La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la voz mayoritaria de la judicatura española, ha alzado la voz contra lo que consideran una injerencia directa del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el proceso judicial que afecta al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. En un comunicado contundente, emitido tras la conclusión de su congreso anual en Murcia, la APM ha instado al cese de las «graves ataques y descalificaciones» dirigidas al Tribunal Supremo, calificándolas de «absolutamente impropias en una democracia avanzada».
El comunicado, que llega en un momento de alta tensión política y judicial, hace referencia directa a las declaraciones públicas de Sánchez, en las que expresó su convicción sobre la inocencia del Fiscal General durante el transcurso del juicio. La APM considera que estas afirmaciones constituyen una «intromisión» que «quebranta el deber de respeto» que debe vincular al Presidente del Gobierno con el poder judicial.
Pero las críticas de la APM no se limitan a las palabras de Sánchez durante el juicio. La asociación también ha expresado su preocupación por las reacciones surgidas tras la filtración del sentido condenatorio del fallo del Tribunal Supremo. La APM denuncia una «desautorización» del Alto Tribunal, calificándola como un «traspaso de la barrera de lealtad institucional», especialmente grave al producirse antes de que se conocieran las razones que motivaron la condena del Fiscal General. La APM también se ha mostrado alarmada por las insinuaciones del Presidente Sánchez sobre una posible revisión de la condena por parte del Tribunal Constitucional o el Tribunal de Estrasburgo. Según la APM, esta advertencia «colisiona frontalmente con el propio texto constitucional».
Frente a estas tensiones, la APM ha reafirmado su compromiso con la independencia judicial y su firme propósito de «administrar recta e imparcial justicia frente a todos». El comunicado concluye con una declaración de principios que busca transmitir un mensaje de serenidad y confianza en el Estado de Derecho, en un contexto marcado por la controversia y la polarización política. El congreso, clausurado por el Ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha servido como plataforma para que la APM exprese su malestar y reivindique el papel fundamental de la judicatura como garante de la legalidad y la separación de poderes.
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