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Sharm el-Sheikh, escenario de un acuerdo por la paz en Gaza con mediación clave de Egipto y otros países.

España firma la paz en Gaza, pero exige investigar crímenes de guerra. La Fiscalía ya analiza posibles delitos de genocidio.

España participa en la firma del acuerdo de paz en Gaza, pero insiste en la depuración de responsabilidades por presunto genocidio

Desde la calurosa Sharm el-Sheikh, la diplomacia mundial ha tejido un hilo de esperanza para la Franja de Gaza. En un día que quedará marcado en los libros de historia, Egipto, Estados Unidos, Qatar y Turquía han rubricado un acuerdo que busca poner fin a la escalada de violencia y abrir una nueva etapa de diálogo. Una veintena de líderes internacionales se han congregado en la ciudad egipcia, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. La delegación española ha celebrado el avance hacia la paz, pero ha sido tajante al advertir que la búsqueda de responsabilidades judiciales por las posibles atrocidades cometidas en la región no se detendrá.

La postura de España, transmitida con firmeza por el ministro Albares, es clara: «Las responsabilidades están ahí y eso no va a variar«. Más allá del júbilo por el cese de hostilidades, el Gobierno español considera crucial que se investiguen a fondo las denuncias de crímenes internacionales. Albares recordó que existen diversas vías judiciales abiertas: «Hay un caso ante el Tribunal Internacional de Justicia, una investigación de la Corte Penal Internacional y la propia Fiscalía española tiene abierta una investigación. Es algo que va a continuar». Esta firmeza española, aunque pueda generar fricciones, busca garantizar que la paz no se construya sobre la impunidad.

La Fiscalía española avanza en la investigación de posibles crímenes de lesa humanidad

La Fiscalía General del Estado, bajo la dirección de Álvaro García Ortiz, ya ha dado pasos concretos en la investigación de los hechos ocurridos en Gaza. Hace apenas un mes, se ordenó la creación de un equipo conjunto liderado por la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y por el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. Este equipo tiene la compleja tarea de analizar la información disponible y determinar si existen indicios suficientes para imputar delitos de genocidio y otros crímenes de lesa humanidad. La investigación, aunque compleja y delicada, es una muestra del compromiso español con la justicia internacional y la protección de los derechos humanos.

España, aunque no es uno de los principales mediadores en este acuerdo, ha mantenido una postura activa en la búsqueda de una solución pacífica al conflicto palestino-israelí. Desde la Moncloa se insiste en que la única vía para una paz duradera es la solución de los dos estados, que permita a palestinos e israelíes vivir en seguridad y prosperidad. «España ha estado apoyando este proceso, apoyando la paz desde sus inicios. Y ahora tenemos que dar nuevos pasos para ampliar ese camino de esperanza y para consolidarlo. Tenemos que trabajar para consolidar este alto al fuego», concluyó Albares, dejando claro que el camino hacia la paz es largo y requiere el compromiso de todos.

La foto de Sharm el-Sheikh, con Pedro Sánchez entre una veintena de líderes mundiales, es un espejismo peligroso. Celebrar un acuerdo de paz en Gaza sin exigir responsabilidades por las atrocidades cometidas es, en el fondo, lavarle la cara a la impunidad. Mientras la diplomacia internacional brinda con champán, las familias palestinas continúan enterrando a sus muertos y reconstruyendo, si pueden, sus vidas entre escombros. El gesto español, si bien aparentemente firme al insistir en la investigación de crímenes, se diluye en un mar de buenas intenciones y declaraciones vacías. ¿De verdad creemos que una investigación de la Fiscalía española, por muy encomiable que sea, tendrá el peso suficiente para desentrañar la maraña de intereses geopolíticos y poderosas inercias que protegen a los responsables?

La insistencia del gobierno en la solución de los dos estados, aunque correcta en teoría, suena a melodía desafinada cuando se repite una y otra vez sin medidas concretas para hacerla realidad. Mientras tanto, la expansión de los asentamientos israelíes continúa erosionando cualquier posibilidad real de un estado palestino viable. El «apoyo» de España al proceso de paz, como subraya Albares, debe traducirse en acciones mucho más contundentes: presión real a Israel para que detenga la ocupación y un reconocimiento efectivo del estado palestino. De lo contrario, la diplomacia española no será más que un barniz sobre una herida que sigue supurando, un parche que no detendrá la próxima escalada de violencia.

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