Málaga, 14 de octubre de 2025 – En una jornada que promete marcar un antes y un después en la política española, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al inicio del trámite para la reforma constitucional que busca blindar el derecho al aborto. La iniciativa, impulsada por el presidente Pedro Sánchez, tiene como objetivo principal consolidar un derecho que, a pesar de ser legal, ha estado históricamente sujeto a controversias y desafíos. La propuesta, fruto de un acuerdo entre PSOE y Sumar, plantea una modificación «ordinaria» del artículo 43 de la Constitución, añadiendo un nuevo apartado que reconoce explícitamente el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.
La decisión del Gobierno llega en un momento de especial tensión política, con el PP ya manifestando su firme rechazo a la medida. La batalla parlamentaria se anticipa ardua, ya que la aprobación de la reforma requiere una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. A pesar de la dificultad, el Ejecutivo confía en movilizar a las fuerzas progresistas y obtener el respaldo necesario para llevar adelante la iniciativa. Fuentes del gobierno insisten en que el procedimiento escogido, el artículo 167, permite evitar la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas, un aspecto crucial para mantener la estabilidad política en un contexto nacional e internacional complejo.
Más allá de la aprobación en las Cortes, la reforma constitucional podría enfrentar un último obstáculo: un referéndum ratificatorio. Si una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras lo solicitan, la ciudadanía será llamada a las urnas para expresar su opinión sobre la modificación. Este escenario plantea interrogantes sobre el futuro de la iniciativa, ya que el resultado de un referéndum es incierto y podría poner en riesgo todo el proceso. El debate social sobre el aborto sigue siendo intenso, y la polarización política podría influir en la decisión de los votantes.
La fórmula escogida para la reforma, la adición de un punto cuarto al artículo 43, también ha generado debate. Si bien garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, algunos sectores consideran que la redacción podría ser más ambiciosa y explícita en la protección de los derechos de las mujeres. Sin embargo, fuentes gubernamentales defienden que el texto es «sensible» y fruto de una negociación equilibrada entre los socios de coalición, buscando un punto de encuentro que garantice la máxima protección posible dentro del marco constitucional. La pelota está ahora en el tejado del Consejo de Estado, que deberá emitir su veredicto antes de que la reforma sea sometida al escrutinio de las Cortes. El camino hacia el blindaje constitucional del derecho al aborto se presenta largo y lleno de desafíos, pero el Gobierno está decidido a recorrerlo hasta el final.
Si bien la iniciativa del gobierno de blindar el derecho al aborto en la Constitución es un movimiento que celebra un avance social largamente postergado, no puedo evitar albergar ciertas reservas sobre su efectividad real y su posible instrumentalización política. La mera inclusión de este derecho en el artículo 43, si bien simbólicamente potente, no erradica las barreras de acceso que enfrentan muchas mujeres, especialmente aquellas en zonas rurales o con menos recursos. La objeción de conciencia, la falta de información adecuada y la escasez de centros que practiquen abortos son realidades persistentes que la reforma constitucional, por sí sola, no ataja. Temo que nos estemos centrando en la forma, el blindaje constitucional, olvidando el fondo: garantizar que todas las mujeres puedan ejercer este derecho en igualdad de condiciones.
La encarnizada batalla política que se avecina, con un PP frontalmente opuesto y la sombra amenazante de un referéndum, me genera una profunda desazón. ¿Es realmente necesario someter un derecho fundamental a la incertidumbre de las urnas? ¿No corremos el riesgo de reabrir heridas y alimentar una polarización que solo beneficia a los extremismos? Quizás sería más prudente buscar un consenso transversal que, sin llegar a la reforma constitucional, garantice una ley de plazos robusta y estable, acompañada de políticas públicas que faciliten el acceso real al aborto y promuevan la educación sexual y reproductiva. El ruido mediático y la contienda partidista amenazan con desvirtuar un debate que, en su esencia, debería centrarse en la autonomía y la dignidad de la mujer.
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