Málaga, 7 de octubre de 2025 – El laberinto judicial en torno al ‘procés’ catalán da un nuevo giro inesperado. El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido hoy admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el ex president Carles Puigdemont. La decisión llega tras la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la ley de amnistía en relación al delito de malversación. Sin embargo, y aquí reside la controversia, el TC ha denegado la solicitud de suspensión de la orden de detención nacional que pesa sobre el líder independentista, manteniendo así intacto su estatus de prófugo de la justicia española.
La decisión del TC, lejos de ser unánime, refleja la profunda división ideológica que atraviesa el tribunal. La admisión a trámite se produjo con los votos favorables de la mayoría progresista, liderada por el presidente Cándido Conde-Pumpido, sumándose a ellos el magistrado conservador César Tolosa. En contra, se manifestaron Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías, quienes argumentaron la «prematuridad» de la decisión. Esta fractura interna añade un componente de incertidumbre al futuro del caso, dejando entrever una posible batalla legal prolongada y compleja.
La negativa del TC a suspender la orden de detención genera un escenario kafkiano. Por un lado, se reconoce la «especial trascendencia constitucional» del recurso, insinuando que la cuestión planteada va más allá del caso individual de Puigdemont y podría tener «consecuencias políticas generales». Por otro, se mantiene al ex president en una situación de vulnerabilidad legal, impidiéndole regresar a España sin correr el riesgo de ser arrestado. Esta aparente contradicción alimenta el debate sobre los límites de la amnistía y su aplicación efectiva en casos de líderes políticos en situación de rebeldía. ¿Puede hablarse de una rehabilitación política completa mientras persiste la amenaza de la prisión?
Más allá de la figura de Puigdemont, el TC también ha decidido estudiar los recursos de amparo de los ex consellers Antoni Comín y Lluis Puig, quienes también se enfrentan a la negativa del juez Llarena a aplicarles la amnistía por el delito de malversación. Esta acumulación de casos sugiere que el Constitucional se prepara para un análisis exhaustivo de la ley de amnistía y su alcance, en un contexto político y social marcado por la polarización y la desconfianza. La resolución final de estos recursos, que se espera en los próximos meses, podría tener un impacto significativo en el futuro de las relaciones entre Cataluña y el resto de España, así como en la interpretación de la Constitución en relación con los delitos políticos. La incertidumbre, por tanto, sigue siendo la principal protagonista de este complejo proceso judicial.
La decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso de Puigdemont, manteniendo al mismo tiempo la orden de detención, dibuja un escenario de parálisis estratégica preocupante. Lejos de ofrecer una vía de salida al laberinto catalán, el TC parece atrincherarse en una posición ambivalente que solo sirve para perpetuar la incertidumbre y alimentar las suspicacias de ambas partes. ¿Qué sentido tiene analizar la trascendencia constitucional de un caso mientras se mantiene a su principal protagonista en una suerte de limbo legal, privado de las garantías procesales que implica su comparecencia ante la justicia? Se corre el riesgo de que el debate jurídico se convierta en una mera representación teatral, vaciada de sustancia y utilidad real.
La fractura interna del TC, patente en la votación de admisión a trámite, evidencia una politización que erosiona la confianza pública en la institución. El magistrado Conde-Pumpido, al frente de la mayoría progresista, justifica la admisión alegando «consecuencias políticas generales», un argumento que, si bien reconoce la magnitud del problema catalán, también sugiere una intromisión del poder judicial en el ámbito político. Mientras tanto, la minoría conservadora denuncia la «prematuridad» de la decisión, insinuando una posible instrumentalización del TC para fines políticos. En este contexto de desconfianza generalizada, resulta difícil vislumbrar una resolución imparcial y justa que contribuya a la reconciliación y la búsqueda de soluciones duraderas.
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