Un caso alarmante ha sacudido la tranquilidad de una comunidad educativa en Mejorada del Campo (Madrid), tras la denuncia de un padre que acusa a un compañero de clase de su hija de realizarle tocamientos sexuales reiterados. La situación se destapó gracias a un mensaje que José Murillo, padre de la menor afectada, envió a la profesora del colegio, en el que expresaba su preocupación por la conducta inapropiada de un niño hacia su hija, una niña de tan solo cuatro años.
El incidente, que data del 21 de noviembre, ha desencadenado una serie de acciones que han dejado al padre frustrado y en busca de respuestas. En su comunicación, Murillo solicitó que se tomaran medidas para prevenir futuras agresiones. La tutora respondió reconociendo el problema e indicando que estaba abordándolo en clase, pero la familia no quedó satisfecha con las explicaciones ni con las acciones propuestas. De hecho, la respuesta de la docente contrastó fuertemente con las propias palabras de la niña, quien en repetidas ocasiones había expresado que no le gustaban los tocamientos.
Después de varias semanas y tras una reunión con el equipo docente, el padre sostiene que la situación no solo fue minimizada, sino que la directora y la profesora negaron la existencia de un problema serio, describiendo los tocamientos como «cosquillas». Sin embargo, la realidad que vive la niña es desgarradora. Al regresar a casa, a menudo está visiblemente atemorizada y habla sobre lo que le hace su compañero, detallando situaciones que van más allá de simples juegos infantiles.
Ante esta aparente falta de acción por parte del centro escolar, la familia se vio obligada a presentar una denuncia ante la Policía Nacional el 12 de diciembre, documentando así la angustiante experiencia de la menor. En su declaración, se especifica que el niño, que ahora enfrenta acusaciones de violencia sexual a menores, había estado tocando a su hija insistentemente, incluso llegando a tocar sus genitales.
La denuncia ha puesto en tela de juicio la efectividad del protocolo antiagresiones que se supone debe proteger a los alumnos. Murillo ha manifestado su incredulidad ante la indolencia de las autoridades educativas. A pesar de las promesas de abrir un expediente, la consejería no ha tomado medidas concretas para proteger a su hija, quien continúa en la misma clase que el supuesto agresor. El padre ha indicado que, según las normativas educativas, debería haberse implementado un cambio inmediato de clase o incluso expulsión del menor infractor, pero las autoridades han dejado claro que no se aplicará dicha medida.
La familia se enfrenta ahora a una encrucijada: cambiar a su hija de colegio en medio del curso escolar, una decisión que los llena de dilemas, ya que la víctima es la que podría verse forzada a abandonar su entorno educativo por los actos de otro niño. Con la menor aún en tratamiento psicológico y saneando las heridas emocionales causadas por esta experiencia, los padres hacen un llamado a la comunidad educativa y a las autoridades para que actúen con mayor seriedad en la protección de los derechos de los menores. La angustia por la seguridad emocional y física de su hija sigue siendo la preocupación principal para la familia Murillo, que no cesará en su búsqueda de justicia y adecuadas respuestas a esta situación traumática.
La denuncia presentada por el padre de la menor de Mejorada del Campo no solo pone de manifiesto una situación que debería ser inaceptable en cualquier entorno educativo, sino que también revela la preocupante indolencia y falta de acción de un sistema que debería proteger a los más vulnerables. La reacción de la dirección del colegio, minimizando los tocamientos a simples «cosquillas», refleja una cultura de la negación que puede permitir la perpetuación de conductas dañinas. En este contexto, cuestionamos la efectividad de los protocolos existentes: ¿es suficiente, como parece, una simple reunión con el equipo docente para abordar un posible caso de violencia sexual entre menores? La respuesta debe ser un “no” rotundo; se requiere una intervención contundente y la implementación de medidas que prioricen la seguridad emocional y física de las víctimas en lugar de proteger la imagen del centro educativo.
