En una jornada marcada por la tensión y la esperanza, Andalucía se prepara para afrontar un nuevo escenario en la gestión de la migración de menores no acompañados. A partir de mañana, la entrada en vigor del Real Decreto 743/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), marcará un antes y un después en la política de acogida a nivel nacional. La clave: la activación del protocolo de traslados de menores desde Canarias a la Península, un archipiélago desbordado por la llegada constante de jóvenes migrantes.
Según el decreto, aquellas comunidades autónomas y ciudades autónomas que tripliquen su capacidad ordinaria de acogida serán declaradas en situación de contingencia migratoria extraordinaria. Para Andalucía, esto significa que la comunidad, con una capacidad ordinaria de 2.827 plazas, podría verse en la necesidad de aumentar significativamente sus recursos y preparativos para dar respuesta a la creciente demanda. La cifra de 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes, establecida como ratio de referencia, pone de manifiesto la magnitud del desafío.
La pregunta resuena en los círculos políticos y sociales de la región. Si bien Andalucía cuenta con la mayor capacidad ordinaria de acogida a nivel nacional, la realidad es que los recursos ya están al límite. Organizaciones sociales y ONGs han manifestado en repetidas ocasiones la necesidad de mejorar las infraestructuras y los programas de atención a menores migrantes. La llegada de nuevos jóvenes procedentes de Canarias podría tensar aún más la situación, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de la administración y de las entidades que trabajan en primera línea.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha adelantado que su Ejecutivo ha solicitado la declaración de contingencia migratoria al haber triplicado su capacidad de acogida. Esta solicitud presiona al Gobierno central y a las comunidades autónomas para que aceleren la implementación del decreto y garanticen una distribución justa y equitativa de los menores. Clavijo, en tono enérgico, ha advertido de que no hay «excusas» para retrasar el proceso y ha confiado en que la Fiscalía intervendrá «de oficio» para asegurar su cumplimiento.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido tajante al defender la «absoluta transparencia» de los criterios para el reparto de menores migrantes no acompañados. Además, ha lanzado un claro mensaje a las comunidades autónomas que se nieguen a acoger: habrá «consecuencias legales». Esta advertencia pone de manifiesto la determinación del Gobierno central de hacer cumplir el decreto y evitar que la carga de la acogida recaiga únicamente sobre Canarias. El debate está abierto y Andalucía se encuentra en el centro de la escena, ante un reto que exigirá solidaridad, planificación y, sobre todo, humanidad.
La activación del protocolo de traslados de menores desde Canarias a Andalucía, amparado en el Real Decreto 743/2025, nos enfrenta a un espejo incómodo. No es que la solidaridad deba cuestionarse; al contrario, es un imperativo moral. Sin embargo, el decreto, por mucho que se recite la palabra «equitativo», parece **delegar responsabilidades sin ofrecer una hoja de ruta clara sobre cómo las comunidades autónomas, Andalucía en particular, afrontarán la inminente presión sobre recursos ya de por sí exiguos**. La advertencia del Gobierno central sobre las «consecuencias legales» si no se acata el decreto suena más a amenaza que a invitación a la colaboración. Urge preguntarse si se han dimensionado correctamente las necesidades reales, más allá de las frías cifras de capacidad ordinaria. ¿Dónde quedan la calidad de la atención, la integración real y el seguimiento a largo plazo de estos jóvenes?
Más allá de la obligada respuesta humanitaria, la clave reside en **abordar las causas profundas de la migración y en tejer una red de apoyo integral**. No basta con un techo y un plato de comida; se requiere un proyecto de vida, acceso a educación de calidad, oportunidades laborales y, sobre todo, un espacio donde sentirse valorados y parte de la sociedad. El discurso del Gobierno canario, si bien comprensible por la situación de desborde, no debe eclipsar la urgencia de invertir en programas de prevención y cooperación al desarrollo en los países de origen. La acogida es un síntoma, no la enfermedad, y enfocarnos únicamente en la redistribución de menores es un parche que, a la larga, se mostrará insuficiente y, lo que es peor, podría alimentar discursos xenófobos y estigmatizantes. Andalucía, con su rica diversidad cultural y su larga historia de migraciones, tiene la oportunidad de liderar un modelo de acogida inclusivo y sostenible, pero para ello necesita un compromiso real, recursos adecuados y una visión de futuro que trascienda la mera gestión de la emergencia.
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