Almería, 11 de julio de 2026. El terrible suceso que ha golpeado Los Gallardos, cobrándose la vida de 12 personas, ha levantado una oleada de consternación y, con ella, un mar de interrogantes. Mientras las autoridades, incluido el presidente andaluz Juanma Moreno, se apresuran a señalar la caída de un poste eléctrico como el detonante de este devastador incendio, el sector eléctrico clama dudas sobre la viabilidad de esta hipótesis. La información preliminar, que apunta a un cable partido como principal causa según el Seprona, choca frontalmente con las explicaciones técnicas de Endesa, la distribuidora implicada, sembrando un clima de incredulidad que va más allá de la tragedia.
La clave de la polémica reside en la propia naturaleza del cable señalado. Según fuentes del sector consultadas por este periódico, el cable en cuestión se encontraba «muerto», es decir, sin suministro eléctrico alguno. La explicación es contundente: «si un cable está muerto, y este lo estaba, por mucho que lo cortes no produce chispa ninguna, por lo que no puede producir un incendio. Al menos, no lo puede producir electricidad que pase por ese cable». Esta afirmación, sin embargo, no coincide con la línea de investigación que maneja la Guardia Civil, que insiste en la hipótesis de que sí había corriente en esa sección de la línea en el momento del suceso. Este desacuerdo técnico plantea un escenario complejo, donde la investigación deberá desentrañar qué pudo provocar la ignición inicial.
Más allá de la corriente eléctrica, la investigación se abre a otras posibilidades para explicar el origen del fuego en el poste, de madera y, según testimonios de vecinos, en un estado muy endeble y deteriorado. El rozamiento de otros elementos o la combustión de materiales adyacentes podrían haber sido los desencadenantes. La compañía Endesa, según ha podido saber este medio, fue la encargada de la instalación de este tendido en los años 90, financiada por el propietario de un restaurante ahora desaparecido, ubicado precisamente en el punto kilométrico 511 de la N-340A. La línea, que proveía de electricidad a unas 10 viviendas en la Carretera de los Castaños, era considerada de «baja tensión» y, tras el cierre del restaurante en 2009 y la consecuente anulación del contrato de suministro, quedó inactiva, sin corriente. La responsabilidad del mantenimiento de esta instalación recaía entonces en el propietario, quien, de haberse producido un incendio por abandono de una línea con corriente, tendría que haber asumido las consecuencias. La paradoja de un cable «muerto» que, supuestamente, habría iniciado un incendio con 12 víctimas mortales, pone de manifiesto la complejidad de las pesquisas que ahora dirigirá el Tribunal de Instancia 3 de Vera, con la esperanza de arrojar luz sobre esta tragedia.
La tragedia de Los Gallardos, con sus 12 víctimas mortales, arroja una sombra de profunda desazón sobre la gestión de infraestructuras y la atribución de responsabilidades. El hecho de que la hipótesis oficial, respaldada por el propio presidente andaluz, apunte a la caída de un poste eléctrico como origen del fuego, choca frontalmente con las explicaciones técnicas del sector. Que un cable supuestamente «muerto», sin circulación eléctrica, pueda ser la chispa que desencadene un incendio de semejantes dimensiones resulta, cuanto menos, extraño y poco convincente. Esta discrepancia no es un mero detalle técnico, sino que abre la puerta a cuestionar la premura con la que se cierran las investigaciones, priorizando la celeridad sobre la exhaustividad y sembrando dudas sobre la verdadera causa de esta catástrofe que ha teñido de luto a Almería.
Más allá de la causa inmediata, la noticia destapa una problemática estructural: la obsolescencia y el abandono de infraestructuras privadas. La revelación de que la línea eléctrica que provocó el desastre era una instalación de los años 90, financiada por un particular y destinada a un uso comercial que cesó en 2009, plantea un debate crucial sobre la responsabilidad del mantenimiento y la supervisión de este tipo de redes. Si bien Endesa construyó la línea, la responsabilidad de su conservación recaería, según el sector, en el propietario del restaurante. Esta situación, lamentablemente, podría no ser un caso aislado, sino un reflejo de una realidad donde redes eléctricas obsoletas, sin un control adecuado, pueden convertirse en bombas de tiempo latentes. Es imperativo que las administraciones y las compañías energéticas revisen a fondo los protocolos de supervisión de líneas privadas y establezcan mecanismos claros para evitar que la negligencia o el simple paso del tiempo desemboquen en tragedias irreparables como la vivida en Los Gallardos.
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