Málaga, 10 de junio de 2026. Las entrañas del poder político español vuelven a verse salpicadas por revelaciones que dibujan un panorama de oscuras negociaciones y presuntas oportunidades de negocio ilícitas. El sumario judicial al que ha tenido acceso El diario de Málaga saca a la luz las anotaciones de Leire Díez, una figura hasta ahora en un segundo plano pero cuya agenda se ha convertido en el epicentro de una investigación que señala directamente a la trama de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Las libretas de Díez describen, con una crudeza impactante, una reunión celebrada el 6 de julio de 2021 en la sede de Servinabar, donde se habrían trazado las líneas maestras para la explotación de hasta 29 proyectos en el sector público, un encuentro calificado en el acta como una sesión para identificar «posibles pelotazos».
El contexto de esta reunión no hace sino añadir gravedad a los hechos. En aquel momento, Santos Cerdán era un socio encubierto de Antxón Alonso, el aparente propietario de Servinabar, mientras que Leire Díez y el ex presidente de la Sepi, Vicente Fernández, mantenían una estrecha relación personal y profesional. El juez Santiago Pedraz señala que estos tres individuos, junto a Cerdán, habrían tejido una red, el llamado grupo Hirurok, cuyo doble objetivo era, por un lado, obtener jugosas comisiones gracias a su supuesta influencia en el partido en el poder y, por otro, intentar desestabilizar investigaciones judiciales y policiales en curso.
El acta de esa crucial reunión, ahora desvelada, detalla un nivel de acceso alarmante a información interna de empresas públicas y administraciones. La trama no escatimaba en ambición, planteando la explotación de activos estatales que abarcaban desde suelos de Mercasa en Madrid o Amorebieta hasta edificios emblemáticos de Correos en Salamanca, e incluso la gestión de rescates millonarios de la Sepi. Parecía que nada escapaba a su radar de «oportunidades de negocio». La estructura de la trama se muestra organizada, con una clara distribución de tareas. Leire Díez, por ejemplo, figuraba encargada de un negocio relacionado con mobiliario y comunicaciones en un edificio en el Paseo de la Habana, mientras que Antxón Alonso se dedicaba a investigar la reconversión de un edificio de Correos en Salamanca para su posible uso hotelero, un proyecto que requería «búsqueda de inversor y aseguramiento de la calificación urbanística».
La figura de Vicente Fernández, a pesar de su dimisión como presidente de la Sepi en octubre de 2019 por el caso Aznalcóllar, conservaba una influencia considerable en la principal sociedad estatal del país, en gran parte debido a su proximidad con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Uno de los frentes más lucrativos para la trama fue el rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos. Las anotaciones de Leire Díez reflejan la incertidumbre sobre la aprobación de la operación por parte de la Sepi, cifrada en 112,8 millones de euros, pero también la confianza en que Antxón Alonso podría obtener una confirmación ante el PNV, demostrando el acceso a «información fidedigna». La presión del PNV ante el Gobierno se presentaba como una baza más, y la pregunta implícita era clara: «¿Compensación para Servinabar?». Según la UCO, la compensación existió, al menos indirectamente, ya que Tubos Reunidos pagó 114.945 euros a la trama en una primera fase.
El caso Forestalia arroja otra luz sobre la modus operandi del grupo. El punto 19 del acta revela que «Vicente prepara papel para Santos», anticipando una comida clave que se produjo seis días después, el 12 de julio, entre Cerdán, Vicente Fernández y el entonces presidente de Forestalia, Fernando Samper, en Zaragoza. El resultado de este acercamiento fue, al menos, una comisión de 200.000 euros, tras la mediación de la trama para que Sepides concediera una subvención de 17,2 millones de euros a una filial de Forestalia. Estas revelaciones plantean serias interrogantes sobre la integridad en la gestión de los recursos públicos y la influencia de redes opacas en las decisiones económicas del Estado.
La noticia destapada por EL MUNDO sobre las anotaciones de Leire Díez en la sede de Servinabar es un auténtico terremoto político y judicial que sacude los cimientos de la confianza pública. Más allá de las negaciones iniciales, el documento judicial es demoledor y describe un entramado donde la influencia política se convertía en moneda de cambio para perpetrar «pelotazos» a costa del erario público. La mera idea de que figuras con responsabilidades en el PSOE, y con acceso privilegiado a información estratégica del Estado, pudieran estar tejiendo redes para obtener beneficios ilícitos es profundamente desalentadora. Estamos ante la evidencia de una corrupción sistémica que opera en las sombras, donde el interés particular prevalece sobre el bien común, y donde la impunidad parece ser el motor que impulsa estas acciones.
Es imperativo que las autoridades judiciales actúen con celeridad y contundencia para esclarecer todas las ramificaciones de este caso y depurar responsabilidades. La aparición del nombre de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, en este contexto es especialmente grave y exige una explicación pública y transparente, más allá de las negaciones superficiales. La ciudadanía necesita tener la certeza de que sus representantes actúan con la máxima integridad y que los fondos públicos están a salvo de cualquier apetito especulativo. Este suceso no solo daña la imagen de un partido, sino que erosiona la fe en nuestras instituciones y en la propia democracia, haciendo más urgente que nunca la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y garantizar la independencia de la justicia.
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