Málaga, 7 de octubre de 2025 – La paciencia del Ministerio de Defensa ha llegado a su límite. La ministra Margarita Robles, junto con la secretaria de Estado Amparo Valcarce y el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat, han trasladado directamente a la cúpula de Indra, liderada por Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos, una advertencia contundente: los «sucesivos retrasos» en el programa de vehículos 8×8 ‘Dragón’ no serán tolerados y el Ministerio se reserva el derecho de tomar «las acciones oportunas».
La reunión, celebrada en las oficinas de Indra, marca un punto de inflexión en la relación entre Defensa y el gigante tecnológico, líder del consorcio Tess Defence, responsable de la fabricación de los blindados. Fuentes internas del Ministerio confirman que la frustración es palpable. La inversión de 1.736 millones de euros, realizada en agosto de 2020, se ha visto empañada por un rosario de incumplimientos que ponen en jaque la modernización del Ejército de Tierra y la credibilidad del programa.
El contrato, que prometía revolucionar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, ha sufrido múltiples reprogramaciones. Las fechas de entrega originales para 2024 se esfumaron y las nuevas previsiones para 2025 y años sucesivos penden de un hilo. Hasta la fecha, apenas 11 unidades han sido entregadas, un número irrisorio comparado con las 92 que debían estar operativas desde el año pasado. La entrega total de las 348 unidades contratadas se dilata, como mínimo, hasta 2027, un horizonte que podría incluso alejarse aún más.
La lentitud en la producción y los fallos técnicos ya han acarreado sanciones económicas para Tess Defence, que ascienden a 9,19 millones de euros. Sin embargo, la multa no parece ser suficiente para espolear al consorcio. El propio presidente de Indra, Ángel Escribano, reconoció en julio la incertidumbre que rodea al cumplimiento de los plazos, achacándola a las «vicisitudes de las cadenas de suministro». Una justificación que no convence en Defensa, donde se considera que la gestión del proyecto deja mucho que desear.
La amenaza velada del Ministerio de Defensa abre la puerta a escenarios drásticos. Desde la imposición de nuevas y más elevadas sanciones económicas hasta la rescisión del contrato, una medida que tendría un impacto devastador para Indra y para la industria de defensa española. La situación actual plantea serias dudas sobre la viabilidad del programa ‘Dragón’ tal y como está concebido. ¿Podrá Tess Defence enderezar el rumbo y cumplir con las expectativas? ¿O se avecina una tormenta perfecta que pondrá en entredicho la capacidad de España para modernizar su Ejército y proteger sus intereses? La respuesta, por ahora, sigue en el aire.
El fiasco del 8×8 ‘Dragón’ no es solo un problema de plazos y sanciones, sino un **síntoma de una endémica falta de coordinación y supervisión** en proyectos de esta envergadura. La amenaza de Defensa a Indra, aunque tardía, evidencia una desesperación comprensible ante la ineficacia demostrada. Sin embargo, castigar al gigante tecnológico sin abordar las carencias estructurales que permiten estos retrasos sistemáticos sería como poner una tirita en una hemorragia. ¿No deberíamos preguntarnos si la propia configuración del consorcio Tess Defence, con su compleja maraña de intereses y responsabilidades diluidas, no es parte del problema? La verdadera solución pasa por una **revisión profunda de los mecanismos de control y evaluación** de estos proyectos, garantizando una transparencia que hasta ahora ha brillado por su ausencia.
Más allá de las sanciones económicas y las posibles rescisiones de contrato, la verdadera víctima de este fracaso es la credibilidad de la industria de defensa española. La incapacidad de entregar un vehículo blindado básico en tiempo y forma proyecta una imagen preocupante de nuestra capacidad tecnológica y de gestión. Si no somos capaces de cumplir con este tipo de proyectos, ¿cómo podremos aspirar a competir en un mercado global cada vez más exigente? El Ministerio de Defensa debe actuar con firmeza, pero también con visión estratégica, buscando soluciones que no solo castiguen a los responsables, sino que **fortalezcan las capacidades de la industria** y garanticen que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro. Porque, al final, lo que está en juego no es solo un vehículo, sino la seguridad y la soberanía de España.
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