María Chivite destaca la estabilidad de su Gobierno en su mensaje navideño, mientras critica la recesión económica y la polémica con UPN por el cierre de BSH.

El ex presidente y actual vicepresidente segundo del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos (PSOE), planteó hacer gestiones al más alto nivel para la trama de narcotráfico con el que lo vincula la Policía Nacional. Según la Unidad de Asuntos Internos, Matos llegó a poner sobre la mesa el nombre del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para intentar frenar las inspecciones a los clubes cannábicos de Tenerife propiedad del empresario libanés Mohamed Derbah, considerado líder de la organización criminal y en prisión desde el pasado 1 de mayo.

Estos negocios eran, según la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO, tapaderas de tráfico de todo tipo de drogas. La red tiene ramificaciones en diversos sectores económicos y en las Fuerzas de Seguridad. De hecho, las diligencias mantienen imputado a Francisco Moar, el jefe policial que dirigió el caso Mediador hasta que fue apartado por mala praxis, y al que fuera jefe de Seguridad Ciudadana, David Izquierdo, por dar protección a la trama.

Además, recoge el dossier, el político socialista también apuntó a «dos o tres ministros» para pedirles ayuda y tranquilizar así a Derbah, con quien la Policía, en varios de sus informes, le atribuye una relación cercana, fluida y de confianza.

Gustavo Matos escala a los ministerios tras ofrecer al libanés mediar en la situación pidiendo ayuda al delegado del Gobierno de Canarias, Anselmo Pestana, y al subdelegado Jesús Javier Plata Vera, para que cesaran los controles policiales.

En la conversación intervenida por los agentes en una cafetería también está presente el presidente de Jóvenes Abogados de Tenerife,Jacob Vega, imputado en la causa por un delito de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública.

Gustavo Matos.- ¿Y si nos vamos a Marlaska? (Ininteligible) tan arriba, yo con Marlaska no tengo tanta relación, pero con dos o tres ministros sí que se lo puedo decir.

Mohamed Derbah.- El fue a detenerme a mí…

Jacob Vega.- En el 2003.

El Congreso de los Diputados ha reprobado al ministro de Transportes, Óscar Puente, por el trato dado a los pasajeros que sufrieron en las estaciones ferroviarias el apagón del pasado 28 de abril así como durante la paralización del tráfico de trenes como consecuencia del robo de cobre el pasado 5 de mayo.

La propuesta de reprobación firmada por el PP ha conseguido salir adelante con los votos de los populares, más los de Vox y UPN. La balanza la han inclinado Junts, Podemos, Coalición Canaria y BNG que han optado por la abstención. En contra han votado PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y José Luis Ábalos.

Los socialistas consideraban apropiadas y razonables las propuestas que planteaba el PP en su moción pero han votado en contra de la misma por incluir el punto de la reprobación.

Puente acumula así su tercera reprobación parlamentaria: una en el Senado en septiembre de 2024 y dos en el Congreso, la primera en octubre del año pasado por su incapacidad para solucionar el caos ferroviario y en aquella ocasión también se sumaron a la misma los diputados de ERC.

Hoy, los representantes de las formaciones independentistas catalanas, Junts y ERC, han criticado al PP por considerar que utiliza el apagón como mero instrumento de «desgaste» contra el Gobierno. Pese a ello, los siete diputados han optado por la abstención y con ello han permitido que la propuesta de los populares saliera adelante.

El PP, ahora, en esta segunda reprobación en la Cámara Baja, denunciaba que siete meses después de la aprobada contra el ministro en octubre, este no haya dado cumplimiento a ninguna de las reclamaciones que entonces se le hicieron, por ello volvía a insistir en la necesidad de que su Ministerio elabore un plan de choque extraordinario, dotado de los recursos necesarios para paliar a corto y medio plazo la situación, que apruebe un plan de atención urgente a los pasajeros en caso de incidencias ya sean en las estaciones o durante los trayectos y otro más de «resiliencia ferroviaria».

Con la reprobación también se le exige llevar a cabo una auditoría de los sistemas de señalización y seguridad del sistema ferroviario y a que compensar de manera inmediata por los costes de manutención, alojamiento y transporte alternativo a los pasajeros de tren, autobús y avión afectados por el apagón.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo,Ismael Moreno, ha citado como investigada a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera el próximo 29 de mayo para que dé explicaciones sobre la contratación de Jésica Rodríguez -ex pareja del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos– en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec. El instructor adopta esta decisión después de recibir el informe de la Fiscalía Anticorrupción donde se apoyaba la imputación de Pardo de Vera, tal y como adelantó ayer EL MUNDO.

