Una red tejida desde Navarra por Santos Cerdán y Antxon Alonso, con Koldo García como figura clave, se expandió tras la moción de censura de 2018, alcanzando cotas inesperadas en el Ministerio de Transportes. Así lo revela el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que arroja luz sobre un entramado que inicialmente buscaba influir en proyectos locales, pero que rápidamente escaló a ambiciones mucho mayores.
La investigación detalla cómo, tras la llegada del PSOE al Gobierno, la trama aprovechó su influencia en el Ministerio de Transportes, entonces liderado por José Luis Ábalos, para impulsar cinco grandes operaciones en los primeros once meses de mandato de Pedro Sánchez. Estas operaciones, según la UCO, se centraron en blindar el controvertido proyecto de Mina Muga, buscar oportunidades de internacionalización en Marruecos, y asegurar avances en infraestructuras clave como la autovía en Logroño, un puente en Sevilla y el soterramiento de vías en Sant Feliu de Llobregat.
El informe de la UCO sitúa el origen de la trama en junio de 2015, con la firma de un Acuerdo Marco de Colaboración Empresarial entre Servinabar y Acciona. Meses después, ambas compañías rubricaron su primera colaboración en el Muga Mining Project, un proyecto que se convertiría en el germen de una organización criminal en expansión, según la investigación. La consolidación administrativa de la trama se produjo en junio de 2016, cuando Cerdán adquirió el 51% de Servinabar, controlando así la empresa y allanando el camino para futuras operaciones.
La UCO también destaca la importancia de los nombramientos estratégicos para los intereses de la trama. Según el informe, Cerdán era consciente de la necesidad de colocar a personas de confianza en puestos clave, como lo demuestran sus comunicaciones con Koldo García. La investigación señala, en particular, la propuesta de mantener a Javier Cachón en la Dirección de Evaluación Medioambiental, ya que fue él quien firmó la Declaración de Impacto Ambiental favorable a Mina Muga en 2019. Además, la UCO ha detectado el pago de alquileres de pisos utilizados por la trama con fondos provenientes de las operaciones ilícitas. Desde noviembre de 2017, se destinaron 900 euros mensuales al alquiler de un piso en la glorieta de Quevedo, y posteriormente 3.200 euros mensuales a un inmueble en Hilarión Eslava.
El informe de la UCO revela un frenesí de comunicaciones y nombramientos entre el 8 y el 15 de junio de 2018, días después de la llegada de Ábalos al Ministerio de Transportes. En este contexto, destaca el nombramiento de Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif, una empresa en la que Cerdán no quería la presencia de Teófilo Serrano. Según la investigación, Pardo de Vera informó a Koldo García sobre el resultado de la apertura de ofertas económicas en Sant Feliu, donde la firma afín, Acciona Construcción, obtuvo una alta puntuación. La investigación continúa abierta y se esperan nuevos datos que permitan esclarecer el alcance total de la trama y las responsabilidades de cada uno de los implicados.
La persistente sombra de la corrupción, una vez más, se cierne sobre la política nacional, y esta vez, con epicentro en una trama que parece haberse expandido al amparo del poder y bajo la atenta mirada de figuras clave del PSOE. **Más allá de la investigación judicial, lo que verdaderamente erosiona la confianza ciudadana es la aparente facilidad con la que estas redes clientelares se incrustan en las instituciones**, aprovechando la permeabilidad que ofrece el acceso al poder para, presuntamente, enriquecerse a costa del erario público. Que una trama inicialmente enfocada en proyectos locales termine escalando hasta el Ministerio de Transportes, como señala la UCO, no solo demuestra la ambición desmedida de sus integrantes, sino también la falta de mecanismos de control internos que permitan detectar y neutralizar estas prácticas antes de que alcancen dimensiones alarmantes.
El informe de la UCO, con sus detalles sobre nombramientos estratégicos, pagos de alquileres con fondos ilícitos y presiones indebidas, dibuja un panorama desolador. **Es imperativo que la justicia actúe con celeridad y contundencia para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, sin importar el cargo o la filiación política de los implicados.** Sin embargo, la respuesta no puede limitarse a la mera sanción. Es fundamental una profunda reflexión sobre la necesidad de fortalecer la transparencia en la gestión pública, reforzar los mecanismos de control y promover una cultura de integridad que haga incompatible la política con la corrupción. Porque, en última instancia, es la credibilidad de las instituciones y la salud de nuestra democracia lo que está en juego.
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