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España alcanza el 2% del PIB en gasto militar por primera vez, según la OTAN.

España cumple, con un aumento del 43%, el objetivo de gasto militar de la OTAN en 2025, un hito que plantea dudas sobre su impacto en áreas sociales clave.

España Cumple (Por Fin) el Objetivo de Gasto Militar de la OTAN en 2025, Pero ¿A Qué Precio?

En un giro que marca un hito en la política de defensa española, nuestro país ha alcanzado por primera vez el objetivo del 2% del Producto Interior Bruto (PIB) destinado al gasto militar, según las últimas estimaciones publicadas por la OTAN. Esta noticia, que podría interpretarse como un triunfo, llega en un contexto global marcado por la incertidumbre geopolítica y las crecientes presiones de la Alianza Atlántica para aumentar el gasto en defensa. España se sitúa así entre los países que menos proporción de su riqueza nacional dedican a este ámbito, pero, al mismo tiempo, se une a la lista de naciones que cumplen con el compromiso adquirido en la cumbre de Gales en 2014.

El aumento del gasto militar español es notable. En términos interanuales, el incremento alcanza un impresionante 43,11%, pasando de 22.693 millones de euros en 2024 a 33.123 millones en este ejercicio. Este salto cuantitativo plantea interrogantes sobre las prioridades del gobierno y el impacto que este desembolso tendrá en otras áreas cruciales como la sanidad, la educación y la inversión social. ¿Estamos ante un cambio de paradigma en la política de defensa española, o se trata de una respuesta coyuntural a las presiones externas?

Un Escenario de Presión y Nuevos Compromisos

La consecución de este objetivo se produce en un momento de alta tensión internacional. La guerra en Ucrania ha actuado como catalizador para un aumento generalizado del gasto militar en los países de la OTAN, impulsado, en gran medida, por las exigencias del expresidente estadounidense Donald Trump. De hecho, en junio de este año, los miembros de la Alianza acordaron un incremento radical del gasto militar hasta el 5% del PIB de aquí a 2035. Este nuevo objetivo, desglosado en un 3,5% para gasto militar estricto y un 1,5% para seguridad en un sentido amplio, plantea desafíos aún mayores para la economía española.

Si bien España ha asegurado que cumplirá con las capacidades requeridas por la OTAN invirtiendo un 2,1%, la realidad es que el nuevo objetivo del 5% podría exigir recortes en otras áreas esenciales. La cuestión central es si España puede mantener este nivel de gasto sin comprometer su estado de bienestar y su capacidad para abordar otros desafíos apremiantes, como el cambio climático y la desigualdad social. La ciudadanía, cada vez más consciente de las implicaciones de estas decisiones, exige transparencia y debate público sobre las prioridades del gobierno en materia de seguridad y defensa. El futuro de España, en este sentido, se debate entre las exigencias de la OTAN y las necesidades de su población.

El cacareado cumplimiento del 2% del PIB en gasto militar para 2025, lejos de ser motivo de celebración, revela una preocupante miopía estratégica. Si bien la coyuntura internacional exige compromiso con nuestros aliados de la OTAN, la decisión de priorizar el armamento por encima de las necesidades acuciantes de la ciudadanía malagueña y española es, cuanto menos, discutible. Invertir más en defensa sin un debate profundo sobre el modelo de seguridad que queremos, sin analizar si ese gasto se traduce en una mayor seguridad real para nuestros ciudadanos, es simplemente tirar el dinero por la borda. ¿De qué sirve un ejército poderoso si no somos capaces de garantizar el acceso a una vivienda digna, una sanidad pública de calidad o un futuro para nuestros jóvenes?

La sombra del 5% del PIB en gasto militar para 2035, recientemente acordado en la OTAN, proyecta una imagen desoladora. ¿Está España preparada para asumir semejante carga sin desmantelar el estado de bienestar? La respuesta, a todas luces, es no. El gobierno debe abrir un diálogo honesto con la ciudadanía, explicando qué partidas presupuestarias se verán afectadas y cómo se pretende mitigar el impacto social de esta decisión. No se trata de negar la importancia de la seguridad, sino de definir qué entendemos por seguridad y cómo lograrla de manera sostenible y equitativa. El futuro de Málaga, y de España, no puede depender exclusivamente de las exigencias de la OTAN; debe ser fruto de un debate sereno y responsable que ponga en el centro las necesidades reales de las personas.

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