En un auto, el magistrado Ismael Moreno sostiene que, de lo informado por el Tribunal Supremo, resulta que Isabel Pardo de Vera «habría tenido una decisiva participación en la contratación aparentemente irregular de Rodríguez por la empresa Ineco», a instancia de Ábalos y de su exasesor en el Ministerio, Koldo García.

El juez de la Audiencia Nacional menciona los dos contratos de trabajo de Rodríguez con Ineco y Tragsatec y explica que se trató de una actividad profesional de naturaleza administrativa en la que la trabajadora quedó adscrita a la presidencia de Adif, cargo que ostentaba entonces Pardo de Vera.

El magistrado Moreno destaca que la amiga íntima del ex ministro Ábalos, Jésica Rodríguez, en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo, afirmó que ni en una ni en otra empresa prestó actividad profesional o laboral de ninguna naturaleza, «que ni siquiera asistía su puesto de trabajo, aunque percibía puntalmente los correspondientes salarios durante aproximadamente, uniendo ambos periodos, dos años y medio».

Por todo ello, según el juez, «se desprende la existencia de indicios bastantes para considerar que Isabel Pardo de Vera ha tenido una relevante participación en la contratación, aparentemente irregular por las empresas públicas Ineco y Tragsatec, de Jésica Rodríguez García a instancia de Ábalos Meco y de García Izaguirre, sin que la trabajadora durante el periodo en que estuvo contratada desplegara actividad laboral alguna, percibiendo los salarios correspondientes durante dos años y medio aproximadamente».

Los hechos que constan en las actuaciones, según el instructor, podrían ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos habida cuenta del posible perjuicio para el patrimonio público y delito de tráfico de influencias.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al procedimiento apuntaba a la ex presidenta de Adif como pieza clave tanto para la contratación de Jésica como en la renovación de su contrato. Los agentes concluyeron que «el examen de las evidencias digitales ha permitido recopilar indicios que permiten apuntar que Koldo García se prevalió de su relación con Ábalos para que Isabel Pardo de Vera hiciera efectiva la contratación de Jésica en Ineco».

En su atestado, la UCO prestó «especial atención» a un mensaje del asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, a Pardo de Vera, que consideró «revelador»: «Solo una cosa, que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de Yoseba que si no Jose me corta los huevos» (sic). Pasados unos días, tras preguntar Koldo García por novedades, la ex presidenta de Adif contestó: «Están con ello, mañana le llaman, no se puede dar de alta sin seguir un procedimiento».

El PSOE de Canarias ha abierto un expediente informativo al ex presidente y actual vicepresidente segundo del Parlamento autonómico, Gustavo Matos, a quien la Policía sitúa como mediador entre una organización dedicada al narcotráfico y la Delegación del Gobierno en el archipiélago para frenar las inspecciones en los clubes cannábicos del sur de Tenerife en los que operaban, tal y como ha publicado EL MUNDO en exclusiva.

Según ha informado la federación socialista que dirige el ministro Ángel Víctor Torres a través de un comunicado, se ha tomado esta decisión «en cumplimiento de los estatutos y reglamentos internos y un instructor se hará cargo de la tramitación «de forma transparente y garantista con el derecho al honor y la defensa de la persona afectada». En todo caso, en la dirección de Ferraz precisan que «no está acusado ni investigado por nada».

Un informe de Asuntos Internos al que ha tenido acceso EL MUNDO considera que Matos medió entre la cúpula criminal y la Delegación del Gobierno para frenar las inspecciones en los clubes cannábicos del sur de Tenerife que operaban, según los investigadores, como tapaderas en el tráfico de cocaína y heroína «a todas horas».

La trama a la que le vincula la Policía tiene ramificaciones en diversos sectores económicos y en las Fuerzas de Seguridad. De hecho, las diligencias mantienen imputado a Francisco Moar, el jefe policial que dirigió el caso Mediador hasta que fue apartado por mala praxis, y al que fuera jefe de Seguridad Ciudadana, David Izquierdo, por dar protección a la red criminal.

Los clubes son propiedad del libanés Mohamed Derbah, fundador del partido Fuerza Canarias y en prisión desde el pasado 1 de mayo por estos hechos, un hombre influyente que se instaló en el archipiélago a principios de la década de los 80 y a quien, según el dossier, Matos ofrece soluciones para intentar calmar la inquietud que le producen las actuaciones policiales para precintar los negocios.

