Madrid se convirtió ayer en el epicentro de una protesta feminista con un mensaje claro y contundente: la abolición de la prostitución es una deuda pendiente que el Gobierno debe saldar. Bajo el sol otoñal, un grupo de activistas del Movimiento Feminista de Madrid (MFM) marchó por las calles de la capital, alzando la voz contra la explotación sexual y exigiendo una ley abolicionista que proteja a las mujeres. La manifestación, aunque modesta en número, resonó con fuerza en su demanda de justicia y en su crítica a la inacción política.
El eco de los escándalos recientes, como los mensajes reveladores de Koldo, resonó en cada eslogan y pancarta. Las manifestantes denunciaron la hipocresía de una clase política que se indigna ante la evidencia de la explotación, pero que no se atreve a tomar medidas contundentes para erradicarla. "La izquierda no puede aprobar una Ley del ‘solo sí es sí’ y olvidarse de las mujeres más vulnerables de este país", clamó una portavoz, apelando a la conciencia de todos los partidos políticos. El MFM considera que la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP), una propuesta elaborada por sus propias organizaciones, es la herramienta necesaria para desmantelar la industria de la explotación sexual y construir una sociedad igualitaria.
La protesta no solo fue una denuncia, sino también un llamado a la acción. Las feministas recordaron la promesa del Gobierno de impulsar una ley abolicionista durante esta legislatura, una promesa que, hasta el momento, sigue sin cumplirse. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido la complejidad de la lucha contra la trata, pero el MFM advierte que una ley centrada únicamente en este delito es insuficiente para abordar el problema de raíz. "Se necesitan políticas realmente abolicionistas para proteger a las mujeres, reducir la demanda y desmontar la industria de la explotación sexual", insisten.
La falta de respuesta por parte de los grupos parlamentarios es otro motivo de frustración para las feministas. A pesar de haber remitido una carta respaldada por 80 organizaciones de todo el Estado, la única reacción obtenida ha sido, en algunos casos, un simple "acuse de recibo". Este silencio ensordece aún más la necesidad urgente de un debate serio y profundo sobre la prostitución y sus devastadoras consecuencias para las mujeres. El MFM persiste en su lucha, con la convicción de que una sociedad democrática no puede tolerar la explotación sexual y que la abolición es el único camino hacia la igualdad real.
La manifestación del Movimiento Feminista de Madrid (MFM) resuena con la fuerza de una verdad incómoda: la supuesta progresía política española coquetea, peligrosamente, con la normalización de la explotación sexual. La promesa incumplida de una ley abolicionista no es sólo un desliz en la agenda legislativa, sino un síntoma de una miopía ideológica que antepone cálculos electorales a la defensa de los derechos humanos más elementales. Se invoca la complejidad del fenómeno, la dificultad de distinguir entre prostitución «voluntaria» y trata, como excusas para la inacción. Sin embargo, esta dilación no es neutral; perpetúa un sistema que alimenta la desigualdad y cosifica a las mujeres más vulnerables. La valentía del MFM al señalar esta contradicción es, por tanto, un ejercicio de responsabilidad democrática que debería avergonzar a quienes, desde la comodidad de sus escaños, miran hacia otro lado.
Sin embargo, la crítica al inmovilismo político no exime de una autocrítica interna al propio movimiento feminista. La visión monolítica del abolicionismo, tal como se plantea, corre el riesgo de invisibilizar las complejas realidades de las mujeres en situación de prostitución. ¿Se están considerando adecuadamente las voces de aquellas que, aún en contextos de coerción y vulnerabilidad, perciben la prostitución como una estrategia de supervivencia, aunque sea precaria? ¿Se ofrecen alternativas reales y viables para aquellas que dependen económicamente de esta actividad? El abolicionismo, para ser realmente transformador, debe ir más allá de la criminalización y la prohibición, construyendo un entramado de políticas sociales, laborales y educativas que permitan a estas mujeres escapar del círculo de la explotación con dignidad y autonomía. De lo contrario, corremos el riesgo de añadir una nueva capa de marginación a quienes ya se encuentran en los márgenes.
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