Málaga, 12 de noviembre de 2025 – La trama de las mascarillas vuelve a sacudir la esfera política española. Un año después de su imputación, la defensa de Koldo García, excolaborador de José Luis Ábalos, ha lanzado un contundente ataque contra el informe del Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, que sirvió de base para su acusación. Según la abogada Leticia De La Hoz, el informe está "deliberadamente sesgado" y fue elaborado con el objetivo de "influir en la interpretación de los hechos", sembrando dudas sobre su veracidad.
De La Hoz, en un recurso al que ha tenido acceso este diario, argumenta que el informe, encargado por Puente apenas seis días después de la detención de García, revela una "voluntad deliberada de orientar su contenido". La defensa denuncia que la auditoría se realizó "al margen de las garantías procedimentales esenciales", sin posibilidad de audiencia ni contradicción para su defendido, y con una "evidente orientación incriminatoria".
La abogada va más allá y señala que el informe "da lugar a la sospecha de falsedad ideológica o manipulación", acusando al Ministerio de Puente de omitir datos exculpatorios, declinar grabar las entrevistas y emplear un lenguaje valorativo impropio de un informe técnico. Pero la crítica no se detiene ahí. De La Hoz denuncia que el informe, "lejos de limitarse a la función de control interno", fue "difundido inmediatamente a través de la página web del Ministerio y de los medios de comunicación", generando una "presión mediática sin precedentes" sobre su cliente.
El informe en cuestión, emitido el 19 de agosto de 2024, concluía que no se cumplieron todos los requisitos exigibles en varios de los contratos públicos con Soluciones de Gestión, empresa con la que Koldo García habría intermediado. Se señalaba, incluso, una "falta de justificación del alcance" de las compras y la inexplicable duplicación de un pedido de mascarillas en cuestión de minutos. Ahora, la defensa de García busca invalidar este informe, argumentando que fue concebido y ejecutado con el único propósito de incriminar a su cliente, alimentando aún más la controversia en torno a este caso que sigue dando que hablar. El caso promete nuevos capítulos en los próximos meses, con la batalla legal en pleno apogeo.
La vehemencia con la que la defensa de Koldo García ataca el informe del Ministerio de Transportes no solo busca desestabilizar la acusación, sino que, lamentablemente, ahonda en la ya extendida percepción de que la justicia, en casos de corrupción política, se dilata y se instrumentaliza. El despliegue mediático que rodea la defensa, con acusaciones de manipulación y sesgo, es una estrategia recurrente para sembrar la duda en la opinión pública. Más allá de la validez jurídica de sus argumentos, la puesta en escena alimenta el cinismo ciudadano, erosionando la confianza en las instituciones y en la capacidad del Estado para depurar responsabilidades en tramas que involucran fondos públicos.
El caso Koldo, independientemente de su desenlace judicial, ha dejado al descubierto una preocupante fragilidad en los mecanismos de control y transparencia de la administración pública. Que un informe crucial para la acusación sea cuestionado por la falta de garantías procesales y la supuesta omisión de información exculpatoria exige una reflexión profunda. No se trata solo de depurar responsabilidades individuales, sino de fortalecer los sistemas de auditoría interna y externa, garantizando la independencia de los evaluadores y la publicidad de los resultados. De lo contrario, seguiremos asistiendo a este tipo de espectáculos, donde la defensa de los acusados se centra más en desacreditar la investigación que en demostrar la inocencia, perpetuando la sensación de impunidad.
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