Tras un verano marcado por incendios catastróficos que han calcinado 330.000 hectáreas en España, una superficie seis veces mayor que la isla de Ibiza, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha inaugurado el nuevo curso político con un anuncio contundente: la propuesta de un Pacto de Estado frente a la emergencia climática. El acto, celebrado este lunes con la presencia destacada de su gabinete, busca una respuesta coordinada y ambiciosa ante un desafío que, según el presidente, ya ha costado miles de vidas y miles de millones de euros al país.
El plan, que será presentado formalmente en el Consejo de Ministros de mañana, se articula en torno a diez líneas generales que buscan involucrar a todas las fuerzas políticas y a la sociedad civil. Entre las medidas estrella destaca la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias, destinada a centralizar y mejorar la gestión de crisis provocadas por fenómenos meteorológicos extremos. Esta iniciativa surge tras un verano especialmente duro, con 130 incendios que han arrasado principalmente Castilla y León, Galicia y Extremadura, comunidades gobernadas por el PP y que, según fuentes gubernamentales, no han solicitado la intervención directa del Ejecutivo central en las labores de extinción.
Sánchez ha puesto cifras al drama climático, revelando que en los últimos cinco años, la emergencia climática ha provocado más de 20.000 muertes en España, el doble que las víctimas de accidentes de tráfico, y ha generado pérdidas económicas por valor de 32.000 millones de euros. «Esta cifra, que puede parecer abstracta, equivale al presupuesto destinado a la educación de nuestros niños y jóvenes», ha subrayado el presidente, enfatizando la magnitud del impacto.
La propuesta del Gobierno incluye, además de la creación de la agencia, la constitución de fondos permanentes para la reconstrucción de municipios afectados, el aumento de los recursos destinados a la prevención y extinción de incendios, y un nuevo modelo de gestión forestal adaptado a los retos del siglo XXI. El ejecutivo también planea el despliegue de una estrategia nacional para mejorar la resiliencia hídrica ante inundaciones y sequías, así como la adaptación de la legislación y el territorio a las olas de calor.
El presidente ha aprovechado la ocasión para lanzar un llamamiento a la unidad, instando a todas las fuerzas políticas a dejar de lado las «disputas competenciales, territoriales y partidistas» y a sumar esfuerzos en la lucha contra el cambio climático. No obstante, Sánchez ha sido crítico con los «negacionistas», en clara alusión a Vox, y ha rechazado las acusaciones de «terrorismo incendiario» vertidas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, subrayando que los incendios no son fruto de la casualidad ni de conspiraciones.
En un mensaje que, aunque sin nombres, parecía dirigido a algunas comunidades autónomas, Sánchez ha señalado que la ola de incendios de este verano es consecuencia de una «política de prevención claramente insuficiente«, marcada por la falta de planes ejecutados, la ausencia de instrumentos de análisis y predicción avanzados, y plantillas de bomberos y brigadas forestales que, en algunos territorios, no estaban suficientemente dotadas. «El momento de reparar el tejado es cuando brilla el sol, no cuando cae la lluvia», ha sentenciado el presidente, recordando que los incendios se combaten durante todo el año, no solo en verano. La propuesta del pacto nacional se presenta ahora como una respuesta ambiciosa ante una necesidad urgente.
La propuesta de un Pacto de Estado contra la emergencia climática, tras un verano abrasador, suena inevitablemente a **llega tarde**. La contundencia de las cifras presentadas por el presidente Sánchez – 20.000 muertes y 32.000 millones de euros en pérdidas en los últimos cinco años – debería haber activado una respuesta mucho antes. Si bien la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias apunta a una coordinación necesaria y largamente demandada, queda por ver si este organismo tendrá la autonomía y los recursos suficientes para superar las inercias burocráticas y la eterna lucha competencial entre administraciones. El problema, al final, no es solo la gestión de la crisis, sino la **falta de una visión holística y a largo plazo** que integre la prevención, la sensibilización y la adaptación al cambio climático en todas las políticas públicas.
El llamamiento a la unidad, aunque loable, corre el riesgo de diluirse en la habitual retórica política si no se acompaña de compromisos concretos y verificables. Las críticas veladas a las comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por la oposición, podrían interpretarse como una forma de **eludir responsabilidades compartidas**. La verdadera prueba de fuego para este Pacto de Estado será su capacidad para trascender las diferencias ideológicas y territoriales, promoviendo una inversión real en la prevención de incendios, la gestión sostenible de los recursos naturales y la adaptación de nuestras infraestructuras a los impactos del cambio climático. De lo contrario, este anuncio se convertirá en otra promesa vacía frente a una realidad que nos devora.
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