La controversia rodea las pulseras de control telemático para maltratadores. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha salido al paso de la polémica desatada tras conocerse incidencias en la descarga de datos de estos dispositivos durante el año pasado. Desde Valladolid, la ministra ha calificado de «alarma injustificada» las preocupaciones generadas, asegurando que el sistema «funciona, está protegiendo y está salvando vidas». Sus declaraciones, pronunciadas este viernes, buscan tranquilizar a las más de 4.000 mujeres en España que dependen de esta medida de protección.
La polémica surgió tras la valoración de la Fiscalía General del Estado sobre las incidencias detectadas en la transmisión de datos desde las pulseras a los juzgados. Según Redondo, esta valoración se realizó «sin datos» precisos y ha generado una preocupación desmedida. La ministra ha insistido en que el problema, derivado de una migración entre empresas adjudicatarias y resuelto en diciembre de 2024, afectó a casos «mínimos, puntuales». Sin embargo, la sombra de duda planea sobre la efectividad de un sistema considerado crucial para la seguridad de las víctimas de violencia de género.
Redondo ha explicado que, en los casos puntuales donde hubo problemas en la descarga de datos, los juzgados no pudieron acceder a la información en tiempo y forma, lo que llevó a sobreseimientos temporales. No obstante, la ministra ha enfatizado que los datos fueron posteriormente recuperados por Vodafone y puestos a disposición de los juzgados, corrigiendo la situación. Además, ha destacado que una trabajadora de la empresa Cometa testificó ante los juzgados en los casos en que fue necesario, minimizando el impacto real de la incidencia. «Ni es el único medio de prueba, ni ha implicado ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona que hubiera realizado ese quebrantamiento», ha sentenciado.
La ministra ha terminado su intervención con un llamamiento a la calma y la confianza en el sistema de protección: «Ninguna mujer con pulsera ha sido asesinada, por favor, es importante confiar en el sistema». Un mensaje directo y contundente que busca disipar las dudas y reafirmar el compromiso del gobierno con la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas. El debate, sin embargo, promete continuar, mientras las organizaciones feministas y la oposición exigen una mayor transparencia y garantías sobre el correcto funcionamiento de las pulseras anti-maltratadores.
La minimización de la ministra Redondo respecto a las incidencias con las pulseras anti-maltratadores resulta, cuanto menos, inquietante. Si bien es cierto que el sistema ha evitado tragedias, como ella misma subraya, **es peligroso restar importancia a fallos que, aunque «mínimos» según el ministerio, ponen en riesgo la seguridad de las víctimas.** El eufemismo de «sobreseimientos temporales» no hace sino ocultar la realidad: durante un período, la justicia no pudo acceder a información vital para proteger a mujeres amenazadas. ¿Cuántos instantes de vulnerabilidad se acumulan en ese tiempo? La confianza en el sistema, que la ministra exige, se construye con transparencia y rendición de cuentas, no con negaciones y justificaciones que suenan a excusa.
Resulta paradójico que, en la lucha contra la violencia de género, un problema tecnológico se convierta en un nuevo obstáculo. La digitalización, lejos de ser una solución infalible, revela sus propias fragilidades y la necesidad de una supervisión constante. La gestión de la migración entre empresas adjudicatarias parece haber sido deficiente, y el hecho de que una empleada de Cometa tuviera que testificar ante los juzgados evidencia la gravedad de la situación. Más allá de la tranquilidad que intenta transmitir la ministra, es imprescindible una auditoría independiente y rigurosa que evalúe la eficacia real del sistema y garantice que la protección de las víctimas no se vea comprometida por fallos técnicos o negligencias administrativas. No podemos permitirnos que la tecnología se convierta en una falsa sensación de seguridad.
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