialmente a la caza controlada, denota una incapacidad sistémica para abordar las causas profundas del problema. En lugar de celebrar el incremento de la colaboración entre cazadores y agricultores, deberíamos cuestionarnos por qué hemos llegado a esta situación límite. ¿No es acaso sintomático de un ecosistema desequilibrado, donde la urbanización descontrolada, la escasez de depredadores naturales y la alimentación oportunista en entornos urbanos han creado el caldo de cultivo perfecto para esta explosión demográfica? La solución no pasa solo por abatir ejemplares, sino por una revisión radical de nuestras políticas de ordenación del territorio y la gestión de los recursos naturales.
Si bien la Junta de Andalucía busca, comprensiblemente, mitigar los daños económicos y sanitarios que ocasionan los jabalíes, la estrategia parece quedarse corta y, sobre todo, adolece de una visión a largo plazo. ¿Es sostenible depender indefinidamente de la actividad cinegética para regular una población que se reproduce a un ritmo alarmante? Parece una solución parche que, además, levanta legítimas suspicacias entre los defensores de los animales. Urge, por tanto, invertir en investigación para comprender mejor el comportamiento de estos animales, desarrollar métodos de control poblacional más éticos y eficaces, y fomentar la educación ambiental para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de la conservación del equilibrio ecológico. De lo contrario, seguiremos cronificando un problema que, lejos de resolverse, podría agravarse con el tiempo.
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