Asuntos Internos detalla cómo Gustavo Matos se ofrece a ser el puente entre el libanés y los políticos asegurando que va a hablar con el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y con el subdelegado, Jesús Javier Plata Vera, para que las inspecciones finalicen. Los agentes de Asuntos Internos resaltan en los distintos informes que han realizado la naturalización del delito por parte del político socialista ante los planteamientos que le realiza Derbah cuando se reúnen.

Gustavo Matos siempre ha estado del lado de Pedro Sánchez. El que es considerado por la Policía como el enlace entre la trama de narcotráfico y los políticos apostó por el presidente del Gobierno cuando intentaba hacerse un hueco en las primarias en 2014, como líder de la plataforma de apoyo frente a Madina y, después, en su regreso a la secretaria general del PSOE, en 2017. En ese periodo crucial, Matos le sostuvo sin fisuras capitaneando incluso una plataforma cuyo fin era aupar a Sánchez a lo más alto del partido. De aquella época hay varias imágenes juntos.

Como evidencia de su escalada en el partido, sería luego presidente del Parlamento canario, con Ángel Víctor Torres como presidente autonómico, y todavía hoy es vicepresidente segundo de la Cámara. Siempre ha sido un político de peso en las islas como demostró que lograra que el 70% de la militancia respaldara su opción de apoyar a Sánchez en 2017.

En palabras del ex dirigente del PSOE, dicho espacio «se puede compartir con ideas diferentes, no significa estar de acuerdo en todo». «Nosotros teníamos muchas peleas y discrepancias, pero no en la extrema derecha ni en la extrema izquierda», ha añadido en alusión a su sucesor en La Moncloa.

Con otras palabras pero idéntico mensaje de fondo, Aznar ha defendido que «la democracia consiste en aceptar al que piensa distinto» y que «el éxito de la Transición» fue que se aceptaran «unos a otros». A lo que el ex presidente del PP ha apostillado: «El riesgo máximo es que eso deje de ocurrir». Y ha subrayado que tanto los líderes actuales como quienes los precedieron tienen la «obligación» de evitarlo.

En una larga conversación en la que han encontrado otros puntos en común, González ha contado que la decisión más difícil de su mandato, aparte «casi todas las relacionadas con ETA«, fue la convocatoria del referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN después de que el PSOE hubiera defendido que «de entrada, no». Al respecto ha dicho que hasta Manuel Fraga (Alianza Popular) le dijo que no podía preguntarle a los ciudadanos sobre una decisión sobre Defensa que correspondía al Gobierno, pero que él se había comprometido y lo hizo.

Aznar, por su parte, ha revelado que lo que más le costó fue tomar la decisión de no presentarse a la reelección tras ocho años de mandato a pesar de que estaba «en buena forma» y con «buena edad», pero que creía que era conveniente para «el fortalecimiento institucional» porque es «muy bueno que haya actores diferentes». «A veces sale bien, otras regular y otras no sale», ha reflexionado sin mencionar que su delfín, Mariano Rajoy, fue desbancado en las urnas por José Luis Rodríguez Zapatero.

Son las principales conclusiones de un estudio que ha publicado este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizado a partir del informe PISA, el mayor banco de datos del mundo en torno a los alumnos de 15 años (690.000 estudiantes de 81 países) y que ofrece información no sólo de su rendimiento académico, sino de las expectativas profesionales de los adolescentes desde 2000 hasta 2022.

En este tiempo, «poco ha cambiado e incluso las cosas han ido a peor», según señala el estudio refiriéndose a los jóvenes del conjunto de países. «Las ambiciones educativas de los estudiantes se han incrementado en las dos últimas décadas, pero nunca habían sentido estos jóvenes tanta indefinición sobre su desarrollo profesional. Muchos exhiben gran ansiedad, inseguridad y confusión sobre la situación de su preparación profesional», advierte.

La primera edición del informe se presentó en 2020 el Foro Económico Mundial de Davos y ya entonces se detectó una «alta concentración de estudiantes planeando trabajar en sectores en un riesgo significativo de automatización«. «Desde entonces hasta ahora nos hemos enfrentado a una pandemia global, a inestabilidad económica e inflación, a una preocupación creciente sobre el cambio climático y a un cambio tecnológico muy intenso con la inteligencia artificial instalándose en la vida económica y educativa», analiza en el estudio Andreas Schleicher, director de Educación de la OCDE y padre de PISA. «Todos estos factores han contribuido a crear una gran inestabilidad en el mercado laboral, convirtiendo el desarrollo profesional en una cuestión más importante para los jóvenes».

