Málaga, 9 de abril de 2026. La arena del desierto parece haberse filtrado hasta los pasillos del poder en Madrid, dejando tras de sí un rastro de promesas incumplidas y un futuro incierto para miles de saharauis con lazos históricos con España. Zeinabu Dah, una joven coordinadora adjunta en el Centro Nacional de Oftalmología de Rabuni, es solo una de las muchas voces que resuenan con frustración. Su tercera solicitud de visado para viajar a España ha sido denegada, argumentando una supuesta falta de fiabilidad en su documentación. «Siempre nos lo ponen muy difícil a los saharauis», lamenta, un sentimiento que El diario de Málaga ha podido constatar entre muchos compatriotas, ciudadanos que, habiendo huido de su tierra con documentos españoles, ven ahora a su descendencia condenada a la apatridia. La herencia de una descolonización pendiente desde 1975 se cierne pesada sobre una generación que anhela no solo justicia, sino también el reconocimiento de sus raíces.
Más de 200.000 saharauis sobreviven hoy en cinco campamentos en Argelia, un exilio forzado tras el abandono español y la posterior ocupación marroquí del que fuera la provincia 53. Lo que una vez fue una relación de soberanía se ha transformado en una esquiva política. El giro del Gobierno de Pedro Sánchez, abrazando el plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental tras años de aparente neutralidad, ha sido recibido con amarga resignación. «De los socialistas no puedes esperar nada, siempre nos va mal con ellos», sentenció un residente de Auserd durante las celebraciones del 50 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática. Un contraste palpable, donde el español se mantiene como segunda lengua, saludando a los extranjeros con un «¡Hola!», pero el vínculo histórico parece diluirse en las decisiones políticas actuales.
Mientras España abre las puertas a los nietos de emigrantes en Iberoamérica, el camino para los descendientes de saharauis con DNI español se antoja intransitable. Fátima, hija de saharauis nacida en Valdepeñas, lo confirma con dolor mientras observa un desfile militar junto a su prima Zara. Zara, a pesar de tener abuelos españoles y padres residiendo en España, no puede viajar. Cumplidos los 18 años, la ciudadanía se le escapa, un muro burocrático que desafía la lógica de lazos consanguíneos y el legado de una antigua provincia española. En este contexto, la iniciativa de Sumar, a través de IU, de registrar un proyecto de ley para nacionalizar a estos descendientes se presenta como un faro de esperanza. Enrique Santiago, portavoz adjunto de Sumar, asegura que la ley «puede aprobarse perfectamente esta legislatura», señalando el bloqueo del PSOE como el principal obstáculo. La paradoja es evidente: mientras España se erige en defensora de la legalidad internacional en conflictos lejanos, como en Palestina o ante Irán, la deuda histórica con el pueblo saharaui parece quedar relegada a un segundo plano.
La situación de Zeinabu Dah y otros saharauis que enfrentan obstáculos burocráticos para acceder a España, incluso aquellos con vínculos históricos y lazos familiares, revela una profunda contradicción en la política exterior española. Es un hecho que nuestro país tiene una deuda histórica con el pueblo saharaui, una responsabilidad que parece diluirse bajo el peso de intereses geopolíticos y la falta de voluntad política. El hecho de que una profesional cualificada, con una conexión directa con la cooperación española a través de la AECID, sea tratada con tanta desconfianza y tenga su documentación catalogada como «no fiable», es no solo un insulto a su persona, sino una bofetada a la propia credibilidad de las instituciones españolas. La negligencia en la tramitación de visados y la aparente desprotección de los descendientes de españoles, mientras se abren las puertas a otros colectivos, dibuja un panorama desolador y plantea serias preguntas sobre la coherencia de nuestros principios.
La decisión del gobierno de Pedro Sánchez de dar un giro a la tradicional neutralidad española en el Sáhara, apoyando el plan marroquí, ha sido un golpe devastador para las aspiraciones saharauis, como bien señalan en la noticia. Resulta especialmente chocante y, francamente, decepcionante, constatar cómo la defensa de la legalidad internacional y los derechos humanos se exhibe con contundencia en conflictos ajenos, como en Palestina o ante las tensiones con Irán, pero se diluye hasta la inacción ante una descolonización pendiente y un pueblo que aún reclama su identidad. La postura del PSOE, bloqueando la tramitación de leyes que podrían facilitar la nacionalización de los saharauis, se antoja incomprensible y anacrónica. Es imperativo que el gobierno, y en particular los socialistas, revisen urgentemente su estrategia, reconociendo la histórica deuda contraída y actuando con la empatía y la justicia que el pueblo saharaui merece, alineando sus acciones con los valores que dicen defender y cerrando, de una vez por todas, la herida abierta de la descolonización.
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