Es esencial que se abra un debate sincero sobre las estructuras educativas y su responsabilidad en la prevención, detección y respuesta ante situaciones de acoso y agresiones sexuales. Este caso pone en tela de juicio el compromiso de las autoridades hacia un cambio significativo en la forma de abordar estos delicados problemas. Las escuelas deben ser entornos seguros, y en vez de trasladar el problema a la víctima obligándola a cambiar de colegio, es fundamental que se adopten medidas como el cambio inmediato de clase del agresor y la formación continua del personal educativo en materia de prevención de violencia. Solo así podremos comenzar a garantizar que todos los niños tengan el derecho inalienable a crecer en un entorno seguro, en el que se les escuche y donde se tomen en serio sus preocupaciones.
Con más apuro del esperado, pero al final lo ha conseguido. La colecta emprendida por Pablo Iglesias para abrir una nueva taberna Garibaldi más grande en Madrid ha alcanzado este lunes la recaudación mínima de 137.996 euros que se había planteado. Ha tardado 34 días en hacerlo, a seis días del límite fijado para aportar en este crowdfunding.
Así pues, el ex secretario general de Podemos está más cerca de cumplir su ambición de ampliar sus negocios privados de hostelería sin tener que rascarse el bolsillo. En este caso, gracias a la contribución de más de 3.120 personas que han donado su dinero para que Iglesias alquile un nuevo local para organizar, según justificó, más actividades culturales sin sufrir las limitaciones de espacio que actualmente tiene en su establecimiento ubicado en el madrileño barrio de Lavapiés.
Las donaciones hechas por estas más de 3.000 personas no les dará ningún tipo de participación en la explotación del nuevo local, sino que todo el beneficio caerá en manos de los propietarios de Garibaldi, entre los que está Iglesias. No es ninguna cooperativa donde hay participaciones o se socializan las ganancias.
Iglesias lanzó la colecta el pasado 8 de abril y desde entonces ha llevado a cabo una exhaustiva campaña de promoción para atraer financiadores de su plan de expansión, para lo que ha echado mano de los actuales dirigentes de Podemos, que han subido vídeos y mensajes a las redes sociales para empujar a conseguir los objetivos.
Del mismo modo, Iglesias llegó a utilizar su intervención en el quinto congreso de Podemos como plataforma para promocionar sus negocios privados. No sólo la taberna, sino también Canal Red, en busca de simpatizantes morados que los apoyasen económicamente. Justificó que sus actividades no son para «ganar dinero», sino que son fórmulas para construir un «proyecto cultural» que pretende «dar la pelea política en todos los ámbitos».
En la colecta se podía aportar en tramos de 25, 50, 150 y 250 euros. A los 34 se ha alcanzado la meta mínima de 137.996 euros. Ahora los próximos seis días quedan para intentar llegar al objetivo «óptimo» de 146.996.
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Tres magistrados del Tribunal Constitucional han solicitado este lunes al Pleno que preside Cándido Conde-Pumpido que la corte de garantías eleve una cuestión prejudicial sobre la Ley de Amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o que se paralice la tramitación y resolución del recurso de inconstitucionalidad del Partido Popular hasta que el TJUE resuelva las consultas que otros tribunales españoles han planteado sobre la norma ante la Justicia europea.
Según avanzan fuentes jurídicas a EL MUNDO, los magistrados del sector conservador César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel han registrado hoy esta petición en el Constitucional.
Los solicitantes defienden que la Ley que borra los delitos del procés puede contravenir el Derecho de la Unión Europea y destacan que hay distintas cuestiones prejudiciales planteadas ante el TJUE de contenido muy similar al recurso de inconstitucionalidad que prevé resolver el TC en las próximas semanas.
En concreto, la petición es para que el presidente Conde-Pumpido incluya en el orden del día del Pleno el debate «acerca de la pertinencia de proceder al planteamiento de una cuestión prejudicial o, en su caso, a la suspensión del futuro señalamiento para deliberación, votación y fallo» del recurso de inconstitucionalidad del PP «mientras no se proceda por el TJUE a dictar sentencia sobre las cuestiones dada la homogeneidad existente entre las dudas planteadas al TJUE y las que son pretensión de declaración de inconstitucionalidad en el recurso citado».