Sin embargo, el porcentaje de los que no tiene claro su futuro «ha crecido sustancialmente desde 2018». Desde 2000, PISA ha venido preguntando a los adolescentes de 15 años en qué tipo de trabajo se ven con 30 años. En las series mundiales de 2000, 2003 y 2006, la proporción de adolescentes que decía no saber a qué se iba dedicar estaba por debajo del 15%. A partir de 2015 se supera esa barrera, que en 2018 casi llega hasta el 25% y en 2022 se sitúa por encima del 35%.

En España la situación no está mal y hay menos indefinición entre los adolescentes que en la media de países: alcanza sólo al 32%, en similar situación que Italia o Grecia y lejos de Finlandia y Dinamarca, donde más de la mitad de los jóvenes no tiene nada claro su futuro. La OCDE sostiene que «la indefinición profesional es mala para los jóvenes» porque «incrementa el riesgo» de que tengan «un empleo de peor calidad».

Lo que ve este organismo internacional es que «las expectativas laborales de los estudiantes han cambiado muy poco respecto a las que existían al comienzo de siglo y que muestran muy poca relación con las actuales tendencias que demanda el mercado laboral». Las carreras más populares para las chicas de la mayoría de países son, por este orden, Medicina, Magisterio,Derecho, Enfermería, Psicología y Diseño, las mismas que decían en 2000. Los chicos, por su parte, se ven como tecnólogos, deportistas, ingenieros, médicos, profesores, arquitectos, abogados, mecánicos o policías.

En España casi el 70% de los alumnos quiere emplearse en puestos de alta cualificación, pero sólo el 1,5% de las chicas frente el 13% de los chicos muestra algún interés en trabajos relacionados con el sector tecnológico, porcentajes similares a la media de la OCDE (1,5% para las chicas y 11% para los chicos), que son los que tienen mejores perspectivas de empleo.

La apuesta de Vox por reforzar sus lazos internacionales, que se remonta años atrás, parte de la convicción de que el ultraconservadurismo está en auge a nivel global y que precisamente esa es la mejor baza para Santiago Abascal. Sobre lo primero llevaban razón: hay una «ola» de extrema derecha ganando peso en las urnas de todo el mundo. Lo segundo, sin embargo, aún figura en la lista de pendientes de Vox. Su estrategia internacional iba orientada a que el crecimiento de los partidos ultraconservadores no les cogiera como espectadores, sino como protagonistas. Pero, mientras sus «socios» tiñen las cámaras parlamentarias de sus colores en cada convocatoria electoral, los de Abascal parecen quedarse atrás.

Chega, el partido homólogo a Vox en Portugal, ha sido el último en sumarse a la tendencia. Aglutinando más del 22,5% de los votos, su líder, André Ventura, estuvo el domingo al borde de arrebatar a los socialistas (23,4%) la segunda posición. Ya en los comicios del año pasado había disparado su resultado hasta el 18%, cifra que ahora consolida. Y, así, la extrema derecha portuguesa se mueve ya en los parámetros de aquellos a quien Vox mira como ejemplo. El 32% de Marine Le Pen (Francia), el 20% de Alice Weidel (Alemania) o el 26% de Giorgia Meloni (Italia) dan cuenta del auge que el ultraconservadurismo está cosechando por toda Europa, con Vox convertido en la excepción: Abascal nunca ha subido del 15% y, ahora, los pronósticos le sitúan en el 12,5% -según la última encuesta de Sigma Dos-.

En la sede de la madrileña calle Bambú son conscientes de ello. Voces de la cúpula de Vox restan importancia a que el avance «patriota» no se esté replicando «todavía» en España y apuntan a que las circunstancias -históricas- son distintas. No pierden la confianza en que lograrán subirse a la ola, aunque reconocen, también públicamente, que todavía queda para eso. «Seremos los últimos, muy posiblemente, pero ocurrirá», afirmó ayer el portavoz del partido, José Antonio Fúster.

