La cuenta atrás ha comenzado. Mañana, el Congreso de los Diputados se enfrenta a una decisión crucial: la convalidación del real decreto ley que establece el embargo de armas a Israel. Una medida que, lejos de generar consenso, ha desatado una tormenta política con Podemos en el ojo del huracán. La formación morada, otrora abanderada de la causa palestina, se encuentra ahora bajo una presión asfixiante para que su voto permita la continuidad de esta prohibición de compraventa de material militar.
Más de 600 organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en la plataforma «Fin al comercio de armas con Israel», han alzado la voz con contundencia. Conscientes de la incertidumbre que rodea la postura de Podemos, instan a sus diputados a votar a favor de la convalidación, priorizando el sufrimiento de la población de Gaza por encima de cálculos políticos o estrategias partidistas. La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), impulsora de la ley del embargo de armas que en su día contó con el respaldo de Sumar, ERC, EH Bildu y la propia Podemos, es uno de los pilares de esta campaña.
La postura de Podemos ante este embargo ha generado desconcierto y fuertes críticas. Ione Belarra, referente de la formación, ha calificado el embargo promovido por el Gobierno como un «fake» destinado a generar titulares vacíos de contenido real. Esta contundencia ha sembrado la duda sobre la intención real de Podemos: ¿votarán en contra, tumbando el embargo? ¿Se abstendrán, permitiendo su continuidad por la mínima?
La incertidumbre es palpable en el seno del Gobierno, que teme que la postura de Podemos acabe dinamitando una medida que, si bien consideran mejorable, representa un paso importante en la política exterior española. Belarra, por su parte, exige al Ejecutivo la retirada del real decreto ley y la presentación de un nuevo embargo «real y efectivo».
Eduardo Melero, portavoz de la campaña «Fin al comercio de armas con Israel» y miembro del Centre Dèlas de Estudios por la Paz, ha lanzado un mensaje directo a los partidos indecisos: «Hay que mandar un mensaje inequívoco a la población de Gaza. Hay que pensar menos en nosotros mismos y más en la gente que está sufriendo realmente». Melero reconoce las deficiencias del texto actual, pero lo considera un «paso adelante» que debe ser aprobado.
Valentina Carvajal, de Greenpeace, coincide en la necesidad de votar a favor del embargo, aunque «llegue tarde». «Lo que pedimos es que se convalide mañana, que todos los grupos voten que sí porque tenemos que dejar de ser cómplices en este genocidio que estamos viviendo desde hace más de dos años», afirma Carvajal, quien considera que el embargo debe ser tramitado como proyecto de ley para introducir mejoras.
La plataforma «Fin al comercio de armas con Israel» ha advertido que, una vez aprobado el embargo, ejercerá una «presión de la calle» constante y pondrá a disposición centros de investigación para «estar pendientes de lo que realmente se hace». La sociedad civil se erige así como garante del cumplimiento de una medida que, a pesar de sus limitaciones, representa una oportunidad para mostrar la solidaridad de España con el pueblo palestino. El debate está servido y la decisión final está en manos de los diputados. El tiempo apremia.
La postura dubitativa de Podemos ante el embargo de armas a Israel revela una preocupante desconexión entre sus principios fundacionales y las realidades de la política pragmática. Resulta incomprensible que un partido nacido al calor de la defensa de los derechos humanos y la solidaridad internacional se muestre reticente ante una medida que, aunque imperfecta, representa un freno al suministro de armamento que alimenta un conflicto con consecuencias devastadoras para la población civil. Las justificaciones esgrimidas por Ione Belarra, calificando el embargo como un «fake», suenan a excusa barata ante la presión de un electorado que, con razón, exige coherencia y contundencia en la defensa de los derechos humanos. La exigencia de un embargo «real y efectivo» no puede ser una coartada para la inacción, sino un incentivo para mejorar y reforzar las medidas existentes, evitando así convertirse en cómplices pasivos de la escalada de violencia.
Más allá de las estrategias partidistas y los cálculos electorales, lo que está en juego es la credibilidad de la política española ante la comunidad internacional y, sobre todo, ante el pueblo palestino. La presión ejercida por la sociedad civil, a través de plataformas como «Fin al comercio de armas con Israel», demuestra que la ciudadanía está dispuesta a movilizarse para exigir el cumplimiento de los compromisos éticos y legales en materia de derechos humanos. Si bien es cierto que el real decreto ley puede ser mejorado, su convalidación representa un gesto de responsabilidad y una oportunidad para construir una política exterior más justa y coherente. La abstención o el voto en contra de Podemos no solo supondría un revés para el Gobierno, sino una traición a los principios que dieron origen a su proyecto político y una decepción para aquellos que confiaron en su compromiso con la defensa de la justicia y la paz.
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