Málaga, 18 de noviembre de 2025 – La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sacudido los cimientos de la política nacional al situar al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en el ojo del huracán de una investigación por presunto amaño de obra pública. Según un informe policial al que ha tenido acceso eldiariodemalaga.es, Cerdán habría actuado como "enlace" clave entre la constructora Acciona y el Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos, tejiendo una red de comisiones que habría beneficiado al ex número dos del PSOE con un 2% del importe de cada adjudicación.
El informe, que ya reposa en manos del Tribunal Supremo, detalla una presunta operativa en la que Acciona Construcción subcontrataba los servicios de Servinabar, la constructora propiedad de Cerdán, para ejecutar trabajos derivados de adjudicaciones del Ministerio de Transportes. Esta práctica, según la UCO, revela un patrón común en la que la empresa presidida por José Manuel Entrecanales contrataba a la empresa de Cerdán para así favorecer las adjudicaciones dimanantes del Ministerio. La cantidad total que se le adeudaba al exministro Ábalos, según la Guardia Civil, asciende a 1.070.000 euros, vinculada a diferentes concursos públicos.
Las sombras de sospecha se extienden por diferentes puntos de la geografía española, con licitaciones otorgadas a Acciona Construcción en Murcia, Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat bajo la lupa de los investigadores. Se cree que parte de la "deuda" contraída con José Luis Ábalos se generó a raíz de dos adjudicaciones de Adif en la región de Murcia, que habrían supuesto una comisión de 550.000 euros. Asimismo, se investigan tres adjudicaciones en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat, todas ellas pertenecientes al Ministerio de Transportes, por las que se habría pactado una comisión de 450.000 euros.
El instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, en el auto que propició la reciente entrada y registro en las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao, describe un modus operandi común en los proyectos de Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat. Según el auto, Acciona Construcción y Servinabar firmaban inicialmente un memorándum de entendimiento antes del inicio del expediente de adjudicación de las obras. Una vez que Acciona Construcción obtenía la adjudicación, ambas empresas rubricaban un contrato de prestación de servicios mediante el cual Servinabar percibía el 2% neto del importe de la adjudicación.
La UCO sostiene que Cerdán llevaba a cabo estas labores de intermediación directamente con los directivos de Acciona o a través de su socio Antxon Alonso. El análisis de las cuentas de Servinabar revela que, al menos, el 75,33% de los abonos recibidos por la sociedad procedían de Acciona Construcción, lo que la convierte en su principal fuente de ingresos. La investigación sigue su curso, y se espera que en los próximos días se produzcan nuevas revelaciones que arrojen luz sobre esta presunta trama de corrupción que salpica al corazón del PSOE.
La revelación de la UCO, con Santos Cerdán señalado como presunto «enlace» entre Acciona y el Ministerio de Transportes, no solo representa un duro golpe para la credibilidad del PSOE, sino que pone en tela de juicio la integridad de los procesos de adjudicación pública en nuestro país. Más allá de la posible responsabilidad penal individual, lo verdaderamente alarmante es la aparente normalización de prácticas que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones. La sombra de la duda se cierne sobre la transparencia y la equidad en la gestión de los recursos públicos, un asunto de vital importancia en una sociedad democrática.
Si bien la investigación se encuentra en curso y la presunción de inocencia debe prevalecer, la magnitud de las cifras y el *modus operandi* detallado en el auto judicial son profundamente preocupantes. No se trata simplemente de «manzanas podridas», sino de la posible existencia de un sistema corrupto que permite a empresas y políticos beneficiarse a costa del interés general. Es fundamental que la justicia actúe con celeridad y contundencia, llegando hasta el final de la investigación y depurando responsabilidades, sin importar el cargo o filiación política de los implicados. Solo así se podrá restaurar la confianza en las instituciones y enviar un mensaje claro: la corrupción no tiene cabida en nuestra sociedad.
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