Sin embargo, a la vista de que la extrema derecha ya ha dado el salto en Portugal -el país más «parecido» a España-, en Vox no quieren resignarse esperar a que la inercia dé sus frutos y pretenden pasar a la acción. Tomar ejemplo. «En otros países han dado con la tecla adecuada para movilizar a su electorado», reconoció ayer Fúster, para señalar que en el partido «trabajan codo con codo» con sus «socios» para «aprender en cada elección». Así, su intención ahora pasa por «analizar con Chega su campaña electoral» con el objetivo de «sacar conclusiones para el futuro».

No se trata de copiar el modelo, pero sí de estudiar la fórmula que ha llevado a Ventura a «derrumbar el sistema bipartidista». Lemas, imágenes, actos, tiempos… y también resultados. En el cuartel general de Vox ya están analizando los entresijos del veredicto salido de las urnas y empiezan a sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, creen que sus «socios» de Chega han registrado mejores números allí donde el voto socialista era históricamente mayor, lo que supondría que Ventura no solo compite por el apoyo de la derecha, sino que también resta papeletas al otro lado. Hecha la lectura, quedará extrapolar la coyuntura al contexto nacional.

Aun así, y pese a la presión que podría suponer ver que el ideario que gana peso en otros países aún no repunta en España, en Vox insisten en ir sin prisa. En la cúpula sostienen que su estrategia está trazada a largo plazo y que puede que resten cinco o diez años -estiman- hasta que sus números se disparen a la altura de los de sus «socios». Hay un argumento en el que se apoyan para fundamentar su confianza: el voto joven está cada vez más inclinado a la derecha.

Según el último barómetro del CIS, Vox reúne ahora el 20% del apoyo de quienes tienen entre 18 y 24 años -a nivel general, solo aglutina el 10% del voto-. En los grupos de edad que comprenden a quienes tienen entre 25 y 44 años, Abascal también eleva su registro, que sin embargo cae en los siguientes. El resultado responde a la estrategia trazada desde Bambú, donde los más jóvenes se han convertido en el centro de buena parte de sus acciones.

Así, en Vox piensan ahora en analizar lo que hay detrás del crecimiento de sus «socios» para aplicarlo desde la base. El objetivo es desarrollarse a largo plazo, y por ello descartan que la fórmula maestra pase por un acercamiento al PP. Mantienen su ofensiva contra los populares, a los que acusan de pactar con el PSOE, y desconfían de cualquier posible aproximación que puedan iniciar en su congreso. Solo hay un horizonte a ojos de Vox: seguir a sus «socios» rumbo al fin del «bipartidismo».

A las 18.00 horas de este lunes estaba previsto que la Sala Clara Campoamor del Congreso acogiera el preestreno del documental Lo que nos ocultaron, a petición de Vox. Así figuraba esta mañana en la agenda de la Cámara Baja. Sin embargo, la Mesa del Congreso ha decidido in extremis revocar la autorización y prohibir la proyección de la cinta, al considerar que esta imputa delitos a un grupo parlamentario y, con ello, «vulnera» los criterios fijados para este tipo de actividades.

La Mesa de la Cámara Baja, reunida el 8 de abril de este año, autorizó la proyección del documental dirigido por Carlos Saura y cuyo guion firman el eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta; el presidente de la asociación Pie en Pared, Marcos de Quinto; y el director del grupo EDA TV, Javier García Isaac. Los cuatro iban a participar este lunes en la presentación del documental en el Congreso, un evento cuya autorización había sido solicitada por Pie en Pared y Vox.

Sin embargo, según recoge el partido de Santiago Abascal en un escrito que ha dirigido a la Mesa de la Cámara, a las 14.00 horas se les ha comunicado que la proyección de la cinta quedaba suspendida. Haciendo uso de su «potestad discrecional» para determinar las actividades extra parlamentarias que pueden desarrollarse en el Congreso, la Mesa ha considerado que el documental «vulnera» los criterios establecidos y ha anulado el evento.

El órgano parlamentario, con mayoría de PSOE y Sumar, ha tomado la decisión en una reunión celebrada este lunes, alegando que prohíbe la proyección «a la vista del título completo del documental». Desde Vox señalan que la Mesa del Congreso «conocía el título desde el día 10 de marzo» y denuncian que se trata de «una maniobra de censura y de limitación del derecho constitucional a la libertad de expresión».

Las alarmas saltaron en la Mesa de la Cámara Baja después de que Marcos de Quinto, uno de los guionistas del documental, apuntará en su cuenta de X que la cinta «trata sobre la oscura historia del PSOE». Utilizó De Quinto el término «criminal» para referirse al pasado de ese partido, lo que apunta a que el documental podría imputar delitos al PSOE.

