Madrid, 23 de mayo de 2026. Mientras los pasillos del poder político de España parecen haber relegado la educación a un segundo plano, relegándola de los grandes debates electorales y discursos triunfalistas, la realidad de las aulas y los hogares españoles clama por atención. Las recientes citas electorales en Aragón, Extremadura, Castilla y León y Andalucía han sido un claro reflejo de esta tendencia: temas como la inmigración, la vivienda, la sanidad y la juventud han acaparado el foco mediático y político, dejando a un lado la compleja y fundamental estructura que forma a nuestros más de 10 millones de estudiantes y emplea a casi un millón de docentes. Una omisión estratégica que, lejos de ser un simple olvido, parece apuntar a una incómoda verdad: la educación, en su estado actual, genera incomodidad para todos los partidos, incapaces de presentar soluciones contundentes y consensuadas que trasciendan la polarización ideológica.
La aparente desidia política contrasta de manera dramática con el creciente malestar que emana de la comunidad educativa y de miles de familias españolas. Los indicadores internacionales pintan un panorama sombrío, con la escuela española registrando mínimos históricos. En la calle, las quejas se multiplican: alumnos que finalizan la educación obligatoria sin dominar las herramientas básicas de lectura y escritura, y un profesorado más descontento que nunca. Este descontento, lejos de disiparse, ha ido creciendo y se prevé un otoño candente. Las movilizaciones que han marcado este final de curso, desde la huelga de profesores en Asturias hasta las protestas en Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Madrid, son solo el preludio de lo que parece ser un clamor generalizado. La manifestación unitaria convocada hoy en Madrid pone el broche a una serie de reivindicaciones que resuenan con fuerza, recordando la vitalidad de aquella «marea verde» que, 15 años después, vuelve a teñir las calles, esta vez con tintes amarillos en Cataluña, demostrando que la defensa de la educación es una causa que trasciende fronteras y siglas.
La búsqueda de un consenso educativo se ha convertido en una quimera para los diferentes partidos políticos. Incluso el Partido Popular, que en su momento impulsó la controvertida Lomce, ha visto cómo esta ley generaba disensiones internas y fracasaba en su intento de unificar las comunidades autónomas bajo un mismo criterio para organizar una «Selectividad común». El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido un perfil bajo en este asunto, evitando abordar explícitamente la educación en sus discursos de propósitos. Del mismo modo, Vox, Sumar y las formaciones nacionalistas, más allá de insistir en la lengua vehicular, no han presentado propuestas sólidas para mejorar la situación de los centros educativos. Esta parálisis en la búsqueda de soluciones reales, sumada a la falta de presencia en el debate público, deja en evidencia la complejidad y la falta de priorización que el sistema educativo español parece estar sufriendo en la actualidad, mientras las demandas de mejora se acumulan en las aulas.
La noticia sobre el escaso protagonismo de la educación en las recientes campañas electorales autonómicas es, francamente, descorazonadora. Constata una realidad que muchos venimos advirtiendo: hemos asistido a una perversión del discurso político, donde lo educativo, fundamental para el futuro de cualquier sociedad, ha pasado de ser un eje de debate a un mero telón de fondo, si es que aparece. Los casi 10 millones de estudiantes y el millón de docentes que conforman el entramado educativo español merecen un debate serio y profundo, no la invisibilidad a la que parecen haber sido condenados por quienes aspiran a gobernarnos. La inmigración, la vivienda o la sanidad, si bien son cuestiones capitales, no pueden eclipsar la necesidad de un modelo educativo robusto, inclusivo y de calidad que prepare a las nuevas generaciones para los desafíos del siglo XXI. La sensación es la de una amnesia colectiva sobre la importancia estratégica de la formación, un abandono que se traduce en descontento generalizado y en un riesgo latente para el progreso.
Es sintomático que, ante la incomodidad que suscita la educación, la mayoría de los partidos opte por el silencio o por propuestas superficiales. El hecho de que ni siquiera partidos con experiencia de gobierno o con trayectorias ligadas a la enseñanza parezcan tener un rumbo claro, como demuestra la fallida promesa de una Selectividad común o la desautorización de reformas previas, es preocupante. Se percibe una falta de valentía y de visión a largo plazo, una renuncia a afrontar los problemas estructurales que aquejan a nuestro sistema, desde la brecha de rendimiento académico hasta la creciente desmotivación de los docentes. La «marea verde» y las protestas estudiantiles, que resurgen con fuerza, son un claro indicativo de que la sociedad civil no comparte este desinterés político. Es hora de que los partidos escuchen el clamor de las aulas y conviertan la educación, de una vez por todas, en una prioridad real y no en un eslogan de campaña efímero.
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