La cuestión prejudicial consiste en elevar una consulta ante el TJUE bien porque se plantee una interpretación nueva y de interés general para la aplicación uniforme del Derecho de la Unión o bien porque la jurisprudencia nacional no aborde una situación jurídica nueva como sucede con la Ley de Amnistía al desafío separatista catalán.
En este caso, en su dictamen jurídico, estos tres magistrados defienden que hay motivos sólidos para pensar que la amnistía contraviene el derecho comunitario, por lo que la prudencia debe conllevar a esperar que se pronuncie en primer lugar Europa.
En la actualidad, el borrador sobre la primera sentencia de la Ley de Amnistía -que dará respuesta al recurso de inconstitucionalidad del PP- se encuentra en un estado avanzado de redacción siendo la intención del presidente Conde-Pumpido poder dictar el primer fallo sobre la citada Ley antes de las vacaciones de verano.
El recurso del PP impugna hasta doce puntos de la Ley, lo que ha obligado a formar un grupo de letrados que lleva semanas dedicándose en exclusividad a redactar la ponencia bajo la coordinación de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán.
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«Nosotros creemos que los mensajes son apenas detalles; lo que importa de verdad es la corrupción que rodea a esos detalles». Así ha valorado el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, los whatsapps entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos revelados por EL MUNDO, en los que ve una intención de «evitar el banquillo de los acusados»
«Si algo conocemos es su manual de resistencia», ha señalado Fúster en rueda de prensa posterior a su Comité de Acción Política, apuntando que «lo peor de Sánchez está por llegar» y subrayando que los mensajes retratan una «especie de ‘José Luis, se fuerte‘ bis entre el presidente y su antiguo colaborador».
En esta línea, los de Santiago Abascal centran el tiro en que Sánchez «gobierna para sus propios intereses personales y partidistas», además de hacerlo «para su mujer» y «para su hermano», cargando contra los familiares del presidente, imputados en tramas separadas; y «también, por lo que parece, para el tío de su mujer, condenado por aprovecharse de la desesperación de mujeres en situación ilegal». A renglón seguido, Fúster ha criticado que Sánchez esté «dispuesto a vender lo que haga falta a quién haga falta» para mantener el poder».
En Vox ven «inevitable» que el presidente del Gobierno se siente «en el banquillo»: «Ese día va a llegar. Ese día Vox llegará al Gobierno y ese día el presidente Sánchez estará en el banquillo de los acusados», ha asegurado Fúster, llamando a defender España «frente a los tibios» mediante una «oposición frontal y total» al Gobierno sin concesiones ni negociaciones.
El portavoz nacional ha cargado duramente contra el Partido Popular, al que dice haber «ofrecido construir una alternativa necesaria para echar a Sánchez» y a «sus políticas»: «Pero el PP sigue empeñado en pactar todo con el PSOE en Bruselas y aquí», ha lanzado Fúster, en referencia al entendimiento entre ambos partidos con respecto a la prohibición de motores de combustión en Europa a partir de 2035 y el aumento de diputados en un 66% en Castilla-La Mancha. Ha tildado ambos como una «traición» con la que «han demostrado ser las dos caras de la misma moneda», ha aseverado.
En este sentido, con respecto a la decisión del PP de adelantar su Congreso Nacional al mes de julio, Fúster, que considera que «sus discursos públicos no tienen que ver con su acción política», en referencia al PP, ha instado a Génova a pensar y decidir «lo que quiera» porque «parecen una oposición, pero en el fondo no lo son».
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La madrileña Lucía Braña y el mallorquín Adrián Rodríguez, alumnos de 19 y 20 años del segundo curso del grado de Psicología en inglés de la Universidad Libre de Amsterdam (Vrije Universiteit, VU), están preocupados porque este programa va a extinguirse. Han recibido una carta de la facultad que les advierte de que, debido a la decisión del Gobierno de los Países Bajos de reducir las carreras universitarias impartidas en lengua inglesa, sus estudios se cancelarán en 2027 y sólo se ofrecerán en neerlandés.