«A los diputados socialistas les vamos a reservar las primeras filas para que no se pierdan ni un detalle de su verdadera y criminal historia», sostuvo el presidente de Pie en Pared, que añadió: «Si es necesario, contrataremos psicólogos para que les atiendan a la salida. Somos muy conscientes de que un choque, así, de repente, con la verdad, puede resultar traumático en personalidades débiles y poco formadas».

Para Vox, la cancelación del preestreno de este documental es «una prueba más» de lo que consideran una «deriva antidemocrática del Gobierno y de las instituciones que, como el Congreso, han asaltado». En un escrito firmado por la portavoz del grupo parlamentario, Pepa Millán, Vox solicita a la Mesa que permita la proyección de la cinta y acusa a la Cámara Baja de «adentrarse en la peligrosa espiral de la censura y la aniquilación del derecho a la libertad de expresión».

En su cuenta de X, Santiago Abascal ha señalado directamente a Pedro Sánchez como responsable de la prohibición de la emisión del documental. «El número uno de la corrupción, hombre de saunas, plagios, mentiras y mordidas a las libertades, no duda en utilizar sus modos golpistas para hacer del parlamento su cortijo», ha afirmado, juzgando que el presidente del Gobierno «no quiere que se sepa que está batiendo los récord de corrupción y criminalidad de toda la historia del PSOE».

Oriol Junqueras ha comparecido este lunes en la Comisión de Investigación sobre la denominada Operación Cataluña en una larga sesión de más de tres horas en la que ha revelado un detalle que no se sabía hasta ahora: que tuvo la «oportunidad» de impartir «clases variadas» a dos miembros del PP, el ex ministro Rodrigo Rato y el ex tesorero Luis Bárcenas, cuando coincidieron todos en la cárcel.

«A nivel personal, era gente encantadora, educada, amable…», ha detallado el ex vicepresidente de la Generalitat, que pasó tres años y medio en prisión por la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1-O. Además, ha detallado que tenía prohibido impartir Matemáticas, «porque pueden usarse para delinquir» según la «respuesta oficial» que se le dio, de Historia, «porque es una herramienta de manipulación masiva», y de Filosofía, porque «invita a cuestionar el orden vigente».

En cambio, en una conversación distendida con el diputado de su partido Gabriel Rufián, el líder de ERC ha apuntado que de Física, «curiosamente», sí que puedo dar clase. A lo que ha apostillado con sorna: «Se me ocurren más elementos susceptibles de alguna inspiración…».

Durante su intervención, Junqueras ha insistido en la teoría de la Operación Cataluña, que apunta a la supuesta persecución a los líderes independentistas por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, a quien ha situado como «cerebro» de la misma. «Si no fue él sería muy extraño porque entiendo que un presidente no dejaría que alguien tomase una decisión como ésta sin su consentimiento», ha señalado agregando que lo que puede «constatar» es que «un ministro del Interior [Jorge Fernández Díaz] le daba instrucciones a un juez para que inventase».

Además, el político inhabilitado ha puesto como ejemplo a Bárcenas, que tenía «responsabilidades muy evidentes en la contabilidad del PP», y que recibía mensajes del propio jefe del Ejecutivo «diciéndole ‘Luis, sé fuerte’, y al mismo tiempo le fabricaban una investigación como la Kitchen«: «Si lo han hecho contra miembros de su partido cómo va a sorprendernos que lo hagan contra otras personas que no son de su partido».

La creación de esta comisión de investigación fue aceptada por el PSOE dentro del pacto para la investidura de Pedro Sánchez suscrito con Junts para detectar posibles casos de «lawfare» o persecución judicial premeditada contra el independentismo. El socio minoritario de la coalición, Sumar, ha afirmado en la sesión de este lunes que Junqueras fue víctima de una «persecución injusta».

