Málaga, 19 de septiembre de 2025 – Un halo de preocupación se cierne sobre la efectividad de las medidas de protección para víctimas de violencia de género en España. Si bien el Gobierno y la Fiscalía General han asegurado la resolución de los problemas de migración de datos, voces críticas dentro del sistema judicial, especialmente jueces especializados en Violencia sobre la Mujer, levantan la voz ante un problema latente: la disminución de la confianza en las pulseras telemáticas como herramienta de protección.
La sombra de la duda se proyecta sobre la calidad de los nuevos dispositivos utilizados para controlar las órdenes de alejamiento. Según datos oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, tras un pico de 4.851 pulseras instaladas en abril de 2024, coincidiendo con el cambio en la gestión del programa, la cifra descendió a 4.515 en julio de 2025. Esta caída, aparentemente modesta, refleja una creciente desconfianza entre los profesionales del ámbito judicial, quienes optan por medidas más contundentes como el endurecimiento de las condiciones de alejamiento o, incluso, la prisión provisional en casos de alto riesgo.
Las alarmas infundadas y los fallos técnicos son una constante, según denuncian jueces, fiscales y abogados, generando incertidumbre y zozobra en las víctimas. Esta situación contradice las afirmaciones del Gobierno y la Fiscalía General, quienes insisten en que la protección de las víctimas no se ha visto comprometida. Testimonios desde la judicatura, como el del magistrado Francisco Gutiérrez, revelan situaciones alarmantes: agresores detenidos cerca del domicilio de la víctima cuando la pulsera indicaba una ubicación distante, o la facilidad con la que se retiran los dispositivos, poniendo en riesgo la integridad de la persona protegida.
El quid de la cuestión parece residir en el coste de los dispositivos. El contrato actual estipula un valor de 696,34 euros por unidad, una cifra considerablemente inferior a los 1.200 euros que el Ministerio de Igualdad había estimado inicialmente. Fuentes jurídicas sugieren que las pulseras utilizadas previamente, con un coste cercano a los 3.000 euros, ofrecían una mayor fiabilidad y seguridad. La diferencia de precio, inevitablemente, plantea interrogantes sobre la calidad y la efectividad de los dispositivos actuales. ¿Estamos poniendo en riesgo la seguridad de las víctimas en aras de la eficiencia económica? La respuesta, por el momento, permanece en el aire.
La noticia sobre el presunto declive en la efectividad de las pulseras telemáticas para la protección de víctimas de violencia de género en España, y particularmente las voces de alerta que resuenan desde la judicatura malagueña, representan una **inaceptable regresión en la lucha por la erradicación de esta lacra**. Si bien las cifras de dispositivos instalados pueden parecer estables a ojos inexpertos, la reducción en la confianza que depositan los jueces en este sistema de protección, prefiriendo medidas más drásticas como la prisión provisional, debería ser motivo de profunda preocupación. La seguridad de las mujeres no puede estar sujeta a fluctuaciones en la gestión administrativa o a la ambigüedad de los datos.
El debate sobre el coste de los dispositivos, revelando una posible priorización de la eficiencia económica por encima de la seguridad, resulta especialmente inquietante. **¿Es justificable escatimar recursos cuando se trata de proteger vidas humanas?** La disparidad de precios entre las antiguas y las nuevas pulseras, y las consiguientes dudas sobre su fiabilidad, exigen una investigación exhaustiva y transparente. No podemos permitirnos que la lucha contra la violencia de género se vea comprometida por decisiones economicistas que, en última instancia, podrían tener consecuencias trágicas. Es imperativo priorizar la eficacia y la seguridad, garantizando que las víctimas cuenten con la protección real y tangible que merecen, independientemente del coste.
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