El terremoto político desatado tras la incomparecencia de Begoña Gómez ante el juez Peinado resuena con fuerza en la arena política nacional. Desde Génova, la cúpula del Partido Popular ha alzado la voz, acusando a la esposa del presidente del Gobierno de «desafiar» a la Justicia y proyectar una imagen de «ocultación» que, a su juicio, mina aún más la credibilidad del Ejecutivo.
Las reacciones en el seno del PP no se han hecho esperar. Miguel Tellado, secretario general del partido, ha sido el encargado de articular el discurso de la formación, dejando claro que la ausencia de Gómez en la cita judicial «alimenta las sospechas» y confirma, según su visión, una estrategia de «parapeto» tras el poder presidencial. «Quien nada teme, da la cara», sentenció Tellado, insistiendo en que la decisión de Gómez, aunque legalmente amparada, resulta «inmoral» a los ojos del partido.
El argumentario del PP se centra en la idea de que el «sanchismo» está en su «fase terminal». La incomparecencia de Gómez, sumada a la situación judicial de figuras clave como el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, configura, según los populares, un panorama de «descomposición» y «espectáculo penoso». «Hemos pasado del paseíllo por los juzgados al escaqueo; a un matrimonio a la fuga», declaró Tellado, elevando el tono de la crítica.
Desde el PP se reprocha al presidente Sánchez haber incumplido su promesa de «colaborar con la Justicia», denunciando una supuesta campaña de «insultos» y «plantones» orquestada desde La Moncloa. El partido insiste en que la estrategia del Gobierno solo demuestra que «el sanchismo tiene mucho que esconder, mucho que tapar y mucho de lo que avergonzarse». La batalla política, lejos de amainar, se recrudece con cada nuevo capítulo de este controvertido caso.
El ruido político generado por la incomparecencia de Begoña Gómez ante el juez, lejos de esclarecer la situación, parece diseñado para avivar la polarización y rentabilizar el desgaste del adversario. El Partido Popular, en su legítimo rol de oposición, encuentra en este episodio un filón para erosionar la imagen del gobierno. Sin embargo, la virulencia del discurso, que roza la estridencia, y la insistencia en la «ocultación» como estrategia deliberada, corren el riesgo de banalizar la presunción de inocencia y convertir un proceso judicial complejo en un simple juicio mediático. La exigencia de «dar la cara» a toda costa, sin considerar las estrategias legales legítimas de defensa, recuerda peligrosamente a tiempos en que la justicia se impartía en la plaza pública, olvidando que la verdadera justicia reside en la imparcialidad y el debido proceso, no en la presión popular.
Más allá del legítimo derecho de la oposición a fiscalizar y criticar la acción del gobierno, la deriva del debate hacia el «fin del sanchismo» revela una preocupante desconexión con la realidad y una simplificación excesiva de la situación política. Reducir un complejo entramado judicial a una cuestión de supervivencia política es un error que empobrece el debate público y dificulta la búsqueda de soluciones. La ciudadanía merece un análisis más profundo y matizado, que se centre en los hechos, en las pruebas y en el respeto a las instituciones, en lugar de caer en la tentación del sensacionalismo y la politización exacerbada. Quizás, en lugar de predecir apocalipsis políticos, deberíamos exigir una mayor transparencia y responsabilidad por parte de todos los actores involucrados, para que la justicia pueda hacer su trabajo sin interferencias ni presiones.
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