«Nos dejan terminar el grado y obtener el título, pero es un programa súpervalorado y me da miedo que pierda su reputación. No sé si me causará dificultades con el máster al que quiero apuntarme tras hacer una carrera que para entonces ya no existirá», se queja Lucía. «El programa podría perder valor al ser cancelado. Es una medida que no entienden ni los propios holandeses», lamenta Adrián.
La educación superior europea está expectante ante los cambios que ultima el nuevo Gobierno de coalición de los Países Bajos, controlado desde 2024 de forma mayoritaria por la ultraderecha. Su proyecto de Ley de Internacionalización Equilibrada, que persigue «un mayor control sobre la afluencia de estudiantes internacionales y el uso de lenguas extranjeras en la educación», es un indicador del nuevo escenario geopolítico. Mientras en EEUU se revocan visados a universitarios y los campus de Cataluña toman medidas para que el catalán sea la única lengua, Países Bajos da marcha atrás en su estrategia de internacionalización. De ser la meca de atracción del talento foráneo europeo se va a replegar sobre sí misma. ¿Por qué?
Fuentes del Ministerio de Educación de Países Bajos responden que el «significativo incremento» de alumnos internacionales «está ejerciendo presión sobre la calidad, la accesibilidad y la asequibilidad del sistema», mientras «el elevado número de programas en lenguas no neerlandesas suscita inquietud social y política sobre la preservación del neerlandés como lengua de enseñanza». Por eso van a priorizar la «promoción del neerlandés» y dejarán las carreras en inglés sólo para «cuando sea socialmente deseable».
Un informe de la Agencia Neerlandesa para la Internacionalización en Educación (Nuffic) añade que la afluencia de extranjeros está detrás del problema de «la falta de vivienda y la subida del precio de los alojamientos», además de que «a corto plazo constituyen un gasto para el presupuesto nacional, ya que pagan las tasas de matrículas legales subvencionadas por el Gobierno y estos costes corren a cargo del Ministerio de Educación».
«El incremento de estudiantes internacionales ha dado lugar a una menor cantidad de financiación por alumno», avisa este organismo, que cifra en 128.000 los estudiantes internacionales cursando grados en campus financiados por el Gobierno.
En una década se ha multiplicado por tres el número de extranjeros hasta ser el 15% de la población universitaria. Los españoles, con algo más de 6.000 alumnos, forman la quinta nacionalidad más numerosa después de los alemanes (21.300), los italianos (8.200), los rumanos (7.400) y los chinos (6.200).
Este boom de internacionalización en las universidades de los Países Bajos comenzó con el Brexit, cuando el Reino Unido dejó de ser el destino favorito de los jóvenes europeos por el incremento del precio de las matrículas. El año pasado Adrián y Lucía pagaron 1.000 euros por el primer año de carrera -lo mismo que en la universidad pública en España- y este segundo año han desembolsado 2.000. A cambio, estudian en la 37ª mejor universidad del mundo en su disciplina. «El modelo está más centrado en la investigación y no es tan teórico como en España. Es uno de los grados más difíciles, para aprobar hay que sacar un 6,5 sobre 10, pero también es de los más valorados y hay muy buenas oportunidades para los graduados», explica Lucía.
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Los mensajes privados han desvelado muchas cosas más allá de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. El ex tesorero del PPLuis Bárcenas guardó silencio sobre la contabilidad b del partido por el apoyo que le había prestado personalmente el entonces presidente del Gobierno. Mariano Rajoy mantuvo un contacto directo y permanente (como mínimo, de mayo de 2011 a marzo de 2013) con él y le pidió que negara los sobresueldos. Así lo atestiguan los sms que se intercambiaron -entre ellos el célebre de «Luis, sé fuerte»- tal y como desveló EL MUNDO, que también había destapado el escándalo de la financiación irregular.
Este periódico también reveló hace 11 meses los whatsapps que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró de su teléfono móvil sobre la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso. «Hay que sacar la nota. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. Es imperativo sacarla», dijo García Ortiz a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.
