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Robles acusa a Feijóo de «orquestar» petición «desorbitada» de ayuda militar contra incendios.

La ministra Robles acusa a Feijóo de inflar la petición de recursos al Ejército durante los incendios de agosto, sugiriendo una estrategia política para dañar al Gobierno.

Robles acusa a Feijóo de orquestar una "petición desorbitada" de medios al Ejército durante los incendios de agosto

Málaga, 26 de agosto de 2025 – La polémica sobre la gestión de los incendios forestales del pasado mes de agosto continúa ardiendo, esta vez avivada por las duras acusaciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En una comparecencia en el Senado, Robles ha señalado directamente a Feijóo de coordinar una solicitud "sorprendente" y "desorbitada" de medios al Ejército por parte de las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León, y Extremadura, todo ello en medio de la crisis ígnea que asolaba la península.

Según la ministra, esta petición masiva, que incluyó desde maquinaria pesada hasta drones con visión térmica, llegó de forma "absolutamente coordinada" el viernes 15 de agosto, tras unas declaraciones públicas de Feijóo en las que cuestionaba la suficiencia de los recursos destinados a combatir el fuego. Robles insinuó que esta maniobra respondía a una estrategia política para erosionar la imagen del Gobierno central, al tiempo que sembraba dudas sobre la gestión real de la emergencia por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

¿Una estrategia política a costa de la emergencia?

La ministra no dudó en cuestionar la verdadera necesidad de los recursos solicitados, dando ejemplos concretos de medios que, a pesar de ser desplegados, no llegaron a utilizarse. Helicópteros de transporte que permanecieron inactivos durante días, puestos de mando sin personal y cocinas de campaña prácticamente vacías son solo algunos de los ejemplos que Robles esgrimió para sustentar su acusación.

Robles lamentó que "desde los despachos" se intentara dictar a los técnicos cómo debían actuar, insinuando que la solicitud de medios respondía más a una directriz política que a una evaluación real de las necesidades sobre el terreno. La ministra también sugirió que los consejeros autonómicos responsables de la gestión de incendios se vieron presionados a realizar esta petición, a pesar de que su trabajo con los técnicos del Ejército se desarrollaba con normalidad hasta ese momento.

"Algunos de esos medios nunca se pusieron en funcionamiento", sentenció Robles, dejando claro que la actuación del líder de la oposición, en su opinión, generó una situación artificial y contraproducente en medio de una crisis de gran envergadura. La polémica está servida y se espera que las próximas comparecencias de otros ministros en el Senado arrojen más luz sobre este controvertido episodio.

La acusación de Margarita Robles es un dardo envenenado que va más allá de la mera contienda política. Si se confirman las insinuaciones de una petición orquestada y desproporcionada de recursos militares, estaríamos ante una irresponsabilidad mayúscula por parte de la oposición. No se trata simplemente de cuestionar la gestión del Gobierno, legítimo ejercicio democrático, sino de, presuntamente, instrumentalizar una tragedia nacional para obtener réditos políticos. La gravedad reside en que la gestión de incendios forestales exige coordinación, transparencia y una evaluación honesta de las necesidades, no una escalada artificial que, como señala la ministra, podría haber entorpecido la labor de los técnicos y sembrado confusión en un momento crítico.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno tampoco puede limitarse a señalar culpables. Más allá de las acusaciones cruzadas, es imperativo un análisis profundo de la coordinación interadministrativa en situaciones de emergencia. ¿Cómo se gestionan las peticiones de recursos? ¿Existen mecanismos claros y transparentes para evitar duplicidades o solicitudes innecesarias? ¿Se está invirtiendo lo suficiente en prevención y formación de los equipos de extinción? La polémica desatada debería servir como catalizador para una reflexión seria sobre el modelo de gestión de incendios en España, buscando soluciones que prioricen la eficacia, la transparencia y, sobre todo, la seguridad de la ciudadanía y la protección de nuestro patrimonio natural.

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