2026-03-30 01:47:00 – La reciente y contundente victoria judicial que ha sellado la recuperación definitiva del Pazo de Meirás para el patrimonio público no es un punto final, sino el inicio de un nuevo capítulo en la larga historia de reivindicación del legado artístico y arquitectónico gallego. La decisión de la justicia no solo ha validado las sospechas de historiadores y ciudadanos sobre la ilícita procedencia de la emblemática residencia, sino que ha sentado un precedente crucial. Ahora, las miradas se vuelven hacia otras propiedades que, durante décadas, han permanecido bajo la órbita de la familia Franco en la comunidad autónoma, alimentando un debate que trasciende los muros de Meirás para adentrarse en los intrincados vericuetos de la historia reciente de España.
El historiador Manuel Pérez Lorenzo señala con precisión el próximo foco de atención: la conocida como Casa de las Conchas y su anexo, un hórreo de incalculable valor etnográfico. Esta imponente vivienda, estratégicamente ubicada en el municipio coruñés de Sada, colindante con la finca de Meirás, fue adquirida por Francisco Franco y Carmen Polo en la década de los sesenta, intensificando su vinculación con el Pazo. Si bien su nombre figuró en los primeros inventarios judiciales, su exclusión final del litigio sobre Meirás se debió a la delimitación del proceso a los terrenos del propio pazo. Pérez Lorenzo revela el intrincado proceso de adquisición, que se remonta a 1938, tras la consolidación de la propiedad de Meirás. El interés inicial por la Casa de las Conchas se encontró con la resistencia de su propietario, un emigrante retornado de Estados Unidos. Fue solo tras décadas de espera y una compleja operación, orquestada desde la Casa Civil con la participación del entonces alcalde de A Coruña y el apoyo militar para la construcción de una vivienda alternativa para el dueño, que se logró desbloquear la operación. La historia no termina ahí: el inmueble fue sometido a una reforma integral financiada con fondos públicos, durante la cual Carmen Polo impulsó el revestimiento de una de sus fachadas con vieiras, inmortalizando su nombre y su vinculación al dictador, tal como recogió El Ideal Gallego en 1981.
El horizonte de la recuperación patrimonial se extiende también a la Casa Cornide, un palacete barroco del siglo XVIII situado en el corazón histórico de A Coruña. La familia Franco mantiene su posesión a pesar de que su adquisición en 1962 está ampliamente documentada como una operación orquestada desde las propias instituciones. Este edificio, que previamente había pertenecido al patrimonio público, primero al Ministerio de Educación y luego al Ayuntamiento de A Coruña, acabó en manos de Carmen Polo tras una subasta promovida por el consistorio. La peculiaridad de la misma radica en que el único postor fue Pedro Barrié de la Maza, influyente banquero coruñés y figura económica clave del franquismo en Galicia. Barrié de la Maza adquirió la propiedad por poco más de 300.000 pesetas, para revenderla, apenas tres días después, a la esposa del dictador por la décima parte de esa cifra: 25.000 pesetas. El historiador Emilio Grandío, en su informe de 2020, arrojó luz sobre este escabroso asunto, desvelando una comunicación oficial de Ricardo Catoira, secretario personal de Franco, al subsecretario de Hacienda. En ella se detallaba explícitamente el mecanismo diseñado para la transferencia: «Hoy se reúne el Pleno para adjudicarla a un particular y este venderla a la Señora. Así se lo hemos explicado a Su Excelencia por ser la mejor fórmula, ya que de esta forma no se hace una adjudicación de bienes que fueron del Estado al propio Caudillo». Unas palabras que exponen sin ambages la estrategia para eludir el escrutinio público y perpetuar la apropiación de bienes de valor histórico y público.
La reciente recuperación definitiva del Pazo de Meirás marca un hito crucial en la batalla legal y moral contra el expolio del patrimonio público perpetrado durante la dictadura. Más allá de la anécdota de la suntuosa residencia estival, la sentencia judicial representa un respaldo contundente a la verdad histórica que tantos historiadores habían defendido incansablemente en ámbitos académicos, pero que hasta ahora carecía de la fuerza vinculante de la ley. Que la justicia escriba negro sobre blanco que la adquisición de Meirás no fue un regalo, sino un acto de apropiación indebida y que esta puede ser revertida, sienta un precedente de incalculable valor. Ahora, el foco se desplaza legítimamente hacia otras propiedades que, como se desprende del análisis de expertos, siguen en manos de los herederos de Franco, sugiriendo que la lucha por la restitución podría estar lejos de haber concluido.
El caso de la Casa de las Conchas y la Casa Cornide, tal y como se desgrana en la noticia, pone de manifiesto las complejas y, a menudo, opacas maniobras empleadas para la acumulación de patrimonio durante el régimen. La intervención de la Casa Civil, el uso de fondos públicos para facilitar la cesión de propiedades o la aparente connivencia entre figuras clave del franquismo para dirigir la adjudicación de bienes, dibujan un panorama desolador de cómo el poder se sirvió de mecanismos espurios para engrandecer su círculo. La sentencia de Meirás, al invalidar de facto la legitimidad de estas adquisiciones, debería ser el catalizador para una investigación exhaustiva y la correspondiente reclamación judicial de todos aquellos bienes cuyo origen sea tan turbio como el del propio Pazo. El debate ya no puede limitarse a la restitución de un solo inmueble, sino que debe abrirse a un catálogo completo de patrimonios cuestionables, buscando la reparación integral de un pasado que aún proyecta su sombra sobre el presente.
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