El País, a su vez, desveló los mensajes de un chat de WhatsApp interno del Comité de Dirección del PP en 2023 tras la defenestración del entonces líder del partido, Pablo Casado. En él, varios miembros de su cúpula que luego apoyaron a Alberto Núñez Feijóo -como su hoy secretaria general, Cuca Gamarra– felicitaban al todavía líder del partido por su entrevista en la Cope en la que había acusado al hermano de la presienta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de haber cobrado «una comisión de 300.000 euros» de la Administración presidida por su familiar.
En pleno escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, Javier López Madrid recibió el cariño y apoyo de varios amigos, entre ellos el de Doña Letizia en nombre también de su esposo, el Rey Felipe. «Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)», le escribió en un mensaje que la Guardia Civil recuperó del teléfono móvil del empresario -pese a haber sido borrado- y que fue publicado por eldiario.es.
Por su parte, El Español publicó en 2018 un whatsapp que el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, había enviado al chat que tenía el grupo del partido en la Cámara Alta -en el que estaban 146 parlamentarios- y en el que se jactaba de que el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial permitirá a los populares «controlar desde detrás» el Tribunal Supremo. Cosidó llegó a admitir que había sido un «gran error» reenviar el mensaje, pero negó haberlo escrito.
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No era ningún secreto en el seno del PSOE que a Pedro Sánchez le incomodan las críticas desde sus propias filas. El propio presidente del Gobierno llegó a verbalizar a puerta cerrada ante su Ejecutiva hace unos meses que su intención era «alinear» a las federaciones para «evitar discrepancias internas». Los mensajes de WhatsApp -publicados por EL MUNDO– que intercambió en 2020 y 2021 con su entonces número dos tanto en el Gobierno como en Ferraz, José Luis Ábalos, dan la medida de hasta qué punto no le gustaban las voces desafinadas con la estrategia nacional del partido.
En concreto, respecto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Sánchez le pidió al secretario de Organización de los socialistas que le pegara «un toque» para que dejara «de tocar los cojones» tras dar una entrevista a La Razón en la que calificó de «humillación» el indulto a los presos independentistas, cuyos trámites acaba de iniciar el Ejecutivo. El único barón del considerado sector crítico que sigue gobernando hizo caso omiso a esta advertencia y ha seguido expresando sus opiniones propias, particularmente duras en contra de las cesiones al independentismo.
Fuentes cercanas a Page apuntan que, desde 2015, los presidentes autonómicos notaron «hostilidad» en la dirección del partido y que «la hostilidad venía de Sánchez». «Desde ese momento, al menos nosotros, hemos pasado por alto desprecios y descalificaciones a cambio de que el PSOE y luego las políticas del PSOE en el Gobierno mantuvieran la coherencia y los principios que siempre habían mantenido, que consisten en defender la igualdad de las personas y los territorios», sostienen.
El «mayor punto de fricción», agregan en el equipo del dirigente castellanomanchego, ha sido «siempre», incluso antes de la moción de censura que franqueó el acceso de Sánchez a La Moncloa, la relación del partido «con planteamientos políticos radicales, en especial con el independentismo radical». Y su intención, aseguran ha sido «dejar claro que, para algunos, no todo vale».
Ante las presiones internas para acallar las críticas en los territorios, el entonces presidente de Aragón, Javier Lambán, escribió, a su vez, a Ábalos para manifestarle que él expresaba sus opiniones de «manera respetuosa, sin faltar jamás a la lealtad del presidente del Gobierno», y que en las épocas de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero «un ejercicio de opinión libre pero responsable» como el suyo «era admitido sin ningún problema». La respuesta de Sánchez -según los whatsapps desvelados por este periódico- fue que había que «seguir marcándoles» y que eran «unos hipócritas».
En el entorno de Lambán -ya sin ningún cargo en el partido- indican ahora que lo que cuentan esos mensajes «no es, en el fondo, ninguna sorpresa» porque «esa fue siempre la pauta dominante». «Llama la atención, si acaso, el grado de obsesión de Sánchez con el ‘marcaje’ a los barones y su indisimulado interés en impedir las opiniones diferentes». Además, recalcan que lo que el ex presidente aragonés defendía en aquel momento era «la libertad de expresión, la democracia y el interés» de su comunidad y que «se oponía a las desigualdades y los privilegios territoriales».
