Málaga, 4 de julio de 2025 – Tras una semana de huelga que ha paralizado juzgados y fiscalías en todo el país, las asociaciones de jueces y fiscales contrarias a las reformas gubernamentales en el acceso a la carrera judicial y fiscal han lanzado un ultimátum: si la situación no experimenta "cambios sustanciales", volverán a la huelga. El anuncio, realizado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), marca un punto de inflexión en el conflicto con el Gobierno.
El órdago lanzado por las asociaciones no se limita al ámbito nacional. La próxima semana, una delegación viajará a Estrasburgo para reunirse con altos cargos de la Comisión y el Parlamento Europeo. El objetivo es claro: denunciar la "regresión en la independencia judicial" que, según las asociaciones, implican las reformas propuestas. Entre los encuentros programados destacan las reuniones con Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión LIBE, representantes del grupo parlamentario ECR, Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, y la vicepresidenta Ejecutiva de la Comisión, Henna Virkkunen.
La elección de Estrasburgo como escenario de protesta no es casual. Las asociaciones apelan a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, que protege la independencia judicial en los estados miembros. La estrategia busca internacionalizar el conflicto, presionando al Gobierno español desde las instituciones europeas.
Las asociaciones son conscientes de las dificultades que implica convocar una huelga en pleno mes de julio. El alto porcentaje de jueces y fiscales de vacaciones "tiene implicaciones prácticas decisivas", reconocen en su comunicado. Además, recuerdan que la legislación obliga a comunicar cualquier huelga en servicios públicos con al menos diez días de antelación, lo que "impide reacciones inmediatas o espontáneas". Sin embargo, la amenaza de nuevas movilizaciones sigue en pie, condicionada a la falta de "cambios sustanciales" en las reformas gubernamentales. El pulso entre el poder judicial y el ejecutivo continúa, y Europa observa con atención el desarrollo de los acontecimientos.
La escalada de la crisis entre la judicatura y el ejecutivo, llevada ahora a instancias europeas, evidencia una fractura profunda en la salud democrática de nuestro país. Si bien la independencia judicial es un pilar fundamental que debe ser defendido con uñas y dientes, resulta preocupante que las asociaciones judiciales recurran a la amenaza constante de huelga como principal herramienta de negociación. Esta estrategia, aunque comprensible ante lo que consideran un ataque a su independencia, corre el riesgo de erosionar la confianza ciudadana en la administración de justicia, especialmente cuando se produce durante el periodo vacacional, un momento sensible para muchos procesos legales. Se necesita un diálogo constructivo, menos encendido y más centrado en el bien común, antes de que el descrédito institucional sea irreparable.
Más allá de la legitimidad de las reivindicaciones, urge reflexionar sobre la forma en que el poder judicial está comunicando su malestar. La judicialización de la política es un fenómeno peligroso, pero la politización de la justicia, aunque sea en defensa de su autonomía, no es menos amenazante. La búsqueda de apoyo en figuras y grupos de la Eurocámara, algunos de ellos con agendas ideológicas muy marcadas, podría interpretarse como un intento de instrumentalizar el conflicto en beneficio de intereses partidistas, diluyendo la esencia de su lucha por la independencia. La imagen de una judicatura percibida como defensora de privilegios corporativos, en lugar de garante de los derechos de todos los ciudadanos, es un riesgo que no podemos permitirnos.
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