El Congreso de los Diputados ha dado un paso significativo hacia el reconocimiento y alivio de la carga económica que soportan las personas celiacas en España. En una jornada donde el consenso político brilló con fuerza, una amplia mayoría de la cámara baja aprobó la admisión a trámite de una proposición de ley impulsada por el Partido Popular, cuyo objetivo central es establecer una ayuda nacional para compensar el sobrecoste de los alimentos sin gluten.
Este movimiento parlamentario, que cosechó un apoyo casi unánime (338 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones), abre una puerta a la esperanza para los cerca de 500.000 españoles diagnosticados con celiaquía. La propuesta estrella, tal y como ha sido planteada inicialmente, consiste en una deducción de 600 euros anuales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Una medida que, de concretarse, supondría un importante alivio para las familias, que se enfrentan a un gasto adicional estimado en 1.000 euros al año debido al elevado precio de los productos sin gluten.
La celiaquía, una enfermedad autoinmune que afecta a cerca del 2% de la población española, impone una estricta dieta sin gluten como único tratamiento. Esta restricción alimentaria, si bien esencial para la salud, implica un desembolso considerable para las familias, que se ven obligadas a adquirir productos específicos, a menudo con precios significativamente más altos que sus equivalentes con gluten. El drama añadido reside en que un alto porcentaje de quienes padecen la enfermedad (se estima que entre el 70% y el 80%) aún no han sido diagnosticados, desconociendo la causa de sus dolencias y el camino hacia una vida más saludable.
Si bien la admisión a trámite de la proposición de ley representa un avance crucial, el camino hacia la aprobación definitiva aún está lejos de ser llano. El texto deberá ahora ser debatido y enmendado en la comisión parlamentaria correspondiente, un proceso que podría prolongarse durante meses. Aunque existe un consenso generalizado sobre la necesidad de brindar apoyo económico a los celiacos, la forma que adoptará finalmente esta ayuda es aún una incógnita.
La diputada popular Maribel Sánchez, consciente de las posibles divergencias, se mostró abierta a explorar otras alternativas, señalando que su partido está dispuesto a considerar "cualquier otro método" y "cualquier otra cantidad" para hacer efectiva la ayuda. La clave, según apuntó, reside en establecer una ayuda "a nivel nacional", dado que las medidas existentes se limitan, por ahora, a algunas comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, y el futuro anuncio en Andalucía para el 2026.
El objetivo final es crear un registro nacional de personas celiacas, que sirva como base para la implementación de la deducción fiscal propuesta, beneficiando incluso a aquellos que no están obligados a presentar la declaración de la renta. El debate está abierto, y el resultado final dependerá de la capacidad de los diferentes grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo que permita aliviar de forma efectiva la carga económica que soportan las personas celiacas en España.
La propuesta de una deducción de 600 euros en el IRPF para celiacos, aunque bienvenida, se antoja como un parche insuficiente y, quizás, un ejercicio de maquillaje político. Si bien el consenso parlamentario es loable y el gesto innegablemente positivo, la cuantía resulta irrisoria si consideramos el sobrecoste real que supone la alimentación sin gluten, estimado en torno a los 1.000 euros anuales. **Más allá de la simbólica ayuda, urge plantearnos si esta medida palía verdaderamente las desigualdades o simplemente ofrece un alivio cosmético para una problemática que requiere una atención más profunda y estructural.** Es preciso cuestionar si no sería más efectivo invertir en políticas de concienciación, facilitar el acceso a diagnósticos tempranos y regular los precios de los productos sin gluten, en lugar de depender de una deducción fiscal que, en última instancia, beneficia desproporcionadamente a quienes ya declaran renta.
La promesa de un registro nacional de celiacos, aunque necesaria, no debe convertirse en un laberinto burocrático que dificulte el acceso a la ayuda. La experiencia nos dice que las buenas intenciones a menudo se diluyen en la maraña administrativa, dejando a los más vulnerables desamparados. **Es imperativo que la implementación de esta medida sea ágil, transparente y garantice que el beneficio llegue efectivamente a quienes lo necesitan, sin discriminaciones ni trabas innecesarias.** Además, no podemos ignorar la sombra de la sospecha que planea sobre el Partido Popular, impulsor de la iniciativa, cuya reciente gestión en materia de sanidad en Andalucía ha sido objeto de duras críticas. ¿Se trata de un compromiso real con la salud pública o de una estrategia oportunista para lavar su imagen a costa de una causa legítima? Solo el tiempo y la ejecución efectiva de la medida podrán despejar estas dudas razonables.
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