El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ha servido de marco para que Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, endureciera su mensaje en materia penal y migratoria. En un anuncio que ha generado un intenso debate, Feijóo propuso ayer medidas punitivas diferenciadas para agresores sexuales, donde la nacionalidad del perpetrador jugaría un papel determinante en la sentencia. La propuesta, que se enmarca en su promesa de derogar la Ley del «sólo sí es sí», plantea un aumento de las penas de prisión para los agresores españoles, mientras que para los extranjeros implicaría, además, la expulsión del territorio nacional.
La propuesta del líder popular se basa en un preocupante aumento de las agresiones sexuales con penetración, que según sus datos, se han disparado un 231% desde 2018, así como un incremento general del 61% en los delitos contra la libertad sexual. «Este Gobierno ha convertido España en un país más inseguro para las mujeres, y yo no me resigno a ello», declaró Feijóo, en un tono que buscaba conectar con la creciente preocupación ciudadana por la seguridad. Su discurso, lejos de apelar a la resignación, prometió una política de «tolerancia cero» contra la violencia machista.
Más allá del endurecimiento penal, Feijóo desgranó también su plan para la gestión de la inmigración, un tema que ha escalado posiciones en la agenda política. Su propuesta estrella es la creación de un «visado por puntos» que priorizaría a aquellos inmigrantes provenientes de países que colaboren en la contención de la inmigración ilegal, que dominen el idioma español, o que tengan intención de trabajar en sectores con alta demanda de mano de obra.
El líder del PP se mostró crítico con la actual política migratoria, a la que tildó de «inhumana», argumentando que trata a los inmigrantes como moneda de cambio para la permanencia del Gobierno. Frente a lo que considera extremos representados por el PSOE y Vox, Feijóo aboga por «poner orden y seguridad, cumplir la ley, y entonces se podrá convivir». Su plan migratorio también contempla una revisión del acceso a las ayudas sociales, reservando el Ingreso Mínimo Vital para aquellos inmigrantes con permisos de residencia de larga duración. Para Feijóo, «contribuir tiene que ser condición para permanecer».
La propuesta de Feijóo, enmarcada en un legítimo anhelo de mayor seguridad para las mujeres, adopta, sin embargo, un peligroso cariz populista que roza la xenofobia. Apelar a la nacionalidad del agresor como factor determinante para la sentencia no solo contraviene principios básicos de igualdad ante la ley, sino que también alimenta una narrativa simplista y perjudicial. ¿Acaso el dolor de una víctima española es menor si su agresor es compatriota? Criminalizar a toda una comunidad por los actos de unos pocos es un recurso fácil que, en lugar de ofrecer soluciones reales, desvía la atención de las verdaderas causas de la violencia machista: la desigualdad, la falta de educación y la persistencia de actitudes patriarcales arraigadas en nuestra sociedad. Más allá de medidas efectistas, necesitamos políticas integrales que aborden el problema de raíz.
El endurecimiento de las políticas migratorias, bajo el pretexto de «poner orden y seguridad», revela una visión utilitarista y deshumanizada de la inmigración. Convertir la colaboración en la contención de la inmigración ilegal en un criterio para obtener un visado es, en esencia, chantajear a países que ya enfrentan graves problemas económicos y sociales. La propuesta de restringir el Ingreso Mínimo Vital a inmigrantes con permisos de larga duración ignora la realidad de muchas personas que, aunque legalmente residentes, luchan por sobrevivir en un mercado laboral precario y excluyente. Feijóo parece olvidar que la inmigración, lejos de ser un problema, puede ser una oportunidad para revitalizar nuestra economía y enriquecer nuestra sociedad, siempre y cuando se gestione de forma justa, humana y responsable.
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