La ola de incendios que ha asolado la península en las últimas semanas ha puesto de manifiesto una realidad alarmante: la precariedad laboral que sufren los bomberos forestales en nuestro país. Ante esta situación, el sindicato UGT ha anunciado que llevará ante la Inspección de Trabajo las graves deficiencias detectadas y denunciará a las Administraciones Públicas y empresas que pongan en riesgo la salud de estos profesionales.
Victoria Corbacho, secretaria de Administración Local y Autonómica de UGT Servicios Públicos, ha señalado en rueda de prensa que la organización no se quedará de brazos cruzados ante las jornadas laborales extenuantes, la falta de descanso adecuado, la escasez de agua y las condiciones de pernocta insalubres que padecen los bomberos forestales. «Estamos hablando de personas que arriesgan sus vidas para proteger nuestro patrimonio natural y se les está negando las condiciones mínimas para hacerlo de forma segura», ha enfatizado Corbacho.
Francisco Javier García, responsable federal de Bomberos Forestales de UGT Servicios Públicos, ha incidido en la enorme disparidad de condiciones laborales que existen entre las diferentes comunidades autónomas. «Es inaceptable que un bombero forestal en Valencia pueda ganar casi 30.000 euros brutos anuales, mientras que uno en Castilla y León apenas supera los 18.000», ha declarado García, quien ha recordado que las competencias en materia de extinción de incendios son autonómicas, lo que genera una fragmentación y desigualdad que perjudica a los trabajadores.
UGT ha puesto el foco en la gestión privada de los servicios de extinción de incendios, denunciando la práctica de licitaciones con bajas temerarias. Según el sindicato, algunas empresas rebajan los precios hasta un 30% para conseguir los contratos, lo que se traduce en una menor inversión en equipos, formación y personal. «Cuando el criterio económico prima sobre la seguridad y la calidad del servicio, las consecuencias las sufren los trabajadores y, en última instancia, toda la sociedad», ha advertido García.
El sindicato ha recordado que en Castilla y León, una de las comunidades más afectadas por los incendios de este verano, operan 35 empresas privadas dedicadas a la extinción. Para UGT, es fundamental que se apueste por un dispositivo público de detección y prevención operativo durante todo el año, ya que «los incendios se apagan en invierno», con tareas de limpieza de montes, desbroce y concienciación ciudadana.
La UGT exige una revisión profunda del modelo de gestión de los incendios forestales en España, que garantice unas condiciones laborales dignas para los bomberos forestales y una mayor inversión en prevención. La organización sindical ha anunciado que no descarta emprender otras acciones legales y movilizaciones para defender los derechos de estos profesionales y proteger nuestro medio ambiente.
La denuncia de UGT sobre la precaria situación de los bomberos forestales destapa, una vez más, la cruda realidad de un sistema fallido en la gestión de nuestros montes. No se trata solo de una cuestión laboral, aunque las condiciones indignas a las que se enfrentan estos profesionales son un escándalo que clama al cielo. Hablamos de la desidia de las administraciones, la voracidad de empresas privadas que priorizan el beneficio a la seguridad y, en definitiva, de una preocupante falta de visión a largo plazo. Resulta irónico, y a la vez trágico, que quienes se juegan la vida para salvaguardar nuestro patrimonio natural lo hagan en condiciones tan lamentables. Este país parece condenado a reaccionar solo ante la catástrofe, olvidando la importancia crucial de la prevención y la planificación.
Más allá de las legítimas acciones legales anunciadas por UGT, urge una reflexión profunda sobre el modelo actual. La atomización de competencias entre las comunidades autónomas genera desigualdades inaceptables y dificulta una respuesta coordinada y eficaz ante los incendios. Urge un plan estatal que establezca criterios mínimos y garantice la homogeneidad en las condiciones laborales y los recursos destinados a la extinción. De igual manera, es fundamental revisar el papel de las empresas privadas, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en las licitaciones. No podemos permitir que el afán de lucro ponga en riesgo la vida de los bomberos forestales ni la integridad de nuestro medio ambiente. La solución pasa por invertir en un cuerpo de bomberos forestales público, profesional y dotado de los recursos necesarios para actuar durante todo el año, no solo en la temporada de incendios. El monte se cuida en invierno, señores, y la seguridad no es un gasto, sino una inversión de futuro.
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