La trama judicial del ‘Caso Nummaria’ suma un nuevo capítulo, manteniendo en vilo a la opinión pública y, sobre todo, a los implicados. La Abogacía del Estado ha presentado un recurso ante la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, impugnando la absolución de la actriz Ana Duato, conocida por su papel en la serie ‘Cuéntame cómo pasó’, y de su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau. La decisión de la Audiencia Nacional, dictada el pasado julio, parecía cerrar un ciclo, pero la representación legal de la Agencia Tributaria no se resigna y busca dar un giro radical al proceso.
El recurso presentado no solo afecta a la pareja. La Abogacía del Estado también solicita la anulación de la absolución de Fernando Peña, cerebro de la trama Nummaria, en lo que respecta a su papel como «cooperador necesario» en los presuntos delitos fiscales cometidos por Duato y Bernardeau. Aunque Peña fue condenado a una pena considerable de 80 años de cárcel por otros delitos contra la Hacienda Pública, la acusación considera que su implicación en la evasión fiscal de la actriz y su marido debe ser revisada a fondo.
El núcleo del recurso se centra en la supuesta existencia de un «error manifiesto e irracional» en la valoración de las pruebas por parte de la Audiencia Nacional. La Abogacía del Estado argumenta que la sentencia contradice los hechos probados y vulnera el derecho de la acusación particular a una resolución fundada en Derecho. En esencia, se acusa al tribunal de haber interpretado las pruebas de forma sesgada, favoreciendo a los acusados y obviando elementos que, a juicio de la acusación, demostrarían su culpabilidad. La Abogacía del Estado reclama, por tanto, que se retrotraigan las actuaciones al momento anterior a la sentencia y que se dicte una nueva resolución.
Mientras tanto, la sombra de Imanol Arias, compañero de reparto de Duato y también implicado en el caso, planea sobre el proceso. Arias, a diferencia de Duato, admitió su participación en el fraude y pactó con la Fiscalía una pena de dos años y dos meses de cárcel. La sentencia de la Audiencia Nacional reconoció que tanto Arias como Duato utilizaron las estructuras diseñadas por el despacho Nummaria, entre 2010 y 2016, para evitar la tributación de capitales en España. Sin embargo, mientras Arias asumió su responsabilidad, Duato mantuvo su inocencia, obteniendo finalmente la absolución que ahora la Abogacía del Estado pretende revocar. El culebrón judicial del ‘Caso Nummaria’ promete seguir dando que hablar.
El contraataque de la Abogacía del Estado en el ‘Caso Nummaria’ trasciende la mera búsqueda de justicia tributaria; se erige en un pulso sobre la interpretación de la prueba y, más importante aún, sobre la percepción pública de la justicia. Que el Estado insista en revocar la absolución de Ana Duato, mientras su compañero Imanol Arias ya ha saldado cuentas con la justicia, dibuja un escenario donde la presunción de inocencia, un pilar fundamental de nuestro sistema legal, parece tambalearse ante el clamor popular y la presión mediática. ¿Realmente busca la Abogacía del Estado enmendar un error manifiesto en la valoración de la prueba o se trata de una estrategia para restaurar la imagen de la Agencia Tributaria? La respuesta, quizás, sea una mezcla de ambas, pero lo cierto es que esta insistencia, lejos de generar confianza en el sistema, alimenta la sospecha de que la justicia, en ocasiones, se guía más por el ruido que por la objetividad.
La obstinación en perseguir a Ana Duato, especialmente cuando la trama urdida por Nummaria ha salpicado a un sinnúmero de contribuyentes y se ha resuelto de manera diversa, resulta cuando menos, llamativa. Mientras la Audiencia Nacional consideró que las pruebas no eran suficientes para acreditar la culpabilidad de la actriz, la Abogacía del Estado insiste en un «error manifiesto e irracional» en la valoración. Este embate judicial no solo pone en entredicho la capacidad de los tribunales para discernir la verdad, sino que también abre un peligroso debate sobre la discrecionalidad de la acusación. ¿Hasta qué punto la Abogacía del Estado debe persistir en un caso cuando la primera instancia judicial ha dictado sentencia absolutoria? ¿No sería más prudente centrar los esfuerzos en desmantelar las estructuras de evasión fiscal que permitieron, y probablemente siguen permitiendo, este tipo de fraudes, en lugar de concentrarse en un caso particular que, por su resonancia mediática, corre el riesgo de convertirse en un juicio paralelo? El ‘Caso Nummaria’, en su conjunto, revela una fractura profunda entre la justicia formal y la percepción social de la misma, una brecha que, de no ser abordada con sensatez, erosionará aún más la confianza en nuestras instituciones.
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