En un giro inesperado que ha sacudido los cimientos del panorama político nacional, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha lanzado una propuesta contundente: reforzar la independencia de la Fiscalía General del Estado. La iniciativa surge tras la reciente inhabilitación del hasta ahora Fiscal General, Álvaro García Ortiz, por el Tribunal Supremo, un suceso que ha dejado una estela de interrogantes sobre la imparcialidad y la credibilidad de la institución.
El detonante de esta exigencia fue la intervención de Feijóo en un acto conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aprovechando la coyuntura, el líder popular vinculó la necesidad de proteger a las mujeres con la urgencia de restaurar la confianza en las instituciones del Estado. En este sentido, Feijóo propuso que el nombramiento del sucesor de García Ortiz requiera el aval vinculante del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un requisito que actualmente no es obligatorio.
La propuesta de Feijóo no se limita a la mera formalidad del aval del CGPJ. El líder del PP ha delineado un perfil específico para el futuro Fiscal General: un jurista de reconocido prestigio, con una trayectoria profesional de al menos 20 años, y que demuestre, sin lugar a dudas, su independencia política. Esta figura, según Feijóo, sería la encargada de devolver la credibilidad a una institución que, en su opinión, se ha visto empañada por la «degradación sanchista».
El llamamiento de Feijóo no es solo una crítica al Gobierno de Pedro Sánchez, sino también una invitación a un pacto de Estado en defensa de la independencia judicial. El líder popular ha instado al presidente del Gobierno a comprometerse con esta propuesta, asegurando que, bajo su mandato, la Fiscalía General del Estado estará blindada frente a injerencias políticas. Una declaración que, sin duda, añade presión al Ejecutivo en un momento de máxima tensión política e institucional. ¿Estará dispuesto Sánchez a ceder ante las demandas del PP y a aceptar un control más estricto en el nombramiento del Fiscal General? La respuesta a esta pregunta podría marcar el futuro de la relación entre ambos partidos y, por ende, el rumbo de la política española en los próximos meses.
La súbita conversión de Feijóo en adalid de la independencia de la Fiscalía General, tras años de un Partido Popular reacio a cualquier reforma que limite el control político sobre las instituciones judiciales, resulta, como mínimo, oportunista. Es comprensible la preocupación por la erosión de la confianza pública en la Fiscalía, máxime tras la inhabilitación de García Ortiz. Sin embargo, la propuesta de un aval vinculante del CGPJ, actualmente bloqueado por la propia inacción del PP, suena a cortina de humo para mantener el *statu quo* y seguir utilizando la judicialización como arma política. ¿Realmente busca Feijóo un Fiscal General independiente o un perfil que se ajuste a su particular visión de la justicia?
Más allá de las buenas intenciones expresadas, la iniciativa de Feijóo adolece de una visión integral que aborde las raíces del problema. No basta con exigir requisitos curriculares y profesionales al futuro Fiscal General. Es imperativo un debate profundo sobre el modelo de Fiscalía que queremos: una institución realmente autónoma, con mecanismos de control internos y externos que garanticen su imparcialidad, o una mera correa de transmisión del poder ejecutivo. En este sentido, un pacto de Estado sería bienvenido, pero no debe limitarse a la elección del Fiscal General, sino extenderse a una reforma del sistema judicial que blinde su independencia de manera efectiva y duradera. De lo contrario, estaremos ante un nuevo episodio de postureo político con escaso impacto real en la calidad de nuestra democracia.
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