Estrasburgo asesta un duro golpe al Gobierno español al desautorizar su modelo de elección del CGPJ, calificándolo de "vulnerable a la politización" e incompatible con los estándares europeos.
Málaga, 13 de octubre de 2025. El Ejecutivo español ha recibido hoy un severo revés desde Estrasburgo. La Comisión de Venecia, tras analizar las dos propuestas de reforma para la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha emitido un informe demoledor que cuestiona la validez del sistema actual, defendido a capa y espada por el Gobierno, calificándolo de "vulnerable a la politización" y, por tanto, incompatible con los estándares europeos. La noticia sacude los cimientos del panorama político y judicial español, abriendo un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y la oposición, así como con las altas esferas del Poder Judicial.
El informe, solicitado por la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, tras el estancamiento en el pacto entre PSOE y PP para la renovación del Consejo, no deja lugar a dudas. Mientras que la propuesta gubernamental de mantener la elección parlamentaria de los vocales de la judicatura es tildada de "insuficiente", la Comisión respalda con contundencia la opción de la elección directa por parte de los jueces, considerándola un mecanismo idóneo para "eliminar la politización de la fase parlamentaria". La Comisión incluso critica la justificación del Gobierno de que la legitimidad democrática proviene del paso por el Congreso y Senado, respondiendo que la verdadera legitimidad emana de la Constitución, el respeto a las leyes y la confianza ciudadana.
La respuesta del Ministerio de Justicia no se ha hecho esperar, intentando minimizar el impacto del informe y equiparar las críticas a ambos modelos. Sin embargo, las contundentes conclusiones de la Comisión de Venecia, lejos de diluirse, han resonado con fuerza en la opinión pública y en los diferentes actores del ámbito judicial. El Gobierno, pese a las críticas, insiste en mantener su postura, argumentando que la elección directa por parte de los jueces podría derivar en un control del Consejo por parte de las asociaciones judiciales, mayoritariamente conservadoras. Una afirmación que la Comisión desestima, advirtiendo que el sistema actual "duplica" las connotaciones políticas en lugar de neutralizarlas.
El futuro del CGPJ, bloqueado desde hace años, se torna ahora aún más incierto. La presión internacional y las críticas internas se intensifican, poniendo en tela de juicio la independencia y legitimidad del órgano de gobierno de los jueces. ¿Cederá el Gobierno ante las exigencias europeas o persistirá en su postura, arriesgándose a un mayor aislamiento y a una crisis de confianza en el sistema judicial? La respuesta, en los próximos meses, marcará un punto de inflexión en la historia reciente de la justicia española. La ciudad de Málaga, atenta a los acontecimientos, observa con inquietud el desarrollo de este complejo entramado político y judicial.
El varapalo de la Comisión de Venecia al sistema de elección del CGPJ no es solo un revés al Gobierno, sino una **confirmación preocupante de las sombras que se ciernen sobre la independencia judicial en España**. Negar la evidente politización del proceso, como hace el ejecutivo, es un ejercicio de autoengaño peligroso que socava la confianza ciudadana en las instituciones. Si bien el argumento del control por parte de las asociaciones judiciales, esgrimido por el Gobierno, merece una reflexión profunda, mantener el statu quo significa perpetuar un sistema viciado donde los partidos políticos siguen teniendo la última palabra sobre quién juzga a quién. La legitimidad democrática, insistimos, no reside únicamente en el paso por el Parlamento, sino en la percepción real de imparcialidad y justicia que debe emanar de la judicatura.
La situación actual exige una valentía política que hasta ahora ha brillado por su ausencia. No basta con acatar a regañadientes las recomendaciones europeas; se necesita una reforma integral y transparente que priorice la profesionalidad y la independencia del CGPJ. Málaga, como parte de un país que aspira a la excelencia democrática, no puede permitirse seguir siendo espectadora de este culebrón judicial. La solución pasa por un diálogo honesto entre todas las fuerzas políticas, la judicatura y la sociedad civil, buscando un modelo que garantice la elección de vocales por sus méritos y capacidad, no por su afinidad ideológica. La justicia, al fin y al cabo, no puede ser rehén de las estrategias partidistas.
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