Por su parte, el PP ha denunciado que la izquierda ha «comprado el relato» de los secesionistas para «justificar la amnistía» y que no se busca «ni la verdad ni reconciliación, sino revancha» de quienes fueron procesados «con todas las garantías» y perdonados «no por justicia, sino por cálculo político». En Vox, a su vez, han incidido en que Junqueras «delinquió contra el orden constitucional y sufrió las consecuencias», aunque le reconocen la «hombría de bien» de quedarse en España «a cargar con las consecuencias», no como Carles Puigdemont o su compañera de ERC Marta Rovira.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, ha dictado este lunes una providencia donde da cuenta que ha recibido documentación procedente de la directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Belén Villar, sobre las salidas de fondos en 2018 y 2019 de la «Caja Pagadora Central» del Ministerio de Transportes por valor anual de 156.440,29 euros y 351.992,72 euros, respectivamente. En total, 508.433 euros que aparecían descritos de forma genérica como «rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen» en los datos tributarios del ex ministro José Luis Ábalos.

Según consta en la respuesta dada por el Ministerio de Transportes al Supremo, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, esos gastos se deben al cómputo de los viajes realizados «por todos los componentes de la delegación que acompaña al titular del departamento» pero que «se integran en un único expediente y son atribuidos al ministro».

El Ministerio que encabeza Óscar Puente explica el error cometido de la siguiente manera: «Tanto en 2018 como en 2019 se presentó un modelo 190 ante la Agencia Tributaria correspondiente al entonces ministro José Luis Ábalos en el que se le atribuían personalmente la totalidad de los gastos producidos por todos los viajes realizados por las delegaciones que él encabezó».

El Gobierno detalla ahora que cuando se elaboraron los documentos para el modelo 190 de Hacienda correspondientes a los ejercicios de 2018 y 2019 «no se realizó» una labor previa de depuración y revisión de los datos.

Según se desprende del informe enviado por Transportes al Supremo, los 156.440,29 euros de la mitad del año 2018 recogen 46 expedientes de viajes y 18 expedientes de órdenes de pago por la utilización de salas de autoridades. Por su parte, los 351.992,72 euros correspondientes al año 2019 contemplan 157 expedientes, todos ellos correspondientes a declaraciones de gastos de viajes , salas de autoridades, pago de taxis, manutenciones, etc, de las delegaciones que encabezó Ábalos.

Asimismo, el documento ministerial subraya que «no consta la realización de ninguna transferencia desde la Caja Pagadora Central a ninguna cuenta bancaria del ex ministro José Luis Ábalos».

En una providencia, el instructor del Alto Tribunal sostiene que esos datos son por lo tanto expresivos «del error por ellos padecido y rectificado ahora con relación a la información tributaria objeto del mismo».

En consecuencia, el juez acuerda hacer entrega de una copia del referido documento a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al efecto de que, tomándolo en consideración, complete el informe económico relativo a Ábalos que le ha sido encomendado, es decir, la investigación patrimonial sobre el también ex secretario de Organización del PSOE.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha denegado en un acuerdo conocido este lunes la petición de los magistrados del sector conservador del órgano, César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, para debatir sobre el planteamiento de una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de resolver el primer recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía, según explican fuentes jurídicas.

Tras consultar a la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, ponente del recurso de cabecera, Conde-Pumpido ha resuelto que no se estima procedente el señalamiento por prematuro del referido debate, separado de la deliberación principal sobre el fondo del recurso de inconstitucionalidad planteado contra la amnistía por el Partido Popular. El presidente del TC quiere señalar para mediados de junio la primera gran deliberación en el Pleno sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley que borra los delitos del procés.

Tal y como adelantó EL MUNDO, estos tres magistrados defienden que la Ley de Amnistía puede contravenir el Derecho de la Unión Europea y, justificaron la paralización de la tramitación de la misma, ya que hay distintas cuestiones prejudiciales planteadas ante el TJUE de contenido muy similar al recurso de inconstitucionalidad que prevé resolver el TC en las próximas semanas.

En total, se han presentado prejudiciales ante el TJUE cuatro órganos judiciales: el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Audiencia Nacional y un juzgado de lo Penal de Vilanova i La Geltrú.

Asimismo, en el acuerdo, Conde-Pumpido deniega la suspensión solicitada subsidiariamente sobre la deliberación, votación y fallo del referido recurso mientras no se resuelvan las citadas cuestiones prejudiciales planteadas al TJUE. El acuerdo del presidente del Alto Tribunal explica que la función de control abstracto de constitucionalidad que debe realizar el Tribunal Constitucional es independiente de las decisiones adoptadas por otros órganos jurisdiccionales en el ámbito de su competencia específica. Todo ello, añade, sin perjuicio de que en el curso de la deliberación del proyecto de resolución del recurso se formulen las manifestaciones y proposiciones que los magistrados estimen procedentes.