«Cinco años después, la situación es mucho más preocupante y hay muchos más motivos para pelear por todo aquello que Lambán defendía en 2020″, añaden las mismas fuentes. «La polarización y el frentismo paralizan al país. Independentistas y populistas condicionan el Gobierno. Se deterioran las instituciones. Se desnaturaliza la socialdemocracia y el trato de privilegio a Cataluña atenta directamente contra los principios constitucionales -y socialistas por excelencia- de la unidad la igualdad», inciden.
Asimismo, señalan que quienes manifiestan su preocupación «ante esta deriva» constituyen «una exigua minoría, mientras el debate y la libertad de opinión han desaparecido completamente». Por ello, aprovechando «la oportunidad» de esta publicación de EL MUNDO, trasladan que «Lambán quiere hacer un llamamiento a sus compañeros del PSOE para que, desde la lealtad y el respeto a la unidad, ejerzan de hombres y mujeres libres, debatan, se expresen y piensen ante todo en Aragón -o en su CCAA correspondiente- y en España». Y apostillan: «Si no, el futuro será cada vez más sombrío».
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La publicación en exclusiva por EL MUNDO de los mensajes intercambiados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y quien entonces era su mano derecha como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha sacudido este domingo el escenario político. En esos whatsapps escritos en 2020 y 2021 se evidencian las profundas discrepancias entre la cúpula de Ferraz y varios líderes autonómicos, entre ellos Emiliano García-Page y Javier Lambán, en asuntos como la gestión de la pandemia y los acuerdos con Bildu para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
En un acto en Madrid, el ministro para la Transformación Digital y líder de los socialistas en la región, Óscar López, ha afirmado que le parece «muy grave» que se hayan difundido «comunicaciones privadas» del jefe del Ejecutivo que enmarca dentro de «la campaña de bulos y de fango de la derecha y de la ultraderecha». «Me gustaría saber si alguien va a investigar esta filtración como se han investigado otras», ha apuntado sobre una información que se encuentra en dos memorias aparecidas en casa de Koldo García -persona de la confianza de Ábalos- en el marco de la investigación sobre la presunta trama de cobro de comisiones millonarias por la venta de mascarillas durante la crisis sanitaria del Covid.
Por su parte, desde el PP creen que esos mensajes suponen un «verdadero retrato robot de un Pedro Sánchez como es, autoritario, sin escrúpulos y con una sed de venganza brutal tanto dentro como fuera del PSOE». «Si Ábalos tenía a Koldo, Sánchez tenía a Ábalos, era su número dos para todo, su Señor Lobo, al que daba órdenes hasta para que llamara a los presidentes autonómicos socialistas por quejarse de los pactos con Bildu. ¡Qué vergüenza!», ha subrayado Elías Bendodo, vicesecretario general de Política Autonómica y Análisis Electoral del principal partido de la oposición.
Para el ministro López, la información publicada por este periódico es una «campaña infame» en la que se han «revelado mensajes privados que no tienen nada que ver con ninguna causa judicial». Y el mensaje oficial que mandan desde el equipo de Sánchez a los que que, a su juicio, «están en acabar con este Gobierno por tierra, mar y aire y sin ningún límite y sin ningún escrúpulo» es que el Ejecutivo «va a seguir avanzando»: «Lo que tienen que entender todos los que están en esa campaña es que no lo van a conseguir».
Desde las filas populares, a su vez, salen en defensa del ex presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, otro de los criticados en dichos mensajes como un «impresentable» por, en palabras de la dirección de Génova, «decir con buen criterio que no puede ser que se cambien presos por Presupuestos», en referencia al acuerdo con Bildu para aprobar las cuentas de 2021. «Se han quitado las caretas. Ahora cuadra perfectamente por qué Sánchez cesó de tapadillo a Ábalos [en 2021] y por qué lo metió en las listas electorales por Valencia [2023] para aforarlo», ha remarcado Bendodo.
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