El terremoto político sacude Navarra este lunes. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción ha emitido un demoledor informe que exige la anulación de la adjudicación de las obras de duplicación del túnel de Belate, un proyecto faraónico de 76 millones de euros, a la constructora Acciona y a Servinabar, empresa con lazos familiares con el influyente Santos Cerdán. La decisión, aunque no vinculante, ha desatado una tormenta en la comunidad foral y amenaza con resquebrajar la ya frágil estabilidad del gobierno de María Chivite.
La sombra de la sospecha se cierne sobre el proceso de adjudicación desde hace meses. Ya en 2024, la oposición y miembros de la propia mesa de adjudicación manifestaron sus dudas sobre la transparencia y la legalidad del procedimiento. Sin embargo, el Gobierno de Chivite defendió a capa y espada la limpieza del proceso, hasta que la Oficina de Anticorrupción ha destapado la caja de Pandora. El informe, al que ha tenido acceso eldiariodemalaga.es, es contundente: existen «defectos severos» que invalidan la adjudicación.
El principal detonante de la polémica es la denuncia del secretario de la mesa de adjudicación, Lorenzo Serena, un alto funcionario que ya alzó la voz en el Senado el pasado mes de julio. Serena denunció un «largo reguero de irregularidades», señalando directamente al presidente de la mesa, Jesús Polo, por haber emitido sus calificaciones conociendo los votos del resto de los miembros. Esta práctica, según Anticorrupción, «altera la transparencia y la imparcialidad del proceso», otorgando una ventaja indebida a determinadas empresas.
Pero las irregularidades no terminan ahí. La Oficina de Anticorrupción cuestiona la validez del intercambio de correos electrónicos utilizado para formalizar la adjudicación, calificándolo de «mero intercambio de correos» que no puede constituir un «acuerdo». Además, denuncia que el Gobierno de Chivite aprobó tres excepciones consecutivas en las leyes de presupuestos para permitir que Jesús Polo, ya jubilado, continuara participando en la mesa de adjudicación, una medida que, según los críticos, se hizo «a medida» para garantizar su presencia.
La pelota está ahora en el tejado del Gobierno de Navarra. El vicepresidente, Félix Taberna, ya ha admitido la existencia de «defectos severos» en la adjudicación, pero aún no ha anunciado si el Ejecutivo tiene previsto anular el contrato. La presión de la oposición y de la propia Oficina de Anticorrupción es cada vez mayor. La decisión que tome el Gobierno de Chivite tendrá consecuencias políticas importantes, pudiendo incluso poner en riesgo la estabilidad de la legislatura. El futuro del túnel de Belate, una infraestructura clave para el desarrollo de la comunidad foral, queda ahora en suspenso, envuelto en una densa niebla de dudas y sospechas.
El caso del túnel de Belate, destapado por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, no es, lamentablemente, un caso aislado, sino un síntoma preocupante de cómo la opacidad y la búsqueda de atajos pueden socavar la confianza ciudadana en las instituciones. Más allá de las responsabilidades políticas que se depuren, lo verdaderamente alarmante es la aparente normalización de prácticas irregulares, desde el intercambio de correos electrónicos como sustento de una adjudicación millonaria hasta la prolongación artificial de la participación de un funcionario jubilado en la mesa de contratación. Si estas irregularidades se confirman, no solo estaríamos ante una negligencia administrativa, sino ante un posible intento de manipulación en la adjudicación de una obra fundamental para el desarrollo de Navarra.
Es imperativo que el Gobierno de María Chivite actúe con la máxima transparencia y celeridad. Anular la adjudicación, por mucho que esto retrase la construcción del túnel, es el único camino para restaurar la credibilidad de la administración y demostrar que el compromiso con la legalidad es inquebrantable. No se trata solo de acatar las recomendaciones de la Oficina de Anticorrupción, sino de iniciar una investigación exhaustiva que permita esclarecer quiénes fueron los responsables de estas presuntas irregularidades y qué motivaciones les impulsaron. La ciudadanía exige, con razón, explicaciones y garantías de que este tipo de situaciones no se volverán a repetir. El futuro de la legislatura, y la confianza de los navarros en sus representantes, dependen de ello.
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