El inicio del maratón de actos que conmemoran los 50 años de la muerte de Francisco Franco ha desatado una tormenta política en España. Este miércoles, en una rueda de prensa celebrada en Madrid, Podemos aprovechó la ocasión para señalar lo que consideran un legado franquista aún presente en las estructuras del poder actual. Desde la monarquía hasta la Justicia, la formación morada identificó conexiones innegables que, a su juicio, demuestran que el ADN franquista sigue impregnando las instituciones democráticas, empezando por el Rey Felipe VI.
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, aseveró que el actual modelo de monarquía es un “heredero” del régimen dictatorial, afirmando que «si en España existe una monarquía es única y exclusivamente porque así lo quiso el dictador Franco». Esta declaración no solo busca cuestionar la legitimidad del actual monarca, sino que además invita a reflexionar sobre la falta de un referéndum que permitiera a los españoles decidir su forma de Estado tras la transición. “Se le robó al pueblo español su derecho a ser consultado», enfatizó Fernández, quien también reclama un referéndum para que los ciudadanos se pronuncien sobre su preferencia entre monarquía o república.
En el marco de la conmemoración, que promete superar el centenar de actos a lo largo del año, Podemos instó al PSOE a acompañar los homenajes con «hechos concretos» que reconozcan que «la muerte de Franco no acabó con el franquismo». La formación ha solicitado no solo reflexionar sobre el pasado, sino también emprender acciones que involucren a la ciudadanía en la construcción de un futuro democrático más cercano a sus deseos.
Aparte de la monarquía, Fernández advirtió sobre otros “elementos franquistas insertados” en instituciones claves del Estado, mencionando específicamente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a la Justicia. La falta de democratización en estas instituciones, sostiene, es una prueba de que el régimen del 78 sigue estando marcado por las huellas del franquismo. “Necesitamos una democracia que no se vea ensombrecida por la herencia de un dictador”, argumentó.
Además, el dirigente de Podemos no escatimó en advertencias sobre el modelo económico del país, que según él, se enriquece con la corrupción de élites que aún se benefician del legado franquista. En un panorama donde las desigualdades sociales se hacen cada vez más patentes, Fernández concluyó que “la estructura de corrupción de las élites económicas franquistas se mantiene y pervive a día de hoy”, lo que a su entender es un obstáculo para la construcción de un futuro realmente democrático y equitativo en España.
Con la mirada puesta en el futuro, Podemos exige que se lleve a cabo un verdadero debate nacional en torno a la forma de Estado que los ciudadanos desean, alentando así a los españoles a cuestionar y reclamar un sistema que se sienta verdaderamente representativo y alejado de las sombras de su pasado más oscuro.
La crítica de Podemos sobre la persistencia de un legado franquista en las instituciones españolas es una llamada de atención necesaria ante la compleja realidad política que enfrentamos. Si bien es cierto que la transacción a la democracia trajo consigo avances significativos, también es innegable que la falta de una depuración profunda de estructuras y sistemas heredados del franquismo ha permitido que esas sombras sigan presentes en nuestro sistema político y judicial. La afirmación de Pablo Fernández sobre la monarquía como “heredera del régimen dictatorial” no debe ser despreciada; más bien, debe ser un punto de partida para un debate más amplio que incluya a la ciudadanía en la discusión sobre el futuro de nuestra forma de gobierno. Este tipo de cuestionamientos deben servir como estímulos para avanzar hacia una democracia más genuina, que refleje verdaderamente la voluntad del pueblo, y más aún en un momento donde la desafección política parece estar en aumento.
Sin embargo, mientras el discurso de Podemos acierta en señalar los vestigios del franquismo, también hay que reconocer que su enfoque puede correr el riesgo de polarizar aún más el panorama político. En lugar de simplemente denostar las estructuras existentes, sería más constructivo fomentar un diálogo inclusivo que busque soluciones comunes para los problemas que afectan a nuestra democracia actual. Proponer un referéndum que permita a los ciudadanos decidir entre monarquía y república es un paso valiente, pero debe complementarse con iniciativas que aborden las desigualdades sociales y la corrupción que persiste en el sistema. Un verdadero debate nacional sobre el futuro de nuestro Estado debería centrarse no solo en el legado del pasado, sino en cómo construir un futuro que refleje los valores y aspiraciones de todos los españoles, sin exclusiones ni rencores. Es ahí donde debemos poner el foco: en un pacto social inclusivo que premie la reflexión sobre el ayer, pero que, sobre todo, priorice el desarrollo de un mañana más democrático y equitativo.
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