El Tribunal Supremo, a través del magistrado Julián Sánchez Melgar, ha dado un paso crucial en la investigación contra Luis ‘Alvise’ Pérez, líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, solicitando formalmente al Parlamento Europeo la suspensión de su inmunidad parlamentaria. Esta petición se basa en la sospecha de que Pérez pudo haber incurrido en delitos electoral y de financiación ilegal, concretamente en relación con los 100.000 euros recibidos del empresario Álvaro Romillo, conocido en el mundo digital como CryptoSpain, durante la campaña para las elecciones europeas de 2024.
La solicitud de suspensión de inmunidad representa un punto de inflexión en el proceso judicial. Si el Parlamento Europeo accede a la petición, Alvise Pérez podría ser investigado formalmente y, en caso de que existan pruebas suficientes, juzgado por los presuntos delitos. La decisión del Parlamento, que se espera en las próximas semanas, podría tener consecuencias políticas significativas, tanto para el futuro de SALF como para la credibilidad de Pérez como representante en la Eurocámara.
La investigación se centra en la disparidad entre las declaraciones de Pérez y Romillo. Mientras que el eurodiputado admitió haber recibido el dinero, negó que este estuviera destinado a la campaña electoral de SALF. Sin embargo, el empresario CryptoSpain mantiene que el dinero fue entregado con la explícita finalidad de financiar las actividades electorales del partido. Esta contradicción clave es uno de los elementos centrales que han motivado al Supremo a solicitar la suspensión de la inmunidad de Pérez, permitiendo así profundizar en la investigación y esclarecer el destino final de los fondos.
Además de esta investigación por presunta financiación ilegal, el Supremo mantiene abiertas otras tres causas contra Alvise Pérez. Una de ellas se refiere a la difusión de una supuesta PCR falsa del actual presidente catalán, Salvador Illa, un episodio que generó gran controversia. Otra causa investiga el presunto acoso en redes sociales a Susana Gisbert, fiscal coordinadora para delitos de odio. La última causa, la más reciente, se centra en el supuesto acoso a dos eurodiputados que, tras ser elegidos bajo las siglas de SALF, rompieron con el partido, añadiendo aún más complejidad a la ya intrincada situación judicial del líder de Se Acabó La Fiesta. La acumulación de investigaciones judiciales sobre Alvise Pérez levanta serias interrogantes sobre su idoneidad para ocupar un cargo público y su compromiso con la transparencia